Cataluña, epicentro del radicalismo yihadista en España
El informe del Consejo de Seguridad Nacional advierte de que parte de la comunidad islámica catalana tiene vínculos con grupos extremistas en Europa
“Cataluña es la zona en la que los procesos de radicalización detectados han sido más rápidos y un sector de la comunidad islámica allí implantada se caracteriza por ser la más radical de España y con más vínculos con otros extremistas de Europa”. Así lo subraya el Informe Anual de Seguridad Nacional, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Seguridad Nacional, reunido en La Moncloa bajo la presidencia del jefe del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy. “España es un objetivo permanente de la amenaza yihadista”, advierte.
El nuevo informe, correspondiente al año 2015, hace un balance de los riesgos y amenazas a los que se enfrenta la seguridad de España y de las medidas adoptadas para hacerles frente. Es el tercer documento de este tipo que se aprueba en España y el primero tras la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Nacional, de septiembre pasado.
El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, sitúa al terrorismo en primera línea, pese a felicitarse de que la pasada legislatura haya sido la primera de la etapa democrática sin ningún atentado en suelo español. Pero “tanto España como sus intereses en el mundo pueden ser objeto de nuevos ataques provenientes del terrorismo internacional”, avisa. Y ello porque España “comparte el nivel de amenaza soportado por la UE”; al que se suman algunos factores singulares, como “el significado de Al Andalus en el imaginario yihadista”.
El documento admite que España “sirve de base para la actividad logística de las redes de captación” de combatientes con destino a Siria o Irak y cifra en unos 150 los españoles o residentes en España que se han incorporado a las filas del grupo terrorista Daesh o Estado Islámico. Prueba de ello es que la mayoría de los 75 detenidos el año pasado en suelo español lo fueron por actividades de reclutamiento o difusión de propaganda yihadista, “si bien tres de las células tenían planes de cometer acciones en nuestro país”, agrega. A ello habría que sumar otras 27 detenciones en operaciones conjuntas en el extranjero, lo que eleva a 102 los arrestos.
Pese a los “importantes reveses” sufridos por el Daesh en Irak y Siria, a manos de la coalición internacional, “la amenaza se ha visto incrementada” por su expansión a Libia y los atentados en París o Túnez.
Más optimista es el informe respecto a ETA, de la que dice que está en una “situación crítica” y “en el peor momento de su historia”. Las 47 detenciones de 2015, buena parte en Francia, dejaron a la banda “sin referentes de nivel en su cúpula directiva”. Pero el texto constata “un relativo reforzamiento de los grupos disidentes [con la línea oficial de ETA], que han intensificado su actuación y visibilidad, así como sus intentos de captación de individuos y sectores descontentos del entorno terrorista”. De esta “amalgama de impulsos disidentes”, añade, “habrían surgido los autores de los actos de kale borroka [violencia callejera] más graves”.
El informe, en cuya elaboración han participado numerosos ministerios, coordinados por el Departamento de Seguridad Nacional que dirige Alfonso de Senillosa, dedica varios capítulos a la ordenación de los flujos migratorios, la ciberseguridad, la lucha contra el crimen organizado o la seguridad energética.
En materia de inmigración irregular, subraya que las llegadas a costas españolas aumentaron un 16,7% en comparación con 2014 y que la ocupación de los centros de estancia temporal de inmigrantes, los CETI, especialmente el de Melilla, está muy por encima de su capacidad. Respecto a las solicitudes de protección y asilo, sumaron más de 20.500 en 2015, frente a las 11.000 de 2014. Aunque el tono general del documento es complaciente, admite que, “a pesar de los esfuerzos de la UE [para afrontar la crisis migratoria] los resultados hasta el momento no son satisfactorios”.
El informe glosa la aprobación en 2015 de nueve planes derivados del Plan Nacional de Ciberseguridad, en materias que van desde el ciberterrorismo a la protección de infraestructuras críticas, y constata que el Centro Criptológico Nacional, encuadrado en el servicio secreto CNI, resolvió 18.232 incidentes de seguridad (430 clasificados como muy altos o críticos), mientras que el CERTSI, dependiente de Industria, gestionó casi 50.000, un 180% más que en 2014.
La corrupción como riesgo para la seguridad nacional
El informe anual del Consejo de Seguridad Nacional reconoce que “el afloramiento de conductas de corrupción pública incide en la estabilidad y la gobernanza económica y financiera” y asegura que “la lucha contra la corrupción ha sido uno de los ejes de actuación prioritarios de este Gobierno”. Aunque utiliza el término “corrupción pública” y no “corrupción política”, está claro que se refiere a esta última cuando cita, entre las medidas adoptadas para combatirla, la aprobación de la ley de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, que regula “nuevas obligaciones de control y transparencia en el funcionamiento de los partidos y en sus cuentas bancarias”.
Por otro lado, el documento revela “una tendencia al alza” de las actividades de espionaje en España “por parte de terceros países mediante coberturas empresariales o asociativas”. Lo que no dedica, en cambio, es una sola palabra a la crisis de Venezuela, que el Consejo abordó oficialmente por vez primera el viernes, o al órdago independentista de la Generalitat catalana.
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