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Multa para un periodista que publicó la foto de una detención policial

El fotógrafo, de la revista vasca 'Argia', ha sido sancionado por la Ley de Seguridad Ciudadana

La marcha contra la Ley Mordaza, ante el Ayuntamiento de Madrid.
Marcha contra la Ley Mordaza, ante el Ayuntamiento de Madrid, en julio de 2015. AFP

Un periodista de la revista vasca Argia ha sido multado con 601 euros por colgar en su cuenta de Twitter una imagen de una actuación policial registrada el pasado 3 de marzo en Eibar (Gipuzkoa). Según relata la propia revista, el periodista Asier López ha recibido la notificación de la sanción, impuesta en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, también conocida como Ley Mordaza.

En la notificación de la sanción se explica que el periodista publicó la imagen en su cuenta de esta red social "sin autorización" y se argumenta que en la fotografía "es posible la identificación de los agentes actuantes, con el riesgo que para los funcionarios puede derivar su identificación pública".

Según los implicados, López fotografió la detención de Naroa Ariznabarreta en Eibar por no acudir a la vista en la que se la juzgaba por un corte en la AP-8 en protesta por la ilegalización de la organización juvenil Segi en 2007. La revista Argia ha comunicado en su edición digital que ha decidido no pagar la sanción impuesta a este informador.

La Asociación Vasca de Periodistas (AVP-EKE) y el Colegio Vasco de Periodistas (CVP-KEE), con el apoyo de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) han condenado este jueves la sanción. Para la AVP y el CVP, esta ley "es un ataque directo al derecho de información y, por tanto, a la labor que desarrollan los profesionales de los medios de comunicación".

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) también ha condenado la sanción. Para la plataforma, la multa impuesta al periodista supone un ataque a la libertad de información y al derecho a la información porque, a su juicio, las actuaciones policiales no pueden quedar "fuera del escrutinio público" y los ciudadanos tienen derecho "a que puedan ser documentadas".

La plataforma critica la ambigüedad de la ley que permite "estas sanciones discrecionales sin valoración judicial previa, a pesar de que afectan a derechos fundamentales".

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