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La precariedad y la creación de empleo enfrentan a los responsables económicos

El PP avanza la creación de 450.000 puestos de trabajo en el segundo trimestre; el PSOE y Podemos cuestionan la calidad de ese empleo y Ciudadanos propone reducir la temporalidad

Luis de Guindos (PP), antes del debate. FOTO: SAMUEL SÁNCHEZ / VÍDEO: EL PAÍS

Los responsables económicos de los principales partidos han participado este miércoles en el debate organizado por EL PAÍS, el más decisivo hasta el final de la campaña del 26-J porque es el único en el que han intervenido los primeros espadas económicos. Luis de Guindos (PP), Jordi Sevilla (PSOE), Nacho Álvarez (Unidos Podemos) y Luis Garicano (Ciudadanos) han contrastado sus propuestas económicas y se han enfrentado a cuenta de la precariedad, la temporalidad y, en general, la calidad del empleo. Aunque todos admiten que España ha iniciado una fase de fuerte creación de puestos de trabajo, las diferencias surgen por la calidad de ese empleo.

Las propuestas de los partidos respecto al empleo son claramente diferentes. Mientras el PP plantea rebajar el IRPF para abaratar el coste del trabajo, el PSOE plantea derogar la reforma laboral de los populares. Unidos Podemos también defiende suprimir la última reforma laboral del PP y, además, la anterior del PSOE. Ciudadanos, por su parte, propone un contrato único para combatir la temporalidad y fomentar la contratación por parte de los autónomos.

Durante su primera intervención, el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, ha avanzado que durante el segundo trimestre del año se han creado alrededor de 450.000 puestos trabajo, un buen dato, adelantado de la Encuesta de Población Activa (EPA), que aún no ha sido publicada, con el que el dirigente popular ha tratado de vender la gestión económica del PP.

La economía española está en fase de recuperación. Está creciendo a tasas próximas al 3% y la creación de empleo se ha acelerado favorecido por los llamados vientos de cola, los bajos precios del petróleo y los bajos tipos de interés propiciados por las políticas expansivas del Banco Central Europeo.

El responsable económico del PSOE, Jordi Sevilla, ha restado méritos al PP. "El Gobierno a cualquier cosa le llama empleo", ha indicado. "Cuando la economía crece, el empleo crece aquí y en Tanzania, no solo donde gobierna el PP", ha justificado. "El problema", ha insistido, "es qué tipo de empleo se está creando". Y ha recordado que 2013 fue el año en que el desempleo llegó a su máximo. "Entonces gobernaba Rajoy y no Zapatero", ha lanzado para desquitarse. Lo cierto es que la hostelería y el comercio son los dos sectores donde más empleo se creó durante el último trimestre, según una reciente encuesta del INE. Estos sectores son, precisamente, donde se concentra más la temporalidad y los sueldos más modestos.

Nacho Álvarez, cerebro del área económica del programa electoral de Podemos, también ha reconocido que el paro ha dejado de crecer, pero ha matizado que la reducción del desempleo se hace a un ritmo con el que será difícil de absorber los 4,7 millones de parados. Ha cuestionado la premisa lanzada desde el Gobierno que es mejor cualquier empleo que nada. "Importa también la calidad". Hoy, ha indicado, solo se han recuperado uno de cada tres empleos destruidos durante la crisis. Y ha señalado que el que perdió el empleo y ha tenido la suerte de recuperarlo tiene un salario menor que antes. "Quien tiene la suerte de encontrar un empleo, lo hace en condiciones precarias".

Luis Garicano, responsable del área económica de Ciudadanos, ha cargado reiteradamente contra el programa económico de Podemos. En su primera intervención ha manifestado que "las mejores políticas sociales son las que se pueden pagar", en referencia a las propuestas de Podemos, que pretende elevar el gasto público en 63.000 millones durante la legislatura. "Hay que ser realistas porque las políticas hechas a lo loco las terminan pagando los ciudadanos", ha afirmado. Y, a diferencia de los representantes del PSOE y Podemos, ha defendido las políticas para fomentar que el empresario contrate, como eliminar trabas y establecer un complemento salarial para los que no llegan a final de mes. Ha recordado que hay tres millones de autónomos en España. Son los que crean empleo.

El momento más tenso del debate ha sido, sin duda, cuando el ministro en funciones ha acusado a los socialistas de ser responsables de la destrucción de empleo. "Siempre que gobiernan ustedes hay tres millones más de parados". En este punto Sevilla se ha revuelto y se ha defendido. "No mientas", le ha dicho el socialista, "que has sido ministro". Y ha soltado: "Es una legislatura que deja a más trabajadores desprotegidos y a trabajadores en situación más precaria, con salarios más bajos y horas extras que no se las van a pagar". Ha acusado al PP de usar la reforma laboral para darle más poder al empresario frente al trabajador. "Han dejado al trabajador solo para negociar sus condiciones laborales con el empresario". Y ha defendido la derogación de la reforma laboral. "Defendemos empleos más dignos y salarios mejores".

Guindos ha evitado profundizar en el cuerpo a cuerpo y ha explicado que el empleo es un bien escaso y, como tal, hay que reducir el gravamen sobre el empleo. Por eso, ha insistido en la rebaja del IRPF. Así, ha remarcado, se incrementan los salarios y se podrá aumentar la contratación indefinida.

"El debate no hay que centrarlo tanto en rojos y azules, si no en recuperar los niveles de empleo", deslizó Álvarez, quien ha defendido la idea de que cuando el Gobierno interino del PP se ha olvidado de la austeridad la economía ha crecido. "El Gobierno ha contribuido al crecimiento de 2015 con un punto del PIB y a la creación de empleo". Álvarez ha agregado que la expansión fiscal que realizó el PP el año pasado es precisamente lo que propone Podemos. En ese punto ha advertido: "Que nadie se confíe del PP porque volverá a recortar".

El Ejecutivo del PP rebajó el IRPF del año pasado, devolvió la paga extra y aumentó otros gastos, pero también incumplió el objetivo de déficit pactado con Bruselas con un desfase de cerca de 10.000 millones de euros, por lo que ha recibido una dura reprimenda de las instituciones comunitarias y por la que se enfrenta a una multa.

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