La juez investiga al candidato en Jaén de Podemos por ocupar una finca
Cañamero y una diputada autonómica, acusados usurpación de inmueble y desobediencia
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Posadas (Córdoba) investiga al número uno de la lista de Unidos Podemos al Congreso por Jaén, Diego Cañamero, y a la diputada autonómica y portavoz de Agricultura de esta formación, María del Carmen García, por la última ocupación de la finca pública Somonte, 400 hectáreas de la Junta de Andalucía en Córdoba que los integrantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) explotaban desde 2012 hasta que fueron desalojados el pasado día 2 de junio. Tres días después, los integrantes de la organización jornalera volvieron a tomar la tierra y la Guardia Civil los desalojó este lunes. El juez acusa a los dos dirigentes y a otras 15 personas de posibles delitos de "usurpación de inmuebles" y "desobediencia a la autoridad".
La acción judicial responde a una solicitud de la Junta de Andalucía, como propietaria del inmueble, que reclamó el desalojo, a lo que la fiscalía no se opuso.
El auto señala que la investigación se abre al entender que los ocupantes de la finca sabían que había sido desalojada previamente por orden judicial, lo que podría suponer un delito de desobediencia. También señala la juez que los investigados conocían la titularidad pública de la Junta de Andalucía y el rechazo de la misma a que se mantuviera la situación.
Los integrantes del SAT defienden que la finca se encontraba sin producción cuando fue ocupada en 2012 y que ellos le dieron uso con cultivos de cereales, legumbres y otras plantas. También señalan que la intención del Gobierno andaluz es "malvenderla, como ha hecho antes con muchas otras fincas del patrimonio agrario público andaluz".
"Aparte del uso social de la tierra, la ocupación puso a Somonte en el mapa. Allí se han realizado multitud de actividades informativas, culturales y reivindicativas", defiende el sindicato.
Cañamero, que sustituye en la candidatura de Podemos por Jaén a Andrés Bódalo, encarcelado por agredir a un edil socialista, ya fue detenido el pasado mayo para que declarase ante la juez que investiga el supuesto robo de material escolar en un supermercado Carrefour en Dos Hermanas (Sevilla) en 2013. El dirigente sindical, natural de El Coronil (Sevilla), al igual que la diputada investigada, se negó entonces a declarar al considerarse "insumiso judicial" y calificó la acción en el supermercado como "protesta".
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