Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete
Selecciona Edición
Tamaño letra

Soria, del parón a las renovables al apoyo a las prospecciones en Canarias

Durante su mandato, Industria ha impulsado la búsqueda de gas y petróleo y el ‘fracking’

Jose Manuel Soria
José Manuel Soria, exministro de Industria, en su despacho.

Una de las mayores polémicas en las se metió el ya exministro de Industria durante la pasada legislatura fue en su tierra, Canarias. Desde su departamento, José Manuel Soria impulsó las prospecciones en aguas de las islas. Repsol ideó esas exploraciones en busca de gas y petróleo hace 15 años, pero el proyecto no tomó forma hasta la llegada de Soria al ministerio.

Industria concedió los permisos. Y Repsol, con una enorme oposición social y del Gobierno canario, comenzó su búsqueda de hidrocarburos. Esta aventura se cerró en enero de 2015, tras siete semanas de trabajos. La compañía argumentó que no había encontrado suficiente gas para fuera rentable seguir adelante.

"Es una mala noticia para España y para Canarias", dijo Soria cuando se conoció la renuncia de Repsol a seguir con este proyecto, que fue celebrada en las islas. Además de conceder los permisos a la compañía, el exministro impulsó una reforma de la Ley del Sector de Hidrocarburos que incluye una nueva fiscalidad para que autonomías, Ayuntamientos y propietarios de suelos se beneficien de las extracciones de gas y petróleo. El objetivo era romper la oposición a las prospecciones con promesas de ingresos extras.

'Fracking'

Esos mismos incentivos fiscales también se contemplan para el fracking, una polémica técnica de extracción de gas y petróleo que no se ha usado en España aún, pero que también ha sido impulsada por Soria durante la legislatura a través de varios cambios legales. "España no puede permitirse el lujo de desconocer si realmente tenemos o no hidrocarburos", decía el exministro cuando se le preguntaba sobre la fractura hidráulica.

Sin embargo, el fracking, por sus afecciones ambientales, levanta también una gran oposición. Varias comunidades autónomas aprobaron leyes en las que se vetaba el uso de esta técnica, que consiste en inyectar a través de pozos agua, arena y productos químicos a gran presión para sacar el petróleo y gas de las rocas. El Gobierno llevó al Constitucional esas leyes regionales y consiguió que fueran anuladas.

Hace solo siete días, estando en funciones, el Ejecutivo decidió hacer lo mismo con la ley vasca que pone trabas al fracking. Esta norma, paralizada ahora por el Constitucional, contaba con el apoyo del PP vasco. El principal argumento que empleaba Soria y su equipo para defender la apuesta por la búsqueda de petróleo y gas era que el país necesita reducir su dependencia energética.

Renovables

El impulso a la búsqueda de gas y petróleo se produjo de forma paralela a la paralización decretada sobre las energías renovables. Con una factura eléctrica disparada, una de las primeras medidas que adoptó Soria al llegar al ministerio fue decretar un parón a las renovables. Se suspendieron las primas para la eólica y la fotovoltaica para intentar contener el déficit de tarifa. Y en España prácticamente no se han instalado nueva potencia renovable durante esta legislatura.

La suspensión de las primas ha supuesto un aluvión de recursos judiciales contra el Gobierno dentro y fuera de España. La justicia española, con el Constitucional a la cabeza, ha respaldado el parón de los incentivos. Fuera hay una veintena de empresas e inversores que han acudido a órganos de arbitraje internacionales con millonarias reclamaciones contra el Estado.

Impuesto al sol

Una de las últimas medidas tomadas por Soria antes de las elecciones generales del pasado año fue la aprobación de la normativa de autoconsumo energético, que regula la instalación de placas solares en los domicilios de particulares y empresas. Tras varios años de especulaciones y borradores, se aprobó la norma, que incluye varios peajes. Uno de ellos es el llamado impuesto al sol, que grava el autoconsumo de la energía que se produce desde esos paneles cuando se está conectado a la red. 

Aunque el ministerio libró finalmente de este peaje a los pequeños consumidores, la polémica no ha cesado. Y una amplia mayoría parlamentaria (que incluye a PSOE, Podemos y Ciudadanos) se ha comprometido ya a eliminar el impuesto al sol.

Nucleares

También existe un cierto consenso entre esos tres partidos sobre la necesidad de un calendario de cierre de las centrales nucleares en España. Sin embargo, cada vez que ha surgido este debate, el exministro de Industria ha defendido la necesidad de que esta tecnología siga presente en España. Y lo ha hecho augurando tremendas subidas del recibo de la luz si España deja de lado la energía nuclear.

Ese mismo argumento lo empleó para defender el almacén de residuos nucleares que el ministerio impulsa en Villar de Cañas (Cuenca) y que la Junta de Castilla- La Mancha ha logrado paralizar con varios cambios normativos. La designación de Villar de Cañas, donde existen serias dudas sobre si los suelos son idóneos, también fue una decisión del equipo de Soria. 

Castor

Soria también ha tenido que hacer frente durante su mandato al fiasco del almacén de gas de Castor, que desencadenó medio millar de pequeños terremotos durante la fase de puesta en marcha. Tras paralizar el proyecto por estos problemas, el Gobierno aprobó una indemnización de 1.350 millones de euros, a los que recientemente se ha sumado el reconocimiento por parte de Industria de otros 295 millones. El contrato de este almacén submarino, ubicado frente a las costas de Vinaròs (Castellón), tenía una cláusula por la que si la obra se paralizaba, la promotora Escal UGS (controlada en un 66,7% por ACS) tenía derecho a que el Estado le devolviera la inversión. 

Esa cláusula se remonta a 2008, a la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. El Tribunal Supremo, en 2013, ratificó su legalidad. La indemnización, que la empresa ha empleado para devolver la inversión que había pedido, entre otros, al Banco Europeo de Inversiones, la pagarán los consumidores a través de la factura de la luz durante los próximos 30 años. Todavía existe una posibilidad de que la empresa devuelva ese dinero si se demuestra que la compañía obró mal durante los trabajos de preparación del almacén. Un juzgado de Vinaròs tiene abierta una investigación sobre el caso.  

Más información