Raquel Gago no irá a prisión hasta que el Supremo no confirme la sentencia por asesinato
La policía local fue condenada a 12 años de prisión como cómplice del crimen de Isabel Carrasco
La policía local Raquel Gago, condenada a 12 años de prisión como cómplice del asesinato de Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación de León, no entrará en prisión hasta que el Tribunal Supremo no confirme la sentencia. Así lo ha decretado este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que ha rechazado la petición de la fiscalía de convocar una vista para revocar la libertad provisional de que disfruta la condenada. El pasado marzo, un jurado popular consideró que Gago, que ocultó durante 26 horas el revólver con el que fue abatida la política del PP, colaboró de manera “no esencial” en el crimen, perpetrado por Montserrat González y su hija, Triana Martínez el 12 de mayo de 2014.
La Sala de lo Civil y Penal del tribunal superior tiene en cuenta que Gago, en libertad bajo fianza, “se ha mantenido en todo momento a disposición” de la Justicia, incluso después de que en el juicio, celebrado en la Audiencia Provincial de León, escuchara cómo el jurado la consideraba culpable de la muerte de Carrasco. Gago, recuerda el tribunal, permaneció “prácticamente condenada” por asesinato y atentado durante 20 días, hasta que en abril pasado el presidente de la Audiencia, el magistrado Carlos Álvarez, en un movimiento insólito, corrigió el fallo del jurado y la absolvió del crimen, condenándola sólo a cinco años por encubrimiento y tenencia ilícita de armas.
El pasado 13 de julio, el Tribunal Superior ajustó la “imprevisible” sentencia de la Audiencia al veredicto inicial del jurado y condenó a Gago por asesinato y atentado. Sin embargo, rechaza encarcelar a la policía local hasta que el Tribunal Supremo no resuelva los recursos de casación contra esta sentencia. “Contamos con el inusual dato de que la condenada ha mostrado, de forma efectiva y en condiciones equivalentes a la actual, su sometimiento a disposición del Tribunal”, recuerda la Sala.
El tribunal superior no ve agravios comparativos con otros condenados por delitos igualmente graves que han visto cómo se ejecutaba su sentencia antes de que el Supremo se pronuncie sobre su caso. “La situación personal de un reo no depende exclusiva ni primordialmente de la gravedad de la pena, sino de muchas otras circunstancias, entre las que figuran no sólo su mayor o menor capacidad para sustraerse a la ejecución, sino también la flagrancia de sus delitos o su condición de confesos, que no se dan en el presente caso”, afirma el tribunal.
En su fallo del pasado 20 de febrero, el jurado popular dibujó una declaración nítida de culpabilidad, especialmente en el caso de la madre y de la hija. Sobre Montserrat González, el jurado no tuvo ninguna duda. El 12 de mayo de 2014, a las 17.15, la madre, con el rostro oculto, asesinó de tres tiros por la espalda a Isabel Carrasco en la pasarela sobre el río Bernesga. Y lo hizo, según el veredicto, movida por “el odio” hacia la presidenta de la Diputación y en la creencia de que la política estaba sometiendo a una “persecución injusta” a su hija, que trabajaba como ingeniera para el organismo provincial.
El tribunal ciudadano desechó toda la estrategia exculpatoria de Triana, que en la vista oral trató de desvincularse de los preparativos y de la ejecución del crimen. La pregunta 23 era la clave. El jurado, por unanimidad, considera probado que Triana “urdió” con su madre un “plan” para matar a Isabel Carrasco, y que ambas acusadas tuvieron un “reparto de papeles”.
A la hora de enjuiciar a Raquel Gago, el jurado se rompió. Siete miembros del tribunal —el mínimo que exige la ley para un veredicto de culpabilidad— consideraron probado que la policía local “conoció los propósitos homicidas” de su amiga Triana y de la madre de esta y “aceptó formar parte del plan” urdido por ellas.
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