El Supremo condena a una pareja que planeó matar a su jefe en una funeraria

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de Jesús Moreno Paz-Piñuelas y Ana Belén Elvira Gómez, a los que la Audiencia de Madrid atribuyó el año pasado el intento de asesinato del suegro de él y dueño de la funeraria en la que los acusados, que eran amantes, trabajaban. El plan se frustró porque la persona a la que habían elegido como sicario se lo contó a la Policía.

El Supremo ha admitido parcialmente los recursos de los dos condenados y les ha rebajado la pena en un año por delito al aceptar que hubo un retraso excesivo en la tramitación de la causa, que se inició a principios de 2009. En el caso de la mujer, a la que la Audiencia condenó a 10 años, el alto tribunal la condena a ocho por dos delitos de proposición de asesinato, ya que en su caso se ha probado que no sólo encargó acabar con la vida del suegro de su amante, sino también con la de otro compañero de trabajo, con quien mantenía otra relación afectiva. Por su parte, el hombre ha sido condenado a 5 años de prisión por un delito de proposición de asesinato, el de su suegro, un empresario que siembre le despreció y que le obligó a firmar la separación de bienes antes de casarse con su hija.

Los jueces del alto tribunal consideran probado el relato de hechos que recoge la sentencia de la Audiencia de Madrid, según la cual Ana Belén (que también estaba casada) y Jesús planearon matar al dueño de la funeraria con el objetivo de que la esposa de él recibiera su parte de la herencia, de la que ellos pensaban beneficiarse.

Según la sentencia, para poner en marcha el plan, Ana Belén contactó a finales de septiembre de 2008 con un conocido, con el que mantenía "una fluida relación con connotaciones sexuales" y del que pensaba que podía tener contactos "con personas que podían acabar con la vida de otros", explican los jueces. Esta persona, que acabó convertido en testigo protegido del caso, fue recopilando pruebas de las intenciones de los acusados que pasaban por matar no solo al dueño de la funeraria, Mariano López, sino también a otro empleado que, según contó Ana Belén a su cómplice y amante, le acosaba sexualmente. La investigación acabó probando que mantenía con él otra relación consentida y paralela a las que tenía con su marido, con Jesús y con el denunciante del caso, sin que ninguno supiera de la existencia del otro.

El supuesto cómplice que acabó siendo testigo puso un precio al encargo: 4.000 euros por cada crimen. 3.000 antes de cometerlo y 1.000, después. La pareja aceptó y el acusado sacó esa cantidad de la cuenta de su mujer y se lo dio a su amante, que quedó en un bar de Alcalá de Henares con la persona que supuestamente contrataría a los sicarios. Allí le entregó el dinero y también fotos de los dos hombres a los que debían matar, las llaves de la casa del dueño de la funeraria y sus horarios. Toda esa documentación y la transferencia de dinero de una cuenta a otra se convirtieron en pruebas definitivas de los delitos.

La persona a la que la pareja contactó para que buscara a los sicarios les denunció en la comisaría de Alcalá de Henares en enero de 2009. Durante el juicio, Ana Belén responsabilizó del plan al testigo protegido, pero el tribunal no le creyó. En la sentencia, los jueces de la Audiencia destacaron la "capacidad intelectual de manipulación y fabulación" de la mujer y advierten que sus relaciones simultáneas son una muestra de su "evidente capacidad para urdir situaciones delicadas y secretas y, cuanto menos, complicadas de mantener de manera prolongada".