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Con Malaya empezó todo

Se cumplen 10 años de la macrooperación contra la corrupción en Marbella

Con Malaya empezó todo. Roca durante una declaración en 2011. FOTO: JULIÁN ROJAS / VÍDEO: EL PAÍS TV

La Operación Malaya es la madre de todas las macrocausas de corrupción de la época moderna. Y lo es tanto por su tamaño —más de cien detenidos en tres fases— como por las consecuencias políticas que acarreó: por primera vez en la historia de la democracia española, el Gobierno disolvía un Ayuntamiento, el de Marbella, por "gestión gravemente dañosa". También lo es por el momento en que se produjo: este miércoles, 30 de marzo, se cumplen 10 años desde que la policía, a las órdenes del joven juez Miguel Ángel Torres, desembarcara en un Consistorio podrido hasta los cimientos por el gilismo. Los continuadores del fallecido alcalde Jesús Gil, con el asesor Juan Antonio Roca a la cabeza, hicieron del Ayuntamiento marbellí, y en especial del urbanismo, una fabulosa fuente de riqueza personal.

Una década después de la macrooperación policial —en la que se hicieron célebres el falso Miró que presidía el cuarto de baño de Roca o el tigre enjaulado que el exasesor tenía en su mansión de la finca La Caridad— los protagonistas de la trama se encuentran en prisión. Roca, el cerebro de la red, solo ha pisado la calle durante una semana desde 2006. A la condena a 17 años de cárcel por el caso Malaya que le impuso el Tribunal Supremo tras revisar la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, Roca ha sumado penas por los dos casos Saqueo, enjuiciados en la Audiencia Nacional.

También han vuelto a la cárcel la exalcaldesa Marisol Yagüe, una marioneta manipulada por Roca que daba curso a todos sus designios urbanísticos a cambio de sustanciosos sobres con dinero negro proporcionado por los promotores con intereses en la localidad. O la ex teniente de alcalde y exdirigente socialista Isabel García Marcos, antiguo flagelo del gilismo y que harta de ver cómo todo el mundo se enriquecía a su alrededor optó por pasarse al lado oscuro. El exalcalde Julián Muñoz, gravemente enfermo, acaba de obtener el tercer grado penitenciario.

Decir que Malaya es la madre de todas las corrupciones es algo más que efectismo barato. Más allá de sus derivadas folclóricas, como la detención y posterior prisión de la cantante Isabel Pantoja en una pieza separada del caso, o el encarcelamiento del expresidente del Sevilla José María del Nido por el caso Minutas, la causa marbellí ha tenido mucho de pionera en la lucha contra la inmoralidad política. Malaya fue el primer aldabonazo que provocó en la sociedad la actual preocupación por la corrupción. La enorme envergadura de la causa ha servido como modelo para organizar otras investigaciones posteriores, como el caso Gürtel, dividido en numerosas piezas para hacerlo manejable. El juicio en la Audiencia Provincial, que duró año y medio, obligó a introducir innovaciones no previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como la posibilidad de que los acusados no tuvieran que estar presentes en todas las jornadas de la vista oral.

Diez años después, Marbella ha recuperado cierta estabilidad institucional. Primero una gestora se hizo cargo del Ayuntamiento tras la disolución gubernamental, que vino facilitada por el hecho de que la segunda ciudad de Málaga no estaba gobernada por ninguno de los partidos mayoritarios. Entre 2007 y 2015, Ángeles Muñoz, del PP, obtuvo dos mayorías absolutas en las que se esforzó en reducir la deuda municipal, de 600 millones de euros, negociando con bancos, proveedores, Seguridad Social y Hacienda. Tras los comicios de 2015, Muñoz solo obtuvo mayoría simple, y fue sustituida en la alcaldía por el socialista José Bernal, que gobierna apoyado por IU, Costa del Sol Sí Se Puede y los localistas de Opción Sampedreña.

Sin embargo, los problemas derivados de quince años de gilismo permanecen en buena medida. Además de una falta absoluta de suelo para equipamientos públicos en la ciudad, Marbella se encuentra ahora sin un plan urbanístico vigente. El plan de 2010, pactado por el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía y que en la práctica amnistiaba a las 16.500 viviendas ilegales de Marbella, fue anulado por el Tribunal Supremo en una sentencia reciente. Marbella se encuentra de nuevo en un limbo urbanístico.