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El juez procesa a 47 personas por integrar el ‘frente de makos’ de ETA

La abogada Arantza Zulueta, acusada de coordinar el núcleo duro de reclusos etarras

La abogada Arantza Zulueta, cuando fue detenida en abril de 2010.
La abogada Arantza Zulueta, cuando fue detenida en abril de 2010.

El juez Eloy Velasco ha procesado hoy a la abogada Arantza Zulueta y a otras 46 personas por integrar el frente de cárceles de ETA (el llamado frente de makos) o "KT" bajo la cobertura de organizaciones de las que formaban parte como el colectivo de abogados BL, el de apoyo a presos Herrira, el de familiares de presos Etxerat o la asociación de asistencia sanitaria Jaiki Hadi.

Precisamente hoy y en relación con esta causa, el Tribunal Supremo ha procesado también al senador de EH Bildu Iñaki Goioaga al apreciar indicios de que formaba parte del grupo de abogados que contribuía a mantener a los presos de ETA bajo su disciplina y estructura.

Zulueta y otros siete detenidos en la llamada operación Jaque, entre ellos el también abogado Jon Enparantza, ingresaron en prisión por estos hechos en enero de 2014, y a esta operación le sucedieron después otras dos en 2015, Mate y Pastor, relacionadas con este entramado de apoyo a los presos etarras.

Estos abogados están también procesados como responsables del llamado frente jurídico de ETA, Halboka, desarticulado en 2010 y que supuestamente también integraba el senador Iñaki Goioaga, y la Fiscalía ha pedido esta misma semana condenar a Zulueta a 19 años de cárcel por esta primera trama de apoyo a los presos de ETA.

En el auto, de 104 páginas, Velasco analiza cada uno de los órganos que conforman esta estructura, entre ellos el denominado KT (Koordinazio Taldea/Grupo de Coordinación) cuya función principal era dirigir el EPPK de forma integral y también era utilizado por ETA para "dirigir y dar directrices generales al conjunto del frente de cárceles garantizando la cohesión de sus miembros y su fidelidad".

Velasco explica además que existe un núcleo de coordinación KG, que es el órgano permanente y estable formado por las organizaciones que integran el "frente de cárceles" y que se encarga de la transmisión de las necesidades económicas de las organizaciones que participan en sus reuniones para una mejor distribución de los fondos económicos que obtiene Herrira a través de su estructura denominada Red Sostengu.

La labor jurídica la prestaría el Colectivo de Abogados-BL, un grupo de letrados cuya función consiste en la asistencia jurídica y política de los presos de ETA, de la que se deriva un adoctrinamiento y control a través de rondas carcelarias sistemáticamente organizadas.

Además, se encargaban de recopilar información sobre los reclusos para permitírsela después a la dirección de la banda terrorista y de su ámbito de actuación quedaban excluidos aquellos presos "arrepentidos" que han asumido la legalidad penitenciaria, como los que se han acogido a la vía Nanclares.

Entre este grupo de abogados, procesados por integración o colaboración con organización terrorista, se encuentran Alfonso Zenón, Kepa Mancisidor, Eukene Jauregui, Ane Ituiño, Aiert Larrarte, Ainhoa Baglietto, Arantza Aparicio, Onintza Ostolaza, Haizea Ziluaga, Amaia Izko, Jaione Carrera y Atxarte Salvador.

Respecto de Herrira, para la que Velasco decretó en su día la suspensión de actividades, el juez asegura que llegó a ocupar el vacío organizativo dejado por las ilegalizadas Gestoras pro Amnistía y Askatasuna en el control y cohesión de los presos, así como que se encargaba de planificar, convocar y dar el soporte a los actos de enaltecimiento de los presos de ETA y de su ideario.

Herrira también se encargaba supuestamente de la ayuda económica a los presos a través de su aparato de tesorería Sostengu y de hecho la investigación ha permitido determinar que las cantidades abonadas por esta organización eran de 125 euros para presos encarcelados en España y de 155 para los que están en Francia u otros países.

Todos los miembros de la Dirección Nacional de Herrira eran conscientes, según el juez, de que sus actividades, enmarcadas en el "frente de cárceles", respondían a su integración en ETA y la financiación de dicho frente.

Los 19 integrantes de la Dirección Nacional son procesados por integración o colaboración con organización terrorista, enaltecimiento del terrorismo de forma continuada y quebrantamiento de la medida cautelar de prohibición de actividades.

El auto analiza también las actividades desarrolladas por miembros de la asociación Jaiki Hadi de asistencia sanitaria y psicológica a miembros del EPPK dentro del "frente de cárceles" y de Etxerat, cuyos responsables se encargaban de coordinar las actividades de esta asociación de familiares de presos siguiendo "las directrices de ETA".

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