Las regiones del PSOE pedirán al ministro que retire las reválidas

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El ministro de Educación en funciones, Íñigo Méndez de Vigo, se reúne este viernes con todas las comunidades autónomas para debatir sobre las reválidas de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) o el decreto de umbrales de renta y cuantía de las becas, entre otros asuntos. Hasta 12 comunidades (todas menos las gobernadas por el PP) rechazan estas evaluaciones externas y han planteado alternativas para la prevista este año, la de sexto de primaria.

Las ocho regiones del PSOE pedirán al ministro que retire  el proyecto de real decreto que regula las reválidas de secundaria y bachillerato, previstas a partir del curso que viene.Los alumnos deberán aprobar esas pruebas externas para obtener un título y poder seguir estudiando. "¿A dónde nos conducen las reválidas? Nos conducen a la exclusión", ha manifestado este viernes Mayte Pérez, consejera de Educación de Aragón, en una comparecencia conjunta en la sede del PSOE de Madrid con el resto de representantes regionales.

"Esta ley gangrena el sistema educativo", ha añadido Pérez, que acusa al ministerio de enviar "a un saco sin fondo" a los alumnos que necesitan "atención individualizada" y que "están abocados a no tener título".

"No seremos cómplices de una ley educativa  que nos devuelve a 40 años atrás", ha añadido la consejera que acusa al ministro de "ser un lobo con piel de cordero" al que califica como "casi peor" que su predecesor, José Ignacio Wert. Según Pérez, "de los 28 países de la UE que tienen sistemas de evaluaciones externas, solo cuatro vinculan esos exámenes a la obtención de los títulos".

Las ocho regiones gobernadas por el PSOE —Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura y Comunidad Valenciana  cuyo consejero no estaba presente en la rueda de prensa— prevén realizar una evaluación a sus alumnos de primaria con sus propios maestros y no con profesores externos, como contempla la normativa.Las regiones han dejado en manos de los centros que hagan o no una prueba específica a sus estudiantes o solo un informe con los resultados de la evaluación continua. En Asturias, por ejemplo, se ha fijado el 15 de junio como fecha posible para ese examen, ha explicado el consejero del Principado, Genaro Alonso.

El ministro en funciones, Íñigo Méndez de Vigo, ha señalado horas antes  en una entrevista a Onda Cero que las comunidades que prevén pruebas alternativas "rozan la insumisión" con su planteamiento ". "Por supuesto le digo que sí que cumplimos la ley", ha respondido la consejera de Aragón. "Lo que es duro es como sorteamos la ley para no ser insumisos siendo conscientes de que esto es un desastre", ha añadido.

Sin valor académico

"Esta prueba en primaria es una prueba de diagnóstico sin valor académico y sirve para dos cosas: saber que la enseñanza que se da es la correcta y para detectar si los niños necesitan ayuda. No entiendo la oposición que hay en algunos sitios", señaló el miércoles Méndez de Vigo en otra entrevista en la cadena Cope. Ese día comenzaban los exámenes de sexto cuatro de las cinco regiones del PP que las secundan (Madrid, La Rioja, Castilla y León y Galicia; Murcia la ha fijado la semana que viene).

En tres regiones se desarrollaron con normalidad, pero en Galicia, según los datos oficiales de la Xunta, el 40% de los alumnos —unos 8.000 estudiantes de 11 y 12 años— secundaron la petición de boicot que propuso la principal confederación de padres y madres de la escuela pública, Ceapa.

 Cataluña ha mantenido una evaluación propia que hace desde hace ocho años, País Vasco no hará el examen este curso. Navarra y Canarias anunciaron también una prueba distinta sin dar aún fecha.

El primer encuentro oficial de 2016

La conferencia sectorial prevista por la tarde es el primer encuentro oficial de 2016 entre el ministerio y todas las regiones tras el encuentro del pasado agosto en el que el proyecto de real decreto de las reválidas fue retirado.

Tanto la Ceapa como la asociación de estudiantes Canae pidieron el jueves a las regiones que se nieguen a aplicar la prueba externa de sexto de primaria y que rechacen las de secundaria y bachillerato. Carles López, de Canae, señaló el jueves que las pruebas tendrán "efectos segregadores del rendimiento". Aunque la prueba de sexto de primaria es de diagnóstico y no tiene consecuencias académicas, el presidente de Canae recuerda que los resultados constarán en el expediente. Ambos colectivos alertan también de que los profesores se verán obligados a enseñar a los alumnos a superar estas pruebas en lugar de aprender.

Más dinero y menos requisitos para las becas 

El ministerio expondrá también a las comunidades el proyecto de real decreto de becas para el que el Consejo Escolar del Estado —el organismo en el que están representados las Administraciones, las familias, los docentes y los estudiantes, encabezados por el propio ministerio— ha pedido modificaciones.

En el dictamen cerrado el jueves incluyó las enmiendas de Canae. Solicita a Educación, entre otras cuestiones, que aumenten las cuantías y se rebajen los requisitos académicos para que los criterios de reparto queden como hace cuatro años, antes de que el entonces ministro José Ignacio Wert cambiara el modelo, lo que supuso una reducción de las cuantías medias, la introducción de una cuantía variable en función del número de demandantes e impuso una nota mínima de 5,5 para acceder a la beca universitaria, superior al aprobado. Desde entonces la partida general destinada a las becas ha aumentado al tiempo que ha crecido el número de demandantes, lo que ha supuesto que la cuantía media que recibe cada becario se reduzca por encima de los 500 euros desde entonces.

Las enmiendas proponen aumentar la cuantía fija para enseñanzas no universitarias de 1.500 a 2-040 euros y la ligada a la residencia durante el curso a 2.556 euros. El argumento es que "no llegan a cubrir mínimamente las necesidades de los y las estudiantes". Para las universitarias, se piden 3.500 euros por renta (en lugar de los 1.500 actuales y 2.226 ligados a la residencia, en lugar de 1.500). También piden que la cuantía variable mínima pase d3e 60 a 150 euros porque, como ha señalado el Consejo Escolar del Estado en otras ocasiones no se considera acertado hacer depender la cobertura mínima de esas necesidades de una asignación competitiva por nota (cuantía variable). También proponen recuperar la cuantía por desplazamiento