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Barberá lidera la rebelión de los concejales

La exregidora de Valencia y su equipo de confianza en el Ayuntamiento se aferran a los estatutos para no dimitir

Barberá, en una rueda de prensa el pasado martes.

La exalcaldesa de Valencia Rita Barberá sigue siendo la jefa del grupo de ediles de Valencia investigados por un presunto blanqueo de capitales. Barberá no se anduvo con rodeos en su aparición pública del martes. Ni ella ni los nueve ediles imputados están obligados a entregar sus actas si no se les abre juicio oral. “Está más claro que el agua”, remachó Barberá. El que fuera su equipo de confianza se aferra a esta línea roja y se resiste a dimitir como se comprometieron con la presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, cuando se levantase el secreto parcial del caso Taula.

El levantamiento del secreto de sumario del blanqueo de 50.000 euros colocó los focos sobre el grupo de ediles del PP en el Ayuntamiento de Valencia. La práctica totalidad del mismo está investigado —solo uno de ellos, Eusebio Monzó, está fuera de ella—, y la presión sobre ellos de la dirección regional del PP —que tras conocerse este nuevo escándalo habló incluso de refundar el partido— crece conforme pasan los días.

La necesidad de marcar distancias con los implicados en este nuevo caso de corrupción es perentoria para la presidenta Bonig, que se propone pelear por la presidencia en el nuevo cónclave popular, todavía sin fecha. Desde que estallara el caso Taula, Bonig, aupada a la dirección regional con el beneplácito de Barberá, ha intentado tomar medidas ejemplarizantes con los ediles sin conseguirlo.

Que la senadora sea aforada le ha librado de ser investigada hasta ahora, pero el instructor del caso Taula está dispuesto a elevar al Tribunal Supremo una exposición razonada para imputarla también por el blanqueo, dado que la exregidora ha reconocido que donó 1.000 euros al partido, como el resto del grupo municipal, para financiar la campaña electoral de 2015.

Acta de senadora

Barberá no se plantea dejar su acta de senadora. Su último argumento son los estatutos del PP, que solo obligan a dimitir si se abre juicio oral. Lo explicó en su comparecencia del martes.
El portavoz municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Novo, uno de los nueve investigados, reproducía solo una hora después en otra conferencia de prensa parecidas razones: la línea de los estatutos del partido es clara. Novo anunció que los ediles no dimitirían e insistió en que pedirían el sobreseimiento del caso porque no había “pruebas de cargo ni datos que demuestren comisión de delito, solo declaraciones de testigos”. Todos navegan en la misma dirección: ganar tiempo y ver qué pasa.

Pero la presidenta regional del PP no está dispuesta a aceptar lo que considera un acto de rebeldía y anteayer les recordó a los ediles, uno a uno, el pacto al que llegaron 30 días atrás: que entregarían su acta cuando se conociesen los detalles del caso, cosa que sucedió el lunes pasado. La dirección regional les ha dado un ultimátum: o se van o les abrirán un expediente disciplinario por incumplir el pacto con Bonig.

De momento, el grupo de concejales actúa en bloque, pero alguno de ellos podría optar por entregar el acta. En este sentido, el expediente informativo abierto por la dirección nacional del PP a Barberá y a su equipo aumenta la presión sobre ellos.

La tensión en su entorno no cesa. Ayer, en plena fiesta fallera, un concejal del equipo de gobierno del alcalde Joan Ribó —Giuseppe Grezzi— recriminó a uno de los asesores del PP investigados por blanqueo —Luis Salom— que estuviese en el balcón del Ayuntamiento con el resto de invitados al disparo de fuegos del mediodía.