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La lucha contra el crimen organizado

Andrei Petrov, el testaferro ruso que corrompió Lloret de Mar

El juez Velasco procesa por blanqueo al hombre de paja del oligarca Viktor Kanaikyn

Fernando J. Pérez
Andrey Petrov, el 15 de junio de 2015.
Andrey Petrov, el 15 de junio de 2015.Gianluca Battista

Cada vez que en los ordenadores del banco saltaba la palabra “Chipre”, Andrei Petrov —la expresión es suya— se “meaba encima”. Este ciudadano ruso, que llegó con su familia a Lloret de Mar (Girona) en 1996 y que trabajó como portero de discoteca, conductor de furgoneta y albañil, se convirtió casi de la noche a la mañana en el testaferro y hombre de máxima confianza en España de su compatriota Vyktor Kanaikyn, un exgeneral al que la desaparición de la URSS situó al frente de la empresa Spetsneztegaz, dedicada a la gestión de gasoductos. Petrov supuestamente ayudó a Kanaikyn a blanquear en España —a través de inversiones inmobiliarias— decenas de millones de euros procedentes de sobornos en esa empresa colaboradora de Gazprom y de otras presuntas actividades al margen de la ley. Parte de ese dinero regó Lloret de Mar en la época del boom del ladrillo y sirvió para corromper a políticos españoles, como el exalcalde Xavier Crespo, ya condenado.

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El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco procesó este jueves a Petrov y a otros ocho supuestos miembros de la trama de lavado de dinero, desarticulada en febrero de 2013 en la Operación Clotilde. Los tres cabecillas de la “organización criminal” —Kanaikyn, su lugarteniente Sergey Nalimov y el asesor financiero Andrei Zinchenko—, que no han sido localizados por la Justicia española, seguirán siendo investigados en una pieza separada.

La vida de Andrei Petrov, que se dedicaba a transportar turistas en una furgoneta y cuya familia regentaba una ruinosa churrería en Lloret, cambió en 1998. Ese año, Svetlana, una de las tres hijas del magnate Kalaikyn, a la que conocía de Rusia, puso al joven en contacto con su padre. A partir de ese momento, pese a no tener experiencia empresarial, Petrov comenzó su incursión en los negocios inmobiliarios que sirvieron para blanquear los fondos opacos del exgeneral. Al mismo tiempo, las estrecheces que padecía en España acabaron: al testaferro comenzaron a verle pasear en vehículos de alta gama y pasó a vivir en una residencia de lujo.

El militar ruso, que también tuvo su propia evolución personal —paso de ser doctor en ciencias técnicas y “héroe del trabajo” en la época soviética a controlar una empresa energética con unos beneficios mareantes— puso al joven al frente de dos sociedades, Vikser Fincas Management SL y DDC SL. Según el juez Velasco, estas mercantiles fueron fundadas “con la única intención de emplearlas para canalizar los fondos procedentes del crimen organizado”. Las sociedades, constituidas en 2002 y 2004 respectivamente, recibieron inyecciones de casi 40 millones de euros camufladas como préstamos desde Rusia a través de paraísos fiscales, especialmente Chipre y las Islas Vírgenes Británicas.

Petrov ocupaba el escalón más alto del entramado en España y rendía cuentas a Nalimov y Zinchenko en Rusia. En el entramado corrupto tenían un papel decisivo las hermanas Pilar y Teresa Gimeno. La primera de ellas, arquitecta con grandes contactos en la Generalitat y en el Ayuntamiento de Lloret, no solo realizó proyectos para Petrov sino que supuestamente pusieron sus propias empresas al servicio de la trama de blanqueo, permitiendo que el dinero opaco circulara a través de ellas.

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Las “excelentes relaciones” que a través de Pilar Gimeno, tuvo la red con el entonces alcalde Xavier Crespo, a quien pagó dos viajes a Rusia, y el concejal de Urbanismo Josep Valls les granjearon adjudicaciones de obras y reducciones del 50% en las tasas para construir el centro comercial Els Braus, y la compra del hotel Blanca Aurora. A cambio, Petrov patrocinaba los clubes de hockey y de fútbol de la localidad gerundense.

La red de lavado de dinero se completa con Joan Ernest Ribas y Santiago Roselló. El primero, gestor y asesor fiscal y contable, conoce, según el juez “que los fondos de paraísos fiscales no eran préstamos sino envíos para introducir las ganancias ilícitas en el mercado ordinario con apariencia de legalidad”. Por su parte Roselló, directivo de la Banca Privada de Andorra, “ofrece servicios financieros a la organización y trata con Kanaikyn la manera de pasar los bienes a sus hijas Olga, Natalia y Svetlana, debido a su enfermedad”.

Los movimientos de dinero levantaron las sospechas de las autoridades. En 2011, tras la modificación de normativa antiblanqueo, Bankia bloqueó una transferencia de 300.000 euros desde Chipre a la mercantil Vikser. Petrov, que normalmente evitaba hablar de estos asuntos por teléfono —prefería los encuentros en persona o, si no había más remedio, por Skype— se sinceró con el financiero Zinchenko. Las operaciones en Chipre le daban un relativo pánico. “Me meo encima cada vez que salta Chipre”, le confesó a su jefe directo. “Mientras yo esté trabajando en esto no te mees encima, te lo digo así, en texto abierto”, trató de tranquilizarle este.

En 2013, Petrov fue detenido en la Operación Clotilde. Tras pasar casi dos años en la cárcel, el supuesto testaferro expuso al juez Velasco todos los detalles de la trama, que tiene bienes bloqueados por más de 50 millones de euros.

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Sobre la firma

Fernando J. Pérez
Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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