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Sortu redobla la presión sobre los presos etarras para que asuman la legalidad penitenciaria

El colectivo de presos limita su compromiso a abrir un debate interno en las cárceles

Otegi, en la manifestación de exreclusos de ETA.

La izquierda abertzale redobla su presión sobre los presos etarras para que asuman la legalidad penitenciaria y se beneficien de una pronta excarcelación. En el Gobierno vasco se calcula que en 2020, la mitad de los reclusos, unos 200, podrían salir en libertad si se acogen a estas condiciones. La manifestación del domingo en Bilbao insistía en este extremo. Tratan de convencerles de que asumir estos beneficios no “cuestiona el carácter ni la dignidad de su trayectoria” terrorista. Pero los presos se resisten y se inclinan por reclamar la amnistía.

Tres meses después de que Sortu pidiera a los casi 400 presos de ETA que rompan su histórica actitud de rechazo de la legalidad penitenciaria y la asuman junto con su reinserción individual para facilitar, con ello, su salida de las cárceles, sus resultados son casi inexistentes. El llamamiento sirvió para avalar un acuerdo negociado en esa fecha por 35 dirigentes de la antigua Batasuna con la fiscalía en el que rechazaban la violencia, asumían el daño causado a las víctimas así como su colaboración política con ETA a cambio de evitar el ingreso en prisión. Pero no ha tenido continuidad hasta que el pasado jueves, otros cinco dirigentes de Ekin, el brazo político de ETA, eludieron la cárcel con un acuerdo similar al de los dirigentes de Batasuna. Ha sido la excepción.

A los cuatro años del cese definitivo del terrorismo, la izquierda abertzale ya ha percibido que Euskadi ha cambiado, que las preocupaciones sociales priman sobre las identitarias, lo que explica la amenaza electoral de Podemos. Y tiene mucho interés en sobreponerse a los símbolos del pasado, como el colectivo de presos. A la vista del inmovilismo del Gobierno de Rajoy, que no ha flexibilizado la política penitenciaria pese al cese del terrorismo, Sortu decidió hace tiempo que fueran los presos de ETA los que tomaran la iniciativa. Pero encuentra resistencias en su seno.

Ayer, Bildu redobló la presión con la manifestación convocada en Bilbao. La movilización estuvo precedida de un llamamiento similar, hace un mes, por parte de 700 excarcelados de ETA, reunidos en Usurbil (Gipuzkoa). “Valerse de la legislación y del reglamento penitenciario no cuestiona en ningún modo el carácter militante de ningún preso ni el valor y la dignidad de su trayectoria. Ni ahora ni antes”, subrayaba el texto.

Amnistía

La pasada semana, un comunicado de la propia ETA respaldaba a Sortu y desautorizaba a ATA (Amnistia ta Askatasuna), la organización disidente que rechaza la asunción de la legalidad penitenciaria de los presos etarras y reclama la amnistía. Y el viernes, el candidato de Bildu, Arnaldo Otegi, recientemente excarcelado, reforzaba la consigna oficial. Este pulso político refleja la tensión existente en las cárceles y está vinculado a la distinta situación de los casi 400 presos de ETA, el 95% en primer grado —el más duro— por no asumir la legalidad penitenciaria. En el caso de acogerse a la legalidad, alrededor de un centenar podrían lograr beneficios penitenciarios y obtener salidas parciales a corto plazo, según el Gobierno vasco. Las mismas fuentes calculan que para 2.020 la mitad de los presos etarras, 200, podrían salir de la cárcel si asumieran la legalidad penitenciaria.

Sin embargo, otros 200, la otra mitad, juzgados con el Código Penal reformado, de 2003, que sube hasta 40 años las condenas por terrorismo, tienen su futuro en entredicho. Es en este colectivo y en sus familiares en el que prenden las consignas de ATA, de oposición a asumir la legalidad penitenciaria. Es el caso de Daniel Pastor, condenado a 500 años por el nuevo Código Penal, por el asesinato del inspector de policía, Eduardo Puelles, en 2009. O el de Jon Kepa Preciado, condenado a más de 400 años por tratar de asesinar a la edil socialista vasca, Esther Cabezudo. Ambos disienten de la posición pragmática de Sortu y su abandono de la consigna de amnistía.

El resultado de esa tensión es el inmovilismo de los presos que, salvo unas pocas excepciones que han empezado a trabajar en prisión, mantiene una unidad forzada por la presión de los que tienen peores expectativas. En Sortu confían que esta campaña sirva para abrir un debate en el colectivo y empiecen a dar pasos. Pero en la Consejería de Interior del Gobierno vasco el escepticismo es mayor al no percibir movimientos de calado.

El ejemplo de los dirigentes políticos

El Gobierno vasco valora la decisión de Sortu de pedir a los presos que asuman la legalidad penitenciaria, pero estima que la asunción de su complicidad política con el terrorismo, que ya han aceptado algunos dirigentes políticos procesados, allanaría el camino. Cree también que contribuiría al acercamiento de presos a las cárceles vascas así como a la flexibilización de la política penitenciaria.

El Gobierno vasco, en su programa de apoyo a los colectivos en riesgo de exclusión, colabora con Harrera, una institución de ayuda a los presos de ETA. Harrera trata de encontrar trabajo y vivienda y ofrece una ayuda básica a excarcelados de ETA. Constituida hace cuatro años, ha logrado empleo para 60 personas y mantiene una ayuda a otras 30 de 500 euros al mes, habiendo sido atendidas hasta 135 en este tiempo.

También reciben asistencia médica. Alrededor de una docena son atendidos por un psicólogo, aunque los servicios dentales y de visión son los más requeridos.