Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete

Patxi López advierte de “un conflicto institucional grave” con el Gobierno

El Congreso podría llevar al Ejecutivo en funciones al Constitucional por negarse a someterse al control parlamentario

Patxi López en el Congreso el pasado 10 de marzo. Uly Martín / Vídeo: Congreso de los Diputados

La negativa del Gobierno en funciones a someterse al control del Congreso ha abierto un “conflicto institucional grave”, en palabras del presidente de la Cámara, Patxi López, que puede acabar en el Tribunal Constitucional. Todos los grupos, salvo el PP, han aprobado este martes en la Mesa y la Junta de Portavoces que en el próximo pleno, el 29 de marzo, haya sesión de control al Ejecutivo. La Moncloa reiteró su negativa a comparecer. El jueves, la Comisión de Defensa arrancará llamando al ministro Pedro Morenés, quien no acudirá.

Congreso y Gobierno, el poder legislativo y el ejecutivo, han abierto un “conflicto institucional grave” sin precedentes, según la descripción del presidente de la Cámara baja, Patxi López. El conflicto tiene su origen en la negativa tajante del Gobierno en funciones que preside Mariano Rajoy a ser controlado por el Congreso surgido tras las elecciones generales del 20 de diciembre, con una mayoría y una representación muy diferente de la que tenía el que les eligió (el PP ha pasado de una holgada mayoría absoluta a tener 130 diputados de un total de 350).

Este martes, la Mesa del Congreso y la Junta de Portavoces, con el apoyo de todos los partidos salvo el PP, aprobaron celebrar sesiones de control al Gobierno y hacer comparecer a ministros cuando lo exijan los diputados. Y el Ejecutivo reiteró su negativa radical e inamovible a someterse a tal control.

Una vía legal de muy escasa aplicación

Solo una vez el Congreso y el Gobierno han usado la vía del conflicto de atribuciones. Terminó en una sentencia en 2000 por un recurso inverso, es decir, del Ejecutivo contra el Parlamento. Como ahora, el motivo era que un órgano constitucional no permite a otro ejercer sus funciones.

Está previsto para “el caso en que alguno de los órganos constitucionales estime que otro de dichos órganos adopta decisiones asumiendo atribuciones que la Constitución o las leyes orgánicas confieren al primero”.

El Gobierno entiende que la Cámara baja no puede someter a control al Ejecutivo y remitió la pasada semana una carta al Congreso negando la comparecencia del ministro de Defensa, citado por los grupos para mañana. Patxi López respondió el lunes por la tarde con una misiva dirigida a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, pidiéndole que reconsidere la negativa.

La carta de Patxi López advierte de que la decisión adoptada por el Gobierno conculca su obligación de someterse al control político del Congreso, de acuerdo con la ley 50/1997, artículo 26-2, que dice literalmente: “Todos los actos y omisiones del Gobierno están sometidos al control político de las Cortes Generales”. Y concluye pidiendo que “reconsidere su actitud y modifique su decisión de no acudir a la comparecencia incluida en el orden del día de la Comisión de Defensa del día 17 de marzo así como a otros futuros requerimiento de la Cámara”.

López no quiso adelantar qué medidas se tomarán si el Gobierno no acude a la Cámara, pero apuntó que es posible plantear un “conflicto de atribuciones” ante el Tribunal Constitucional. Esa vía debe ser decidida por el pleno del Congreso. Esa vía, según el presidente del Congreso, sirve para evitar que una institución impida a otra ejercer sus potestades. En este caso, el Gobierno en funciones impide la tarea de control del Congreso.

Artículo 73

La situación está prevista en el artículo 73 de la Ley del Tribunal Constitucional, y concluye que “la sentencia del tribunal determinará a qué órgano corresponden las atribuciones constitucionales controvertidas y declarará nulos los actos ejecutados por invasión de atribuciones y resolverá, en su caso, lo que procediere sobre las situaciones jurídicas producidas al amparo de los mismos”.

No obstante, los plazos de alegaciones previstos impiden que haya sentencia antes de que se disuelvan las Cortes el 2 de mayo, para el caso de que no haya presidente investido antes.

En nombre del Ejecutivo, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, ratificó su negativa a cumplir la decisión de la Cámara. Ayllón anticipó que la vicepresidenta respondería negativamente a la carta del presidente del Congreso.

El PSOE es partidario de que el pleno del 29 de marzo apruebe ya dirigirse al Constitucional. “Es insólito que el Gobierno se vaya a declarar en rebeldía respecto al Congreso”, aseguró el socialista Antonio Hernando. Añadió que se incluirá en el orden del día del pleno del 29 de marzo la comparecencia del presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, para dar cuenta de dos consejos europeos como exige la ley. Si no hay cambio de posición, ese día se producirá una situación insólita y es que no acudirá Rajoy.

La primera prueba de esa supuesta “rebeldía” del Gobierno será el jueves en la Comisión de Defensa, cuando se inicie la sesión sin el ministro Pedro Morenés.

Más información