El fiscal se opone a una investigación sobre presunta corrupción policial
El ministerio público rechaza citar a 14 investigados, entre ellos el comisario Villarejo
La Fiscalía de Madrid se ha opuesto, mediante un escrito al Juzgado de Instrucción 2 de la capital, a la petición de la comisión judicial de la Policía Nacional que instruye el llamado caso Nicolay de citar como investigados a un total de 14 personas acusadas de revelación de secretos, encubrimiento y otros delitos contra la Administración de Justicia. Entre ellos figura el comisario José Manuel Villarejo Pérez (al que se acusa también de organización criminal), su actual pareja, Gemma Isabel Alcalá Garcés, y otros tres policías. El resto son periodistas de distintos medios de comunicación.
El fiscal Alfonso San Román, que ha ido recibiendo información puntual de los trabajos de la comisión judicial durante año y medio, se opone ahora a las diligencias de actuación propuestas por el investigador, que considera desproporcionadas con los hechos investigados. Mantiene la declaración como imputado del periodista de Información Sensible Carlos Mier Fernández. “Si aporta datos relevantes para la investigación, ésta podrá continuar”, dice el fiscal.
Las actuaciones solicitadas se refieren a registros en domicilios y oficinas, toma de declaración en calidad de investigados y, en algunos casos, la detención e incomunicación durante la práctica de diligencias. Los investigados en el caso Nicolay son el citado Carlos Mier, el comisario Villarejo y su actual pareja, los comisarios Eugenio Pino Sánchez, José Ángel Fuentes Gago y Enrique García Castaño; los periodistas Daniel Montero, Eduardo Inda, Esteban Urreiztieta y Manuel Rico; y los directivos de la productora Mandarina Pedro Antonio Revaldeira, Santiago Botello y Sandra María Fernández; además de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, El pequeño Nicolás.
La investigación corresponde a una pieza separada del procedimiento contra El pequeño Nicolás, acusado de estafa, falsificación documental y revelación de secretos. Según el sumario, que consta de cuatro tomos y más de 1.700 folios, el 20 de octubre de 2014 se produjo una grabación ilegal de una conversación entre tres policías y dos miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que luego fue manipulada, distribuida y divulgada con la clara intención de anular el procedimiento.
Villarejo y los periodistas
El comisario Villarejo siempre ha mantenido una relación muy intensa con los medios de comunicación. En la profesión todo el mundo conoce a los periodistas más cercanos al policía. Un grupo que, al final, siempre acaba defendiéndole cuando vienen mal dadas. Además, José Manuel Villarejo controla accionarialmente el diario digital Información sensible,en el que trabaja su actual pareja, Gemma Isabel Alcalá Garcés. Suele utilizar este medio para ajustar cuentas con quien no está de su lado.
Últimamente, el polémico policía ha intensificado sus contactos con la prensa. Y ha elegido interlocutores al más alto nivel. Se le ha visto con el editor de El Español, Pedro J. Ramírez y, recientemente, con algunos de los responsables del grupo Atresmedia. El martes 17 de mayo, el comisario Villarejo almorzaba en un conocido restaurante del barrio de Salamanca, entre otros, con el presidente de La Razón, Mauricio Casals, y con el director de La Sexta, Antonio García Ferreras, según reconocieron ambos a EL PAÍS.
Lo que no se sabe es si en esos encuentros actuaba como policía, buscaba protección frente a la investigación que hay en curso sobre él, o hacía gestiones como empresario privado de alguna de las 12 sociedades que mantiene activas en la actualidad. Alguna de ellas se dedica a la investigación privada.
En el sumario del caso Nicolay queda patente su intensa actividad informativa, por las llamadas desde varios de sus teléfonos móviles a algunos de los periodistas investigados.
Aplicación dañina
El informe explica cómo la grabación se produjo a través de un canal telefónico, mediante la instalación en el móvil del por entonces comisario jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, de una aplicación dañina que permite utilizar las funciones del teléfono en remoto sin que lo perciba el usuario. Presuntamente, fue el periodista Carlos Mier el que activó la aplicación y grabó la conversación, mediante una llamada al móvil de Martín Blas.
Según los rastreos, esa llamada se produjo desde el municipio madrileño de Boadilla del Monte (allí tiene su domicilio el comisario Villarejo). En las diligencias previas, se intenta demostrar que Mier, Villarejo y su pareja actuaron de forma coordinada y utilizaron el periódico digital Información Sensible para divulgar un cúmulo de informaciones destinadas a boicotear el procedimiento.
El fiscal pone en duda la vinculación societaria entre Información Sensible y Gemma Alcalá, pese a que en el sumario se detalla el entramado de sociedades de Villarejo y Alcalá. EL PAÍS documentó en 2015 toda la trama de empresas del comisario: un total de 40 sociedades en los últimos 30 años, de las que al menos 12 siguen activas con un capital superior a los 16 millones de euros.
La comisión judicial solicita también la declaración de los otros periodistas citados y de los ejecutivos de Mandarina, a los que se acusa de haber participado en la estrategia para revelación de secretos, respecto a la cinta grabada de forma ilegal. El fiscal lo considera improcedente, porque “su actuación se podría haber visto amparada por el derecho a la información”.
Respecto a los tres comisarios acusados, el informe detalla varias reuniones celebradas en el despacho del DAO en las que participó el propio Villarejo, a sabiendas de que estaba siendo investigado y en las que pidieron explicaciones a los policías que ayudaban en la instrucción.
Connivencia
El informe señala que “en el transcurso de la investigación se ha podido constatar, al acreditar una actuación coordinada, que tenían un objetivo claro, acabar con la instrucción del procedimiento, obstaculizando así su correcto funcionamiento”. Añade que ha habido “intromisión del DAO en la investigación, así como dificultades y obstáculos”.
Se detalla una operativa presuntamente corrupta y se afirma que “existe una connivencia entre la Dirección Adjunta Operativa y el comisario Villarejo Pérez, con el único interés de proteger a este comisario policial dándole cobertura institucional en sus actuaciones, varias de ellas ilícitas e irregulares”. El fiscal considera que ello “desborda el ámbito de investigación de esta causa judicial”.
El informe se refiere a innumerables llamadas de los periodistas a los cuatro policías en los momentos álgidos de la distribución de la grabación ilegal y alguna reunión en las oficinas de las empresas de Villarejo en la Torre Picasso de Madrid.
Intento de apartar del caso al jefe de Asuntos Internos
En el amplio y detallado informe elaborado por la comisión judicial, el inspector jefe del grupo 9 de la Unidad de Asuntos Internos (que firma como CP 111.487), señala que en varias ocasiones recibió llamadas de Eugenio Pino, director adjunto operativo (DAO), y de personas de su entorno para interesarse por la investigación y aconsejarle que no siguiera adelante. En una reunión en el despacho de Pino, el 17 de diciembre de 2014, en la que se encontraba también el comisario Villarejo, Pino le llegó a decir “de esto no se dice nada a Marcelino”, refiriéndose a Martín-Blas, jefe de la Unidad de Asuntos Internos.
Tras varios enfrentamientos entre este y José Manuel Villarejo, el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, relevó el 27 de marzo de 2015 a Martín-Blas, manteniendo a Villarejo en su puesto. Una destitución que fue adelantada por Información sensible (controlado por el polémico policía y su pareja) varias semanas antes de que se produjera. De esta forma, quedaba fuera de la investigación.
Sin embargo, el magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, Arturo Zamarriego, le designó como jefe comisario principal de la comisión judicial que ayuda al juez en la instrucción del caso. Zamarriego, que ha tenido que luchar contra viento y marea para sacar adelante el procedimiento, prohibió a Martín-Blas informar a sus superiores de la marcha de la investigación.
El fiscal Alfonso San Román también había apoyado la investigación desde que se iniciara a finales de 2014. La comisión judicial le ha ido informando puntualmente de todos sus avances. Tras recibir hace unas semanas los más de 500 folios de diligencias previas, San Román se ha mostrado más cauto y ha optado por oponerse a las actuaciones propuestas.
En su escrito, el fiscal deja abierta una puerta, al afirmar que “no considera que existan indicios de entidad suficiente como para dirigir la investigación contra el comisario Sr. Villarejo, sin perjuicio de lo que pueda resultar una vez practicada la declaración del Sr. Mier Fernández”. Esta declaración se tenía que haber producido el pasado miércoles, pero fue aplazada sin fecha ante la petición del periodista de contar con tiempo pasa estudiar el caso. Será entonces cuando el fiscal decida si se sigue adelante o no con las diligencias solicitadas.
Tanto Eugenio Pino como José Manuel Villarejo se jubilarán en los próximos días o semanas al cumplir 65 años.
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