Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete
Selecciona Edición
Tamaño letra

El juez investiga una “trama corrupta” en el Ayuntamiento de Granada

El alcalde, al que el PP ha suspendido de militancia, y una edil quedan en libertad tras su detención por 10 presuntos delitos

El alcalde de Granada, José Torres, al ser detenido en el Ayuntamiento. FOTO: M. ZARZA / ATLAS

La policía ha registrado el Ayuntamiento de Granada, varias empresas y también domicilios particulares en busca de datos sobre un posible entramado de corrupción urbanística, según han confirmado fuentes policiales. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) central investigan la construcción de una discoteca y una pista de patinaje en una zona verde junto a un gran centro comercial (Serrallo Plaza), así como la ocupación de terrenos privados y otros supuestos delitos reflejados en dos querellas. Fuentes policiales han confirmado que han detenido al alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), su edil de Urbanismo, Isabel Nieto, y otras 15 personas supuestamente implicadas. Los agentes han leído sus derechos al alcalde (que gobierna la ciudad gracias a Ciudadanos) antes de interrogarle. Ha quedado en libertad con cargos por presuntos delitos de cohecho, fraude en la contratación, asociación ilícita, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, estafa, falsedad en documento mercantil, administración desleal y contra la ordenación del territorio. El PP ha suspendido de militancia al regidor y le ha pedido que dimita.

La investigación está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Granada y se inició tras dos querellas presentadas por la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo. El Tribunal Superior de Justicia de Granada ha hecho pública una escueta nota en la que asegura que la operación tiene como objeto "investigar la existencia de una trama corrupta en el Ayuntamiento de Granada (área de Urbanismo)".

Los agentes han realizado a lo largo del día de una docena de registros, entre ellos los de algunos empresarios de la construcción o vinculados al complejo urbanístico investigado. El sumario del caso está declarado secreto.

Las fuentes han confirmado que está previsto que las personas detenidas han sido puestas en libertad con cargos (como investigadas, antes imputadas) una vez que han prestado declaración. El alcalde de Granada, Torres Hurtado, fue delegado del Gobierno en Andalucía.

Cinco altos cargos del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada están denunciados por la fiscalía desde 2014 por la posible comisión de delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística. La operación permitió la construcción de una discoteca con sala de fiestas y una pista cubierta de patinaje con bar en una zona verde del Plan General de Ordenación Urbana, junto al centro comercial Serrallo Plaza. La denuncia inicial por este caso no afectaba ni al alcalde ni a la edil detenida, sino a técnicos municipales.

Además, la sección de Urbanismo y Medio Ambiente de la Fiscalía de Granada también investiga posibles irregularidades en una operación urbanística supuestamente orquestada para favorecer a un empresario. Por ello pidió en agosto pasado a la policía que tomase declaración a José Torres Hurtado, a la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, al concejal de Economía, Francisco Ledesma, y otros ocho altos cargos del Ayuntamiento de Granada.

Esta investigación respondía a las demandas del empresario Ramón Arenas, que denunció la invasión de una parcela de su propiedad por la construcción de un pabellón deportivo que fue adjudicado en el año 2007 por concesión administrativa al empresario Roberto García Arrabal, como representante legal de la Fontdeis SL. Arenas considera que se ha producido una "estafa inmobiliaria". Para la fiscalía, los hechos podrían ser constitutivos de un delito contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, prevaricación común, falsedad, malversación de caudales públicos, y tráfico de influencias.

El Gobierno municipal sostiene que todas las operaciones económicas vinculadas al caso, entre las que se encuentran 2,5 millones de los que buscan justificación, están debidamente documentadas. Sin embargo, la oposición cuestiona las actuaciones urbanísticas, que podrían costarle la alcaldía al PP, que gobierna con apoyo de Ciudadanos.

IU ha pedido ya la celebración de una moción de censura que permitiría, si Ciudadanos retira su apoyo a Torres Hurtado, establecer un gobierno municipal socialista al que tendrían que respaldar estos partidos y Podemos.

El diputado y portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Luis Salvador, ha confirmado la ruptura de relaciones con el PP en Granada al considerar el caso "gravísimo" y se ha mostrado dispuesto a una moción de censura al alcalde "para favorecer una nueva realidad en el Ayuntamiento para intentar sanearlo".

Más información