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¿A qué destina la Iglesia católica nuestro impuesto de la renta?

La Conferencia Episcopal paga con el dinero público campañas contra el aborto, beatificaciones y la financiación de 13TV

El presidente de la Conferencia Espiscopal Ricardo Blázquez. Bernardo Pérez

Uno de cada tres españoles marca la casilla de la Iglesia católica cuando hace la declaración de la renta. Con ese gesto, envía el 0,7% del impuesto a las arcas de la Conferencia Episcopal, que distribuye los aproximadamente 250 millones anuales que supone esta aportación. Una cantidad que no se detrae de lo que pagan esos ciudadanos concretos, sino de todos, sean católicos o no.

¿A qué se destina esa asignación directa del IRPF? Básicamente, y en contra de la creencia común de que en su mayor parte va a Cáritas y otras organizaciones católicas de fines sociales, a sostener su estructura, el culto y el clero. Cerca del 80% se envía a las diócesis “para su sostenimiento”. El resto se emplea en pagar la seguridad social de sacerdotes y religiosos, en retribuir a los obispos, alimentar el funcionamiento de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y financiar las facultades eclesiásticas, entre otros.

Pero hay partidas menos específicas, como “actividades pastorales nacionales” (7,7 millones), que funcionan como cajones de sastre y de las que apenas se sabe nada porque la CEE solo publica un escueto desglose anual. De allí no solo salen los seis millones de la televisión 13TV, sino también partidas destinadas a pagar reformas de edificios, campañas contra el aborto (162.522 euros) y beatificaciones (100.000 euros), según ha comprobado EL PAÍS, que ha accedido a las cuentas de 2013, las últimas sobre las que ha rendido cuentas la Iglesia.

Cuando en 2006 el Gobierno y los obispos pactaron el sistema de financiación actual, que incrementó un 37% la asignación tributaria (del 0,52% al 0,7%), acordaron también que esta presentaría una memoria justificativa de sus gastos. La CEE hace públicas las grandes cifras, pero no el documento técnico que envía al Ministerio de Hacienda, con dos años de retraso, para especificarle en qué emplea el dinero de la equis católica.

Tres de las religiones de “notorio arraigo” en España –musulmanes, judíos y protestantes; las otras son los testigos de Jehová, budistas y los mormones se repartieron 1,2 millones de euros en subvenciones a proyectos educativos, culturales y de integración social en 2013, con la condición de que no las destinaran a salarios de clérigos ni a actividades de culto. La católica es la única confesión que recibe directamente del Estado fondos para culto y mantenimiento del clero. Hasta 2006 también recibía una dotación presupuestaria, que desapareció al aumentar el porcentaje del IRPF.

Las únicas casillas que se pueden marcar son la de la Iglesia católica y la de otros fines de interés social. Las otras grandes confesiones llevan años pidiendo tener su propia casilla, sin éxito. La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (Ferede) lo llevó a los tribunales, pero la Audiencia Nacional tumbó su petición el año pasado.

Los 250 millones del IRPF son solo una pequeña parte del dinero público que las distintas administraciones destinan a financiar a la Iglesia católica en España. A esa cantidad hay que sumar las subvenciones que recibe de ministerios, comunidades autónomas y ayuntamientos, las exenciones y bonificaciones tributarias que aún conserva, como el IBI, los conciertos educativos (posee 2.601 colegios) y sociosanitarios (es propietaria de 68 hospitales y 801 asilos) y el mantenimiento que hacen las instituciones del patrimonio que posee la Iglesia.

Según un cálculo reciente de Europa Laica, el Estado aporta, a través de subvenciones directas o indirectas y exención de tributos, más de 11.000 millones de euros anuales a la Iglesia católica. Esta organización asegura que disfruta de un “verdadero paraíso fiscal” y denuncia que sus cuentas son “totalmente opacas”. Europa Laica rechaza también la casilla de fines sociales porque, dice, “la acción social la debe atender el Estado como derecho, no como caridad”.

Estas son algunas de las actividades que financian los obispos con el IRPF de los ciudadanos, según las cuentas consultadas por este diario:

Campaña por la vida

La Conferencia Episcopal destinó 162.522 euros a financiar una campaña contra el aborto titulada ‘Campaña por la vida’. Con el lema Este soy yo… humano desde el principio, incluyó carteles, 1.300 vallas publicitarias por toda España y un vídeo para Internet y redes sociales. “Debemos reiterar que la actual legislación española sobre el aborto es gravemente injusta”, dijeron los obispos cuando la presentaron.

Ese concepto se incluyó bajo la partida genérica Actividades pastorales nacionales, que la CEE ni siquiera desglosa en el documento técnico que entrega al Gobierno. Hay una veintena de gastos incluidos. Como una aportación al Tribunal de la Rota (268.000 euros), donde se juzgan conflictos eclesiásticos; la peregrinación a Roma de familias (5.690 euros); las obras en el Colegio Español de Roma (543.040 euros), que no es un centro educativo sino una residencia para religiosos; obras de mejora en la sede de la CEE en Madrid (105.711 euros), en una residencia sacerdotal (296.114 euros); o una subvención para traducir las obras completas de Joseph Ratzinger (4.167 euros).

El IVA de las obras

Casi 4,9 millones de euros de la asignación tributaria se destinaron a compensar a las diócesis por la exención del IVA que dejaron de disfrutar en 2007. En aquel año el Estado empezó a reclamar a la Iglesia católica que pagara este impuesto. En realidad, se trató de una exigencia de la Unión Europea, que en diciembre de 2005 emitió un dictamen amenazando al Gobierno con llevarlo al Tribunal de Justicia de Luxemburgo si España seguía saltándose el derecho comunitario.

Desde entonces, las diócesis envían un informe a la Conferencia Episcopal, consultado por EL PAÍS, en el que detallan todas las obras ejecutadas y en el que calculan el 50% del IVA de las nuevas construcciones y el 25% de las rehabilitaciones. Esas cantidades se las devuelve la Conferencia con parte del dinero de la equis católica.

La diócesis que recibió la mayor compensación en 2013 fue Madrid, con más de 870.000 euros. Ese año hizo obras por valor de 15,4 millones de euros, como la construcción de una parroquia, Beata Teresa de Calcuta, en el barrio de Vicálvaro, que costó 3,1 millones. La obra más cara fue la rehabilitación de la residencia sacerdotal San Pedro, en el centro de Madrid, que costó cuatro millones de euros.

Autopromoción

Casi cuatro millones de euros de los impuestos de los españoles fueron a parar a las campañas de publicidad para la financiación de la Iglesia, es decir, a los anuncios en prensa, radio y televisión para pedir a los ciudadanos que marcaran la equis en el IRPF. Los anuncios en la televisión se llevaron el 70% del presupuesto. Una parte de esa partida también va a promocionar el día de la iglesia diocesana, en el que las parroquias piden a los fieles que hagan donativos para financiar su actividad pastoral.

“Hay pequeños gestos que consiguen una gran repercusión social. Marcar la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta es uno de ellos. Así harás posible que continuemos con nuestra labor ayudando al necesitado y anunciando el evangelio. No te costará más; no te devolverán menos. Programa x tantos.” Así se promocionó la iglesia en una cuña radiofónica en 2013. Apelaba a la labor caritativa, pese a que la asignación tributaria apenas dedica el 2,5% de los 250 millones a esta actividad.

Lo mismo para 13TV que para Cáritas

La aportación a la cadena de la Conferencia Episcopal, 13TV, procede también de la partida Actividades pastorales nacionales. Seis millones de euros, el 80% del total de ese capítulo (7,7 millones de euros), va a parar a esta televisión, que tiene una audiencia del 2,4% (dato de febrero de 2016) y unas pérdidas anuales que rondan los 12 millones de euros, según las cuentas que ha depositado en el Registro Mercantil.

Exactamente la misma cantidad que se destina a 13TV, seis millones de euros, es la que llega a Cáritas. Se trata de una aportación muy reciente. Hasta 2010, la Conferencia Episcopal no destinaba ninguna partida procedente del IRPF a la organización oficial de la Iglesia Católica en España para la acción caritativa y social. Desde entonces ha ido aumentando: en 2011 eran cuatro millones; en 2012, cinco.

Pese a que solo el 3% de todo el presupuesto que maneja esta ONG procede de esta partida, en el documento técnico que la Iglesia envía al Gobierno para justificar a qué destina el dinero del IRPF se detalla su actividad. La Conferencia Episcopal también apela en sus anuncios cada año al trabajo de Cáritas para pedir apoyo económico a los fieles a través de la casilla de la Iglesia. Lo cierto es que no se nutre de esta casilla, como muestran los datos, sino de la de fines sociales, que en 2013 aportó 20,6 millones a esta organización.

“Esta aportación existe solo a partir de la crisis económica. Los obispos deciden hacer un gesto y destinar una cantidad de su dinero ordinario. También lo hacen para animar a los católicos a contribuir”, explica Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal. “Y hay que recordar que Cáritas está en la parroquia y que por tanto se nutre también del envío de fondos a las diócesis para su sostenimiento”, añade. La mayoría de las sedes de Cáritas las gestionan los párrocos y la luz, agua y otros gastos corren a cargo del obispado.

investigacion@elpais.es

10.000 folios en papel

La información que la Conferencia Episcopal hace pública en su página web acerca de cómo gasta la asignación tributaria es escasa: apenas desglosa los conceptos e incluye información irrelevante –porque no se paga con los 250 millones procedentes del IRPF sino con otras subvenciones públicas-- sobre actividad educativa, penitenciaria, sanitaria o caritativa. El País solicitó a través del Portal de Transparencia acceder al documento técnico que los obispos envían al Gobierno. La respuesta fue afirmativa, pero con trabas. “Dada la envergadura de la información […], varios tomos en formato papel que pueden suponer unas 10.000 páginas”, la única manera era consultar los documentos en una oficina del Ministerio de Justicia. Los tomos, como en el caso del resumen público, incluyen centenares de páginas de datos que no se corresponden con el objeto de la justificación. Ni siquiera al Gobierno se le envía un desglose detallado de los gastos. Para obtenerlo fue necesario acudir a la Conferencia Episcopal. “Somos conscientes de que la Iglesia católica no ha rendido cuentas tanto como otras instituciones. Probablemente podríamos ser más transparentes”, reconoce Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, que añade que la CEE está dispuesta a acabar con la tradicional opacidad de sus cuentas.

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