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La Oficina de Conflictos de Intereses expedienta al director del Teatro Real

Hacienda abre un procedimiento sancionador contra Ignacio García-Belenguer

La Oficina de Conflictos de Intereses ha abierto un expediente sancionador a Ignacio García-Belenguer Laita, director general del Teatro Real, por la posible vulneración de la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Según la institución, le acusan de un perjuicio a la Hacienda pública que es imposible que haya cometido.

Fachada del Teatro Real durante la retransmisión de La Traviata en mayo de 2015.
Fachada del Teatro Real durante la retransmisión de La Traviata en mayo de 2015.

El procedimiento sancionador tiene carácter reservado. La Oficina, que depende orgánicamente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, no desvela el motivo de la incoación de este o de cualquier otro expediente, pero fuentes conocedoras del caso adelantaron a EL PAÍS que el origen es el encargo de un informe de cuentas a una auditora privada.

A preguntas de este diario, una portavoz del Teatro Real explicó que no fue el director general, sino la comisión ejecutiva del teatro, a instancias de su presidente, la que acordó por unanimidad en 2013 encargarle un estudio a Deloitte para “acreditar la solvencia de la institución”.

Por aquellas fechas, varios medios de comunicación habían publicado informaciones sobre una supuesta situación de quiebra del Teatro Real. “La imputación afectaba a la reputación institucional y a su imagen ante sus patrocinadores privados, que constituyen su primera fuente de financiación”, añade la portavoz.

La Intervención General del Estado consideró que el contrato entraba en conflicto con las competencias de la Oficina Nacional de Auditoría, y por eso su responsable, Ángel Manuel Álvarez Capón, solicitó —reiteradamente, según el Teatro Real, y tras algún intento fallido— la apertura del expediente a la Oficina de Conflictos de Interés. Álvarez Capón fue noticia recientemente por una denuncia del sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, en la que subrayaba era consejero de Acuamed al tiempo que encargado de vigilar desde Hacienda las posibles irregularidades en dicha empresa, que no detectaron.

Gregorio Marañón, presidente del Teatro Real, subraya que el informe de Deloitte no costó un solo euro a las arcas de la institución y que el director general se limitó a formalizar el acuerdo al que había llegado la comisión ejecutiva. “No se ha producido absolutamente ningún perjuicio a la institución”, repite. Y añade que el servicio contratado no fue una auditoría, que corresponde a la intervención del Estado, sino un simple informe sobre el estado de las cuentas, un "estudio de alcance".

El expediente, según las fuentes consultadas, se encuentra momentáneamente suspendido a la espera de que el Tribunal de Cuentas emita el informe que le ha solicitado la Oficina.

"Este expediente no tiene ningún recorrido y tengo la certeza absoluta de que se va a archivar”, asegura el afectado

Ignacio García-Belenguer está convencido de que el expediente no llegará a ninguna parte. En conversación telefónica con EL PAÍS, apuntó además a que la Abogacía del Estado respaldó la celebración del contrato con Deloitte. También los servicios jurídicos del Teatro Real lo consideraron legal. “Estoy absolutamente tranquilo. Este expediente no tiene ningún recorrido y tengo la certeza absoluta de que se va a archivar”, señaló.

García-Belenguer es director general del Teatro Real desde abril de 2012, cuando sustituyó a Miguel Muñiz en el cargo. Con anterioridad fue director de Coordinación del Patrimonio Nacional y secretario general de la Agencia Española de Protección de Datos.

Deloitte es uno de los patrocinadores del Teatro Real, al que aporta 70.000 euros al año. Según esta institución, su principal fuente de financiación son los mecenas y patrocinadores, lo que motivó que quisiera contar con un "documento fiable que demostrara lo infundado de unas noticias aparecidas en diarios digitales".

La Oficina de Conflictos de Intereses, que dirige Flor María López Laguna, se creó en 2006 para velar por el cumplimiento del régimen de incompatibilidades de los altos cargos. Puede incoar procedimientos sancionadores en virtud de la Ley 3/2015, que regula el ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, y también de la 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

En el caso del director del Teatro Real, su expediente se basa en la segunda normativa, que además de velar por el derecho a la información de la ciudadanía, regula lo que debe ser el "buen gobierno" y a quienes lo ejercen, entre ellos los altos cargos de la Administración. El título II de la norma incluye infracciones muy graves en materia de gestión económico-presupuestaria.

Expediente a Arístegui

Durante los primeros seis meses de este año la Oficina de Conflictos de Interés solo ha abierto otro procedimiento sancionador, el de Gustavo de Arístegui y San Román, exembajador de España en India que está siendo investigado en la Audiencia Nacional como el presunto líder de una trama de comisiones ilegales en la que también participaba el exdiputado del PP Pedro Gómez de la Serna.

Los procedimientos sancionadores suelen estar envueltos en el máximo secreto, puesto que no se desvela ni la actuación que motiva su apertura. La Ley 3/2015 del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado establece que para asegurar la transparencia del control del régimen de incompatibilidades, la Oficina de Conflictos de Intereses elevará al Gobierno cada seis meses, para su remisión al Congreso de los Diputados, un informe, con datos personalizados, sobre el cumplimiento de las obligaciones de declarar de los altos cargos, además de las infracciones y las sanciones. Sin embargo, ni siquiera en los informes dirigidos al Congreso se especifica el motivo.

Tampoco cuando se resuelve un expediente, cosa que ha sucedido en tres ocasiones en los primeros seis meses del año, se informa al Congreso de nada más que eso, la resolución. El último informe de la Oficina recoge que los expedientes de Luis Hernández Ferrero, inspector general de Sanidad de la Defensa, Almudena Muñoz, exdirectora de Casa del Mediterráneo, y de Marta Plana, exconsejera de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, ya se han cerrado.

Cuando se considera que han cometido una infracción, parte de la sanción consiste en que se publique en el Boletín Oficial del Estado. Ferrero, por ejemplo, cometió una infracción muy grave y otra grave del régimen de incompatibilidades. Se publicó en el BOE el pasado mes de abril. La sanción también consiste en que no pueda ser nombrado para ocupar ningún cargo público durante siete años.

En el caso de Muñoz, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas consideró que la infracción cometida era grave, y solo supuso la publicación en el BOE en mayo pasado.

investigacion@elpais.es