El empeño de Urdangarin le sitúa ante una pena de casi 20 años de prisión
El fiscal mantiene su petición de 19 años y medio de cárcel para Iñaki Urdangarin Matas pacta una condena de cinco años tras vender su palacete de Palma
No hay vuelta atrás. El empeño de Iñaki Urdangarin, esposo de la infanta Cristina, y de su socio Diego Torres de proclamar su inocencia en el juicio del caso Nóos les ha expuesto, de manera ya irreversible, al riesgo cierto de pasarse casi dos décadas en prisión. Mientras otros acusados en la trama de desvío de fondos públicos, como el expresidente balear Jaume Matas, pactaban con el fiscal Pedro Horrach sustanciosas rebajas de penas a cambio de confesiones de culpa o de reparación del daño causado, Urdangarin y Torres, los principales acusados, se han agarrado a su inocencia.
Este viernes, en el trámite de conclusiones definitivas, el fiscal ha ratificado íntegramente la petición de 19 años y medio de cárcel para el cuñado de Felipe VI y de 16 años y medio para Diego Torres. La lista de delitos también es la misma: malversación, prevaricación, fraude, tráfico de influencias, delitos fiscales, falsedad documental, estafa y blanqueo de capitales en relación con el supuesto desvío de 4,5 millones de euros de fondos públicos a sus sociedades. La decisión sobre su futuro queda ya de manera definitiva en manos del tribunal presidido por la magistrada Samantha Romero.
Para la infanta Cristina el horizonte penal tampoco se ha aclarado. El sindicato Manos Limpias, que ejerce en solitario la acusación contra la hija de Juan Carlos I, mantiene inalterada la petición de ocho años de prisión contra ella como cooperadora necesaria en los dos delitos fiscales que se atribuyen a su esposo a través de la mercantil conjunta Aizoon, en los años 2007 y 2008. La Operación Nelson, que ha llevado a la cárcel por extorsión al líder de Manos Limpias, Miguel Bernad, no ha hecho mella en la decisión del sindicato de pedir la cárcel para Cristina de Borbón. Tampoco ha tenido ningún efecto la noticia, derivada de esta investigación de la Audiencia Nacional, de que Manos Limpias exigió tres millones de euros a la defensa de la Infanta a cambio de retirar la acusación contra ella, lo que la libraría del banquillo.
Desde que se inició la investigación del caso Nóos en el año 2010, durante el juicio, y hasta el mismo jueves por la noche, víspera de la sesión de conclusiones definitivas, el despacho del fiscal Horrach ha estado abierto a los abogados para negociar posibles reducciones de penas a cambio de confesiones o de reparación del daño. Los abogados de Iñaki Urdangarin, el impasible Mario Pascual Vives, y de Diego Torres, el explosivo Manuel González Peeters, han dejado pasar cualquier oportunidad de arreglo con el ministerio público a lo largo de estos seis años. La falta de acuerdo entre Urdangarin y Torres, enemigos irreconciliables durante la fase de instrucción y aliados de última hora en el juicio, sobre la responsabilidad económica del caso frustró los tímidos acercamientos iniciales con Horrach.
El fiscal insiste en que ambos socios están en la cúspide de la trama que permitió desviar a sus bolsillos 4,5 de los 6,2 millones de euros que costaron a las arcas autonómicas baleares y valenciana y al Ayuntamiento de Madrid los congresos Illes Balears Forum y Valencia Summit —entre los años 2003 y 2006—, organizados por el Instituto Nóos, y la colaboración de Urdangarin con la fallida candidatura olímpica Madrid 2016. Un requisito indispensable para que el fiscal pudiera rebajar su petición de condena era que Urdangarin y Torres devolvieran parte del dinero al erario público.
La única modificación de la petición fiscal a favor de Urdangarin es una leve rebaja de la multa por delitos fiscales en los ejercicios de 2007 y 2008 al realizar un nuevo cálculo de la cuota tributaria supuestamente defraudada. Así, la petición de sanción pasa de los 1.011.430 euros iniciales a 980.777 euros, una rebaja de 30.653 euros. Para Torres también ha habido una reducción en la petición de multa por delito fiscal en 2008, que pasa de 1,32 millones a 1,14 millones de euros.
La ex consejera delegada de la candidatura olímpica Madrid 2016 Mercedes Coghen ve muy levemente rebajada su petición de pena. El fiscal pedía para inicialmente ella seis años y medio de prisión por malversación, falsedad documental, prevaricación y fraude a la administración. Tras el juicio, la solicitud de pena se queda en cinco años y medio de cárcel y multa de 4.320 euros.
El juicio del caso Nóos sobre el supuesto desvío de 4,5 millones de euros de fondos públicos a las empresas de Iñaki Urdangarin, esposo de la infanta Cristina de Borbón, encara su recta final. A partir de este viernes las acusaciones y las defensas presentarán sus conclusiones definitivas, una exposición oral, normalmente breve, en la que valorarán las pruebas practicadas desde que se inició el juicio el pasado 11 de enero con las cuestiones previas y plantearán su calificación jurídica de los hechos, con las correspondientes peticiones de condena o absolución.
La exitosa estrategia balear
Los 16 años de cárcel que la Audiencia Provincial de Palma impuso a un exconsejero del Gobierno de Jaume Matas por el caso Scala de corrupción han pesado mucho sobre los acusados de la rama balear. La sentencia redactada por una de las magistradas que ahora forman parte del tribunal que juzga el caso Nóos, marcó un precedente para los acusados por corrupción en las islas. Eso y la orden de cumplimiento de los nueve meses de cárcel para el exministro Matas por tráfico de influencias.
Sabedores de todo ello, las defensas de los acusados de las islas han jugado sus bazas y se han apresurado a colaborar con la investigación en algunos casos desde su inicio, propiciando la confesión de los hechos por parte de sus clientes y la consignación en el Juzgado del dinero defraudado.
Quien mejor ha salido parado tras estas negociaciones ha sido, sin duda, Matas, que ha pasado de ver cómo los fiscales le pedían inicialmente once años de cárcel a los cinco que solicitan ahora. Por el camino se ha quedado sin su 'palacete' del casco antiguo de Palma, ya que los 865.252 euros de la venta han ido a parar a las arcas judiciales para reparar el daño causado. La Fiscalía considera además que su tímida confesión durante el turno de interrogatorios, asumiendo su responsabilidad por no garantizar el control del dinero que fue a parar a las empresas de Urdangarin y Torres, le permite beneficiarse de la atenuante de confesión.
Los otros cuatro acusados baleares, todos ex altos cargos del Gobierno autonómico del PP, han logrado un acuerdo con la Fiscalía que les permitirá no ingresar en prisión. Todos han pactado con Anticorrupción penas menores que pueden ser sustituidas por el pago de multas, han consignado dinero y han reconocido su culpa, cumpliendo las condiciones que siempre ha exigido los fiscales Pedro Horrach y Ana Lamas para alcanzar acuerdos. Se trata de una estrategia opuesta a la de los acusados de la rama valenciana, que han defendido su inocencia y para quienes el fiscal pide entre seis y ocho años de prisión.
