Un exconsejero andaluz defiende el contrato del director del Centro de Flamenco que no ejerció
Alonso y el diputado Luis Guerrero han comparecido como investigados ante el TSJA
El exconsejero andaluz de Cultura Luciano Alonso, actual parlamentario del PSOE por Málaga, ha defendido este lunes ante el juez su actuación en la contratación del director del Centro Andaluz de Flamenco entre agosto de 2012 y junio de 2015, un cargo que recayó en una persona que supuestamente no ejerció este puesto ni visitó la sede del organismo, ubicada en Jerez de la Frontera (Cádiz). Alonso ha comparecido como investigado —figura que sustituye a la del imputado— ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y su declaración se ha prolongado durante aproximadamente una hora.
El parlamentario regional no ha hecho declaraciones ni antes ni después de prestar testimonio ante el instructor de la causa, el magistrado Miguel Pasquau. Tampoco ha atendido a los periodistas el diputado provincial del PSOE en Málaga Luis Guerrero, la persona que se benefició del contrato que ahora se investiga judicialmente. Según fuentes judiciales, Luciano le ha dicho al juez que el nombramiento tenía "cobertura legal" y era "perfectamente" lícito.
La causa se abrió contra ambos cargos públicos tras una querella de la Fiscalía Superior de Andalucía por un supuesto delito de prevaricación administrativa como medio de cometer otro de malversación de caudales públicos.
Según la documentación remitida al alto tribunal andaluz por el ministerio público, Luis Guerrero (en ese momento, afiliado raso del PSOE) cesó en julio de 2012 como personal eventual de la Diputación Provincial de Málaga y fue nombrado director del Centro Andaluz del Flamenco por Luciano Alonso, entonces consejero de Cultura. La nominación se habría llegado a cabo "a sabiendas" de que "en ningún caso [Guerrero] iba a desempeñar el cargo designado", detalla el auto en el que el TSJA abrió diligencias previas, citando la querella de la fiscalía.
El exconsejero habría emitido dos órdenes relacionadas con esta designación: una primera el 1 de agosto de 2012, con vigencia hasta el 10 de septiembre de 2013; y una segunda desde este día hasta el 12 de junio de 2015, poco después de las últimas elecciones municipales. Guerrero, desde esa cita con las urnas, es concejal en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande y diputado provincial.
A pesar de su nombramiento como director del Centro Andaluz del Flamenco, Guerrero "en ningún momento" visitó estas instalaciones durante el periodo en que estuvo contratado, "siendo desconocido de las personas que allí trabajaban". La querella de la fiscalía se acompañaba de documentación que acreditaría el pago de un total de 87.109 euros de sueldo por ocupar este puesto en la etapa investigada (13.834 euros en 2012; 36.615 en 2013; y 36.660 euros en 2014, último ejercicio certificado).
Alonso, un veterano del PSOE andaluz con distintos cargos en las dos últimas décadas, alegó tras hacerse pública la resolución del TSJA que se trataba de un "malentendido" y negó que se hubiera retribuido con fondos públicos "a quien no realizara función o trabajo alguno". Lo achacó a una "falta de actualización" del puesto para el que fue nombrado Guerrero, "lo que dio lugar a una reasignación de funciones prevista en el artículo 73.2 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público". Guerrero trabajaba en la etapa investigada en el Centro Andaluz de las Letras (CAL), dependiente también de la Consejería de Cultura y con sede en Málaga.
El exconsejero también criticó la querella de la Fiscalía Superior de Andalucía porque "se inició sin previa denuncia, a partir de noticias aparecidas en prensa", algo que, en su opinión, está en "abierta contradicción con la consolidada doctrina del Tribunal Supremo".
