El PP recurre para evitar la fianza de 1,24 millones en el caso de la caja b

El juez impuso la fianza civil al PP el 28 de mayo de 2015 en el auto de apertura de juicio oral por el caso Bárcenas, en el que se investigaron, entre otros, delitos contra la Hacienda Pública derivados de la existencia de una contabilidad paralela en el partido gestionada por los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta. La cantidad requerida al partido como responsable subsidiario tenía por objeto cubrir los posibles impagos de los considerados responsables directos, los extesoreros y la empresa Unifica, que cobró con dinero negro de la caja b las obras de reforma de la sede nacional del partido, en la calle Génova 13 de Madrid.

La defensa del PP plantea básicamente dos argumentos para combatir la fianza. El primero tiene que ver con el cálculo de la cantidad: el PP sostiene que el juez José De la Mata no ha incluido en el cómputo la rebaja de 577.249 euros que aplicó a cada uno de cinco los acusados el 30 de junio de 2015.

El segundo argumento es de mayor calado jurídico. El partido sostiene que los acusados en el caso de la caja b, responsables directos de los delitos fiscales, ya han acreditado ante el juzgado disponer de bienes por valor de 15,6 millones de euros de un total de aproximadamente 40 millones que debían depositar. El PP considera que con esta cantidad se cubre ya la cuantía defraudada a la Hacienda Pública, que tiene preferencia a la hora de cobrar las responsabilidades civiles frente a otros conceptos como las multas.

“El juzgado cuenta con bienes por un valor mínimo de 15,6 millones de euros para cubrir la cuantía de 1,24 millones, la cual, una vez cubierta por uno de ellos ya no será exigible a los otros acusados, ya que la responsabilidad civil es conjunta y solidaria”, argumenta el PP. “Lo contrario [exigir la fianza al resto de responsables civiles] supondría un afianzamiento exorbitado (…) que supondría un enriquecimiento injusto de la administración”.