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Muere Fernando Álvarez de Miranda, el primer presidente del Congreso de la democracia

Quien también fuera Defensor del Pueblo ha fallecido este sábado a los 92 años

Álvarez de Miranda, a finales de 2013.

Fernando Álvarez de Miranda, fallecido el sábado en Madrid a los 92 años, era uno de los políticos de la Transición que encarnaban las virtudes públicas del diálogo y la conciliación, esas que hoy se echan tanto en falta. Abogado, natural de Santander, perteneciente a una familia conservadora y de convicciones católicas, su talante le llevó a la presidencia del Congreso de los Diputados en 1977 después de las primeras elecciones libres tras la muerte de Franco, y desde ese puesto fue uno de los firmantes institucionales de la Constitución de 1978.

Militante monárquico en los años más duros del franquismo, se decantó como partidario de don Juan de Borbón desde su juventud. Metido en las conspiraciones antifranquistas, participó en la cumbre de Múnich de 1962, que reunió a políticos del interior de España junto con otros del exilio en un intento de buscar la unidad entre grupos hasta entonces enfrentados y dispersos. La iniciativa inquietó tanto a Franco que su aparato de propaganda la tildó de “contubernio de Múnich” y su aparato represivo se aplicó a detener a los que regresaron a España; y, en el caso de Álvarez de Miranda, a deportarle a Fuerteventura.

Al término de los 11 meses que duró el destierro impuesto por el régimen, Álvarez de Miranda se vio integrado en el consejo privado de don Juan de Borbón. El político pasó por los diversos grupos democristianos que se movieron en los últimos años de la dictadura y en los primeros compases del posfranquismo, pero prefirió presentarse a las urnas integrado en la Unión de Centro Democrático (UCD), el instrumento improvisado por Adolfo Suárez, entonces presidente del Gobierno, para concurrir a los comicios de junio de 1977. La gran suerte para los once grupos que entraron en la UCD es que la coalición centrista, arrastrada por el liderazgo de Suárez, ganó las primeras elecciones libres celebradas en España tras la dictadura.

Álvarez de Miranda presidió el Congreso durante la legislatura que elaboró la Constitución, pero no jugó un papel de protagonista en aquella obra clave de la Transición: el teléfono rojo que tenía para comunicarse con Suárez sonó muy pocas veces. Representó el papel de figura institucional que, en un segundo plano, contribuyó a que no descarrilaran las tareas de los primeros espadas en las reñidas negociaciones que dieron origen a la máxima ley. Lo suyo fue templar gaitas y conciliar posturas cuando se enrocaba o se estancaba el debate, bajo la égida de Antonio Hernández Gil, que fue el presidente de las Cortes constituyentes designado por don Juan Carlos cuando el Rey tenía aún esas atribuciones.

La legislatura en la que Álvarez de Miranda ocupó la presidencia del Congreso, tan breve como productiva, finalizó en 1979. Entonces comenzó la crisis interna de UCD, el partido desgarrado entre la diversidad de egos políticos que se habían agrupado bajo el liderazgo arrollador de Adolfo Suárez, a quien pronto empezaron a combatir.

Sin embargo, convocado a unas reuniones organizadas por directivos de grandes bancos con figuras centristas para descabalgar a Suárez, Álvarez de Miranda se negó a participar en la operación de acoso y derribo al jefe del Gobierno y de UCD, según ha detallado él mismo en sus memorias (La España que soñé). Después de la dimisión de Suárez, del golpe del 23-F y del corto liderazgo de Leopoldo Calvo-Sotelo al frente del Gobierno centrista, el partido gobernante cayó destruido en las elecciones generales de 1982. Álvarez de Miranda se vio reducido a la condición de miembro de la comisión liquidadora de UCD y, como él mismo ha explicado, le tocó apagar la luz y cerrar la puerta.

Como presidente del Gobierno, Felipe González le propuso enviarle de embajador a algún país de América Latina. Álvarez de Miranda escogió El Salvador, un país agitado por la guerra civil, en el que intentó una mediación con la guerrilla para escándalo de la burguesía local. Los jesuitas de la Universidad Centroamericana (UCA), entre ellos Ignacio Ellacuría, visitantes frecuentes de la Embajada de España, habían hecho una gran labor social que les valió su asesinato. Álvarez Miranda, que participó en las iniciativas de seguimiento de los asesinos, nunca tuvo dudas de que la orden para hacerlo partió del jefe del Estado Mayor y de que el juicio celebrado en El Salvador había sido una farsa.

Elegido como Defensor del Pueblo en 1994 (por acuerdo entre el PSOE y el PP), se vio atrapado en una maraña de presiones a cuenta de la ley de política lingüística promovida por el Gobierno de Jordi Pujol en Cataluña. Un sector del PP trató de que el Defensor recurriera esa norma ante el Constitucional. Estuvo a punto de llevarlo a cabo, pero Álvarez de Miranda renunció a hacerlo para no crear un problema político mayor entre Pujol y el Gobierno de José María Aznar, que en su primer mandato dependía de los votos de los nacionalistas catalanes. “En la misma víspera del día en que iba a presentar el recurso, José María Aznar me mandó recado con un enviado personal”, ha contado Álvarez de Miranda. El presidente del Gobierno le había dicho días antes que hiciera lo que le pareciera con el recurso, durante una reunión con otras personas; sin embargo, “allí estaba el recadero con su recado. Desde Europa me llamó Marcelino Oreja, también convencido de que el recurso abriría poco menos que las puertas del infierno. Solo La Zarzuela, justo es decirlo, se mantuvo al margen, no me dijo nada. De todos los demás sitios me llovieron alarmas, recomendaciones, presiones”, ha dejado escrito en La España que soñé.

Lúcido observador de la vida pública, en los últimos años confesó su gran decepción personal por la evolución de los acontecimientos en España, en los que vio tambalearse el espíritu de consenso y de concordia a los que había apelado en sus tiempos de político en activo. No menos preocupado estaba por la corrupción, “la gran tragedia para la democracia", afirmaba categóricamente en una entrevista con EL PAÍS publicada en 2013. "Las Cortes de 1978 eran muy austeras", explicaba. "Recuerdo a grandes políticos que se negaban a usar coche oficial. Se puede y se debe recuperar ese prestigio y esa austeridad. Digo lo mismo: no se quejen. Háblenlo, háganlo".

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