Condena de 4 años de prisión a un policía que puso multas falsas por despecho

El agente asedió con sanciones falsas a una conductora con la que flirteó, molesto porque le había ocultado que tenía pareja

La Audiencia de Barcelona ha condenado a cuatro años y medio de prisión y seis de inhabilitación a un policía municipal de la capital catalana por asediar con multas falsas a una conductora con la que flirteó, molesto porque le había ocultado que tenía pareja. La sentencia condena al agente, David R., por un delito continuado de falsedad en documento oficial y le obliga a indemnizar con 4.500 euros a la víctima, al tiempo que anula todas las sanciones falsas que el procesado le impuso.

Según cree probado el tribunal, el procesado, que desde el año 2010 era guardia urbano de Barcelona, conoció el 21 de noviembre de 2012 a la víctima en un control preventivo de alcoholemia en el que la conductora llegó a los 0,25 miligramos, superior al máximo que permite la ley. Pese a presentar ese nivel positivo de alcoholemia, el procesado dejó irse a la conductora sin denunciarla mientras le explicaba que, debido a los márgenes de error de la prueba practicada, era posible que se encontrara por debajo de la infracción administrativa.

El policía y la conductora, de 27 años, estuvieron conversando amistosamente durante unos instantes, tras lo que se intercambiaron las identidades y los números de teléfono, con los que posteriormente se cruzaron varios mensajes de WhatsApp, añade el fallo. A raíz de esa relación telefónica, ambos quedaron para tomar un café en un bar de un centro comercial y no volvieron a verse, aunque se cruzaron algún mensaje más.

Según la sentencia, en uno de esos WhatsApp, que han sido aportados como prueba en el juicio, el guardia urbano avisaba a la víctima de que a través de su perfil de Facebook había descubierto que tenía pareja y le reprochaba que quisiera quedar con él pese a estar comprometida.

A los meses de su primer encuentro, el acusado tramitó cuatro boletines de denuncia contra la víctima por varias infracciones a las ordenanzas municipales, en las que le atribuía hechos que no habían sucedido en lugares donde la mujer, que reside fuera de Barcelona, ni siquiera había estado. La víctima recurrió todas las sanciones, que se le anularon en 2014 porque el acusado no ratificó su contenido, al tiempo que presentó la denuncia que dio pie al proceso penal.