El fiscal pide cárcel a una exedil de Podemos por estafar a inmigrantes

La exconcejal de Puerto Real (Cádiz) Mónica González defraudó supuestamente 485.677 euros a ciudadanos latinoamericanos con falsas ofertas de empleo

ampliar foto
El alcalde de Puerto Real, Antonio Romero, y la entonces concejal, Mónica González, en 2015

Mónica González, ex concejal de Podemos en Puerto Real (Cádiz), y otras seis personas serán juzgadas el martes en la Audiencia Nacional por estafar un total de 485.677 euros a inmigrantes latinoamericanos con falsas ofertas de empleo a través de la empresa Eurowork. La exedil, que dimitió tras ser imputada en octubre de 2015, y sus compañeros de banquillo se enfrentan a una petición del fiscal de cuatro años de cárcel por estafa, mientras que la acusación particular reclama para todos ellos 10 años de prisión al añadir el delito de asociación para delinquir.

El fiscal sostiene en su escrito de acusación que los acusados ofrecían puestos de trabajo inexistentes a ciudadanos de diversos países de Latinoamérica. Para tramitar el supuesto contrato de trabajo en España, la empresa Eurowork exigía a cada inmigrante 464 euros. Pese a esa promesa, “no se entregaron los visados, permisos de residencia y trabajo ofertados, ni se ha constatado la consumación de las contrataciones laborales” ni tampoco que se “les devolviera el dinero depositado”, señala el escrito. El fraude de Eurowork afectó a más de 5.000 personas.

El supuesto cerebro de la trama era Luis Batlle. Este fundó las dos empresas del entramado -Eurowork Global y Eurowork Hispania- y era el que ejercía el control económico de la organización. Batlle y la exedil Mónica González, licenciada en Derecho y experta en inmigración y extranjería, asumió la condición de administradora única de las empresas en un periodo.

Ambos directivos crearon "cuentas bancarias, que fueron posteriormente descapitalizadas por ellos, utilizando las cantidades en ellas depositadas por los clientes de Eurowork, para propósitos ajenos a los fines sociales ofertados", indica el fiscal.

Simultáneamente, Batlle y González, junto al acusado Mario Eduardo Vallés, disponían de los envíos de dinero a Eurowork -por un valor aproximado de 12.000 euros-, "desconociéndose la utilidad que dieron a dicha cantidad y, en todo caso, ajena al objeto de los contratos formalizados con los perjudicados".

Más información