La PAH sale a la calle para defender la ley catalana antidesahucios

Un gran despliegue de la policía, formado por más de 15 furgones, evitó ayer que más de un centenar de personas llevaran a cabo una cacerolada frente a la sede del Partido Popular en Madrid. La protesta estaba convocada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en contra de que el Gobierno en funciones presente un recurso ante el Tribunal Constitucional para suspender la ley 24/2015 de emergencia habitacional y cortes de suministros aprobada por el Parlamento de Cataluña. Pasadas las 18.00, los agentes comenzaron a cortar los accesos a la calle Génova, donde tiene su sede el PP, restringiendo la circulación tanto a peatones como a vehículos. Los asistentes a la convocatoria permanecieron vigilados por más de una decena de agentes.

La PAH llamó a través de las redes sociales a protestar en todas las sedes del PP, unas concentraciones que no contaban con autorización de la Delegación del Gobierno en la capital. La posición del PP es incómoda porque en el Parlament votó a favor de la norma y no puso en duda su constitucionalidad.

En Barcelona, unas 300 personas se congregaron ante la sede del PP catalán. La concentración fue promovida por la PAH y la Alianza contra Pobreza Energética (APE), dos de las entidades sociales que promovieron la Iniciativa de Legislación Popular que terminó convertida en ley. “Al PP solo le interesa mantener los privilegios de los bancos y de las suministradoras. Ir contra esta ley es una falta de ética”, denunció Carlos Macías, portavoz de la PAH. La campaña de presión continuará toda la semana y mañana los promotores de la ley viajarán a Madrid para reunirse con los grupos del Congreso, a excepción del PP. Ciudadanos aún no ha confirmado la reunión.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, justificó las movilizaciones. “No hay que cambiar una ley que funciona, sino al Gobierno en funciones que quiere impugnarla. Defendamos la ley 24/2015”, escribió en su cuenta de Facebook. También hubo manifestaciones en las cuatro capitales de provincia catalanas.

Varios beneficiados por la norma dieron su testimonio. “CatalunyaCaixa me condonó una deuda de 21.000 euros y me dio un alquiler social gracias a esta ley. Si no fuera por ella estaríamos en la calle. Mi abuela, con alzhéimer, podrá morir en su cama”, contó Txell entre los gritos de “sí se puede”. La amenaza de recurso llega dos semanas después de que el Constitucional anulara un decreto ley catalán, que fue pionero en el país, y que establecía una tregua invernal para las personas que por su vulnerabilidad no pudieran pagar los recibos. La semana pasada también se suspendió cautelarmente la ley vasca de vivienda.

El plazo para llevar la ley ante el Constitucional vence el 5 de mayo, por lo que la PAH y la APE están casi seguros de que el Consejo de Ministros de este viernes aprobará el texto del recurso.