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La actuación de la juez Alaya en el ‘caso ERE’ libra a dos acusados

La Audiencia anula las imputaciones de dos empresarios por materializarse más de 10 años después

Mercedes Alaya, el pasado octubre cuando fue apartada del caso ERE.

Las primeras prescripciones de delitos del caso ERE son ya una realidad. La Audiencia de Sevilla ha anulado las imputaciones de dos empresarios y lo achaca a la inacción de la anterior instructora, Mercedes Alaya, que dejó pasar cuatro años en imputarles e ignoró las múltiples alertas de la Fiscalía Anticorrupción y la Junta andaluza para que actuara, con lo que pasó el tiempo. Cuando fueron acusados, en 2015, ya habían pasado más de 10 años desde que recibieron las subvenciones, por lo que los posibles delitos habían prescrito.

La juez abrió durante sus casi cinco años de instrucción una pieza tras otra hasta acumular diversas macrocausas contra la gestión de la Junta de Andalucía mientras rechazaba el apoyo de otros jueces brindado desde el Poder Judicial.

Esta semana, los jueces de la Audiencia de Sevilla —hoy compañeros de Alaya en la Sección Séptima— subrayan la dejación de la magistrada porque durante cuatro años no tramitó las peticiones de la fiscalía y, sobre todo, de la Junta andaluza, que presentó hasta 13 escritos diferentes —del 28 de octubre de 2011 al 25 de julio de 2014— que por sistema ignoró Alaya. Si la juez se hubiera pronunciado sobre ellos, el reloj de la prescripción se habría parado. "Es indignante que no se recupere ese dinero porque la juez metió en un cajón los escritos", censuran fuentes del caso.

Luis García, empresario y secretario de Organización del PSOE en Las Navas de la Concepción (Sevilla), recibió 270.000 euros del fondo de los ERE para la cooperativa Virgen de Belén el 13 de enero de 2004. Juan Manuel Prieto obtuvo otra ayuda directa de 180.000 euros para la asociación Asnadis el 17 de mayo de 2002. Cuando la Guardia Civil describió sus ayudas a finales de 2014 en un atestado policial, Alaya decidió imputarles en un auto del 6 de febrero de 2015. Pero ya era demasiado tarde para acusarles.

Un mes después, la Fiscalía Anticorrupción se percató del error y pidió el archivo de las actuaciones contra 12 empresarios porque la juez había actuado tarde. Ahora, un año después, la Audiencia ha contestado a los recursos de los empresarios que reclamaron el archivo ante el Juzgado de Instrucción 6, que evitó resolver a favor o en contra. Lo previsible es que tras este archivo se sucedan otras 10 prescripciones firmes, dado que el criterio de la Audiencia servirá de faro para la nueva instructora María Núñez.

Los jueces aclaran en su auto que una sola resolución de Alaya habría parado el reloj, pero que esta nunca se produjo durante cuatro años: "Ninguna de aquellas otras resoluciones reúne la condición [necesaria]". "Hasta ese momento lo que en la causa tenía lugar en esa línea de investigación sobre empresas de la Sierra Norte era —permítasenos la expresión— una indagación a ver qué subvención o ayuda había sido concedida ilegalmente vista la enormidad de la actuación presuntamente delictiva de terceras personas inmersas en los círculos de poder".

Hace un año, Anticorrupción estableció el límite de 450.000 euros para que a una subvención superior a esa cantidad le fuera aplicados los 15 años de prescripción en lugar de los 10 habituales. Como estas dos primeras ayudas son menores han quedado prescritas al seguir la Audiencia el criterio de los fiscales. Una gran pregunta sin resolver es por qué la Guardia Civil tardó tres años en elaborar el atestado de la Sierra Norte de Sevilla en el que se incluían estas ayudas.

Alaya ya sufrió otras prescripciones, pero en el caso Mercasevilla no en los ERE, archivos que beneficiaron a los hermanos constructores de la ministra de Empleo en funciones, Fátima Báñez.

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