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España no es país para refugiados (ni quiere serlo)

La política de asilo ha estado marcada por una nula voluntad política de ayuda y aunque el sistema de acogida ha mejorado la mayoría no se queda en el país

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Una familia de refugiados sirios abandona el CETI de Melilla para embarcarse rumbo a Málaga.

El miércoles es día de fiesta para algunos de los internos del CETI, el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Melilla. Es el día de salida del grupo de elegidos que pueden viajar por fin a la península, en un ferry que zarpa a medianoche y llega a Málaga la mañana siguiente. En la fila están todos contentos, vestidos con su mejor ropa y se hacen fotos. Es un grupo de 66, pero probablemente muchos no se quedarán en España. Porque no les atrae lo más mínimo, y España hace lo mínimo por atraerles. No deja de ser curioso que pocos quieran venir a pedir asilo para vivir en uno de los primeros destinos turísticos del mundo. Pero es que con los refugiados la idea es al revés: se hace lo posible para que no se acerquen.

España, en realidad, se ha especializado en escaquearse de acoger refugiados. Los 18 sirios que ha aceptado este año, de 16.000 que había acordado, aunque están a punto de llegar más, son un caso conocido. Pero antes hay un historial. Marruecos y Argelia, por ejemplo, ya le hacen parte del trabajo impidiendo que los sirios, y los demás, lleguen a Melilla. “Amnistía Internacional ya ha denunciado la falta de control de lo que ocurre en terceros países. No hay ningún interés en acoger refugiados. Tienes familias que llegan a Melilla divididas, niños que entran solos, un desastre total”, lamenta Virginia Álvarez, responsable de Política Interior de esta organización. “El gran tema de los próximos años será la responsabilidad extraterritorial de Europa en el control de fronteras. Lo que se hace con nuestro dinero en países que no respetan los derechos humanos”, opina Cristina Manzanedo, de la ONG Entreculturas.

Las llamadas devoluciones en caliente son el último recurso cuando no hay más remedio y tienes unos cuantos africanos que han logrado saltar la valla. Aunque en este caso el ministerio de Interior responde con un dato: en 2014, de 2.000 que lograron saltar, solo 5 pidieron asilo, y 3 luego retiraron la solicitud. Las ONGs replican que ese argumento se cae ante el derecho de cualquiera a hacerlo.

Los Gobiernos españoles de todo signo han usado armas silenciosas para eludir su responsabilidad. Como denunció la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), a los pocos meses de estallar la guerra en Siria y ante los primeros casos de familias de este país que llegaban al aeropuerto de Madrid en tránsito y pedían allí asilo, se introdujo rápidamente la exigencia de visado. Para que no llegaran.

Otra de las ideas más eficaces de esta política de refracción es más silenciosa y se deslizó en la reforma de 2009 de la ley de asilo, vigente desde 1994: eliminó la posibilidad de pedir asilo en embajadas y consulados. Lo hizo el Gobierno del PSOE. Se dejó pendiente del desarrollo del reglamento de aplicación, que sigue esperando con el PP. En estos temas suele haber un gran consenso. “Es muy hipócrita porque al final todo el mundo reconoce derechos pero hace todo lo posible para que no se puedan ejercer. En el caso del acuerdo de Turquía con la UE ha sido negro sobre blanco: yo voy a pasar de mis principios éticos y morales, y aunque tenga reconocido el derecho de asilo, y en el caso de España en el artículo 13.1 de la Constitución, voy a negociar con un tercero para que esos tíos que vienen a Europa en busca de protección, y que tienen derecho a ella, no vengan. La gran paradoja es que si hoy llega un afgano a Madrid podría pedir asilo, pero ese derecho no se lleva a cabo porque se impide su ejercicio. No puedes ir a una embajada, tienes que jugarte la vida en el mar para llegar”. En realidad el artículo 38 de esa ley de 2009 admite la posibilidad de que un embajador tramite una solicitud si conoce un caso que lo requiera, pero por su cuenta, de forma excepcional.

“Aquí la cuestión es poder tener alternativas legales para que familias enteras puedan llegar sin jugarse la vida por tercera y cuarta vez. Las pedimos a todos los países europeos e industrializados, porque nueve de cada diez refugiados están acogidos en los países próximos a las zonas de conflicto”, dice María Jesús Vega, portavoz de ACNUR en España. Recuerda que actualmente hay 60 millones de personas desplazadas de sus hogares: “No hay ningún país que pueda mirar para otro lado y dejar de echar una mano. El número de refugiados que han llegado hasta ahora a España es un 1% del total, y en los reasentamientos las cifras son ínfimas”.

La buena disposición de un país es clave si uno quiere realmente ayudar. ACNUR propone ejemplos de países con mayor disponibilidad que España. A Canadá en tres meses han llegado 25.000 sirios. Brasil tiene unos visados humanitarios desde hace tres años para gente que huye de la guerra de Siria. En Portugal, becas para estudiantes afectados por la guerra para que pueda continuar sus estudios. “España debería y podría hacer bastante más, y creo que es el momento de subirse al tren”, opina María Jesús Vega.

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Un grupo de inmigrantes subsaharianos sentados frente a la puerta del CETI de Melilla.

En septiembre de 2014, ante el drama sirio y por las presiones de organizaciones humanitarias, España decidió abrir una oficina de asilo en la frontera de Melilla. Fue una señal. Ese mes aparecieron allí cuatro sirios. Luego las llegadas se dispararon. En 2015 registraron unas 40 peticiones de media al día. El récord, 64 en una jornada. Llegaron más de 7.000 y por eso España alcanzó su cifra más alta de peticiones de asilo, 15.000 frente a las 6.000 del año anterior. En 2016 el ritmo ha bajado, porque era más fácil desde Grecia -hasta ahora- y porque Argelia comenzó a pedir el visado en 2015 y cortó en la práctica esa ruta.

Las nuevas oficinas de asilo del paso de Beni Anzar, en Melilla, estaban impecablemente vacías la semana pasada. Persiste un pequeño goteo de llegadas, pero casi todos son sirios que aterrizaron en Argelia antes de que este país exigiera visado. Asunto resuelto. No se debe olvidar tampoco la cínica obviedad de que sirios y palestinos, por ejemplo, pueden acercarse a la oficina de asilo de Melilla, pero un africano negro en el lado marroquí no puede ni andar por la calle, le paran antes.

“Históricamente las cifras de asilo de España no cuadran con su peso demográfico y su posición geográfica de frontera, es muy llamativo”, apunta Ramiro Muñiz, de CEAR. Otra cosa, diferencian en esta organización, es que después los que consiguen entrar en España sí encuentren un sistema de acogida que ahora es aceptable, en opinión de CEAR. Hasta ahora ha padecido una insuficiencia crónica, “menguado absolutamente de recursos y con una capacidad totalmente limitada”, según Acnur, que no obstante reconoce que en el último año el Gobierno ha hecho un esfuerzo. Ha aumentado a 230 millones su partida presupuestaria para refugiados, frente 20 millones de 2015, y la semana pasada añadió 83 millones más. Ha duplicado las plazas y ahora mismo hay 2.300, gestionadas por el ministerio de Empleo y Asuntos Sociales y seis ONGs: las tres principales, CEAR, Cruz Roja y ECCAM, y otras tres, Cepain, Dianova y La Merced. “En este momento hay unas 200 plazas libres y el tiempo de espera es muy corto”, asegura Mónica López, de CEAR.

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Un refigiado sirio afeita a un compañero en las puertas del CETI de Melilla

Sin embargo, muchos de los solicitantes de asilo se van. De los pocos que llegan, comparado con otros países europeos –Alemania tuvo el año pasado medio millón de peticiones-, muchos acaban por largarse. En Melilla se han visto incluso familias sirias que se vuelven a Marruecos. “Conocen a otros refugiados que viven aquí que les cuentan los plazos para reunificaciones familiares, para resolución de documentación, dificultades de trabajo, de integración, para alquilar pisos y en muchos casos prefieren irse”, señala Vega, de ACNUR. Principalmente porque quieren llegar a otros países europeos, como Alemania, Bélgica o Suecia, porque tienen allí familia o porque saben que hay mayores ayudas. También influye la crisis económica de España, donde es difícil encontrar trabajo. Las prestaciones duran un máximo de dos años y si no encuentran un empleo luego quedan, como cualquier ciudadano español, a merced de los servicios sociales. Que en otros países son mejores. Pero, según ACNUR y otras ONGs, también tiene que ver con su marcha que no se fían del sistema español, que juzgan lento, poco transparente y con un alto nivel de rechazo de solicitudes. En 2014, el 75%. En 2015, el 68%, frente al 48% rechazadas de media en la UE.

El CETI de Melilla ha sido su primer contacto con el país de los que han entrado por esa vía y les ha marcado. En 2015, ante la gran afluencia, los inmigrantes alojados se quedaban aparcados meses, a veces más de un año, y en situación precaria por la excesiva ocupación. Había 480 plazas, con picos de hacinamiento de 2.500 personas. “Muchos, sobre todo de Siria, o palestinos, incluso subsaharianos, que han pasado muchos meses allí cuando llegan a la península trasladan su intención de marcharse de España porque han vivido una experiencia muy difícil y muy dura”, señala María Jesús Vega, portavoz de la ACNUR, la agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Pero es verdad que el CETI ha cambiado: las plazas se han ampliado hasta mil y hay menos gente que nunca, en torno a 500. La explicación, como admite sin rodeos su director, Carlos Montero, es que “no pasan, Marruecos hace de filtro”.

En enero de 2016 la ONG jesuita Entreculturas denunció que 15 sirios llevaban 8 meses en el CETI esperando por sus solicitudes de asilo. Poco después por fin les hicieron caso. Pero la misma organización advierte que tiene a 40 iraquíes que esperan desde hace tres años que se resuelva su expediente. “El sistema de asilo es un fracaso”, sentencia una responsable de esta organización, Cristina Manzanedo.

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Numerosos ciudadanos marroquíes hacen cola para poder acceder a la ciudad de Melilla.

ACNUR concluye que hace falta cambiar el sistema y considera que es un buen momento, porque en este momento de cambio político todos los partidos dicen, si hay que creerles, que tienen intención de hacerlo: “Con esta solidaridad impresionante de la gente española, con la cantidad de instituciones, a nivel regional y local, que quieren echar una mano, podríamos trabajar para poder adaptar el sistema de asilo y que España deje de ser un país trampolín para irse a otros lugares, pero para eso hace falta voluntad política”.

Hay que enmarcar esta actitud en una perspectiva histórica. Aunque ahora sea un modelo de eficacia por cómo se cierra a la inmigración irregular, España tuvo siempre un problema con el resto de Europa por la inmigración. “Durante años ha hecho la vista gorda a la inmigración irregular, esa es la realidad, aunque la retórica fuera otra. Hemos recibido a 7 millones de inmigrantes básicamente por vía irregular. Somos el país de la UE que más inmigración ha recibido, con mucha diferencia. Pocos países en el mundo han recibido tantos inmigrantes en tan poco tiempo. Nuestro proceso es de una densidad inaudita. Ha sido muy muy raro y muy espectacular”, explica Carmen González, investigadora del Real Instituto Elcano. Todo cambió con la crisis económica, que coincidió con las primeras llegadas numerosas a Ceuta y Melilla y Canarias. Entonces España se tomó en serio por primera vez la lucha contra la inmigración irregular. Pero no el asilo.

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