Lo que habrá sobre la mesa

Cualquiera que sea el resultado de las elecciones y su plasmación en un nuevo Gobierno, este se encontrará sobre la mesa los dos principales problemas actuales de España: el de la superación de los efectos de la crisis y, sobre todo, el de Cataluña. Su solución o encauzamiento dependerá en buena medida de la composición de ese Ejecutivo. Pero ambos problemas son de los que requieren un consenso transversal. Pablo Iglesias lleva días emplazando a Pedro Sánchez a aclarar si quiere gobernar con el PP o con la coalición de izquierdas que él encabeza. El líder del PSOE se ha comprometido a “no vetar a ninguna fuerza del cambio”, lo que en principio excluye al PP. Sánchez había afirmado que en ningún caso habría terceras elecciones, lo que se interpretó como que, llegado el caso, el PSOE se abstendría para facilitar la investidura del candidato del partido más votado: lo que había reclamado Rajoy en el debate a cuatropor televisión. Pero Sánchez desautorizó esa interpretación, lo que hizo pensar a más de cuatro que no excluía un pacto de gobierno con Iglesias.

Descartando un imposible pacto Iglesias-Rajoy, la única combinación de dos partidos que alcanzaría la mayoría absoluta sería la gran coalición.Fórmula rechazada por el 62% de la población, según el sondeo de Metroscopia, lo que explica la resistencia de los socialistas por temor a un estallido interno.

Pero si el criterio es posibilitar un Gobierno capaz de hacer frente a esos problemas, la opción de dejar gobernar al PP en minoría sería defendible. De entrada, sería menos arriesgada que la de un Gobierno presidido por Iglesias: por la falta de realismo de sus recetas económicas, pero también por su compromiso de convocar un referéndum sobre la independencia de Cataluña, extensible a todos los territorios que lo hayan planteado “con especial intensidad”; y por los rasgos antiliberales y antidemocráticos que revelan declaraciones como la de Monedero sobre la subordinación de los jueces al poder político, que recupera un punto de su programa, luego retirado, que exigía “compromiso con el Gobierno del cambio” para los nombramientos de cargos institucionales.

Jordi Sevilla, principal asesor económico de Sánchez, ha planteado que en caso de que ningún partido alcanzase la mayoría para la investidura se dejase gobernar al partido que acreditase el mayor respaldo parlamentario. Es un criterio más coherente con la lógica parlamentaria que el de la lista más votada. De entrada, constituye un incentivo para acuerdos transversales: entre partidos que, sean de derechas o de izquierdas, comparten los principios democráticos básicos; y que serían una garantía para poder cerrar el paso a eventuales mayorías coyunturales de partidos extremistas, como el de Le Pen en Francia.

La alternativa al referéndum ilegal es uno pactado y legal que partiría de una reforma de la Constitución, lo que haría imprescindible contar con el PP. Esa reforma debería respetar el principio de igualdad de sus artículos 138 y 139 (las diferencias estatutarias no implicarán privilegios económicos o sociales; todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio). La Constitución reformada tendría que ser aprobada por el Parlamento y en su caso ratificada en referéndum por todo el cuerpo electoral. Las modificaciones acordadas en ese marco serían incorporadas al Estatut, que debería a su vez ser ratificado por el censo catalán.