El Gobierno pide extraditar a cuatro militares por el crimen de Ellacuría

El Consejo de Ministros reclama a El Salvador la entrega de los acusados

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Un arzobispo y un grupo de periodistas junto a los cuerpos, en 1989.

El Gobierno ha acordado este viernes pedir de nuevo la extradición de cuatro militares de El Salvador involucrados en 1989 en el asesinato de cinco sacerdotes españoles, entre ellos el jesuita Ignacio Ellacuría. Estos cuatro militares fueron detenidos en El Salvador en febrero después de que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco emitiera una nueva orden de detención contra ellos a través de Interpol. El Consejo de Ministros ha solicitado hoy la extradición para que puedan ser juzgados en España por delitos de asesinatos terroristas y crímenes contra la humanidad.

Las órdenes de detención se dirigen contra el coronel Alfredo Benavides Moreno, responsable del batallón Atlacatl, que presuntamente ordenó asesinar a los sacerdotes y a todos los testigos; el sargento Tomás Zarpate Castillo, que se confesó autor de disparos a dos de las víctimas; el sargento Antonio Ramiro Ávalos Vargas, que causó la muerte directa de dos sacerdotes y ordenó matar a dos personas más y Ángel Pérez Vásquez, cabo del mismo batallón Atlacatl, que confesó haber asesinado a uno de los sacerdotes. Todos ellos son sospechosos de haber participado en el asalto a la Universidad Centroamericana en El Salvador el día 16 de noviembre de 1989 y haber provocado la muerte de cinco sacerdotes españoles y tres ciudadanos salvadoreños.

Ellacuría, jesuita asesinado.

La Audiencia Nacional ya había solicitado la entrega de los cuatro militares y las autoridades de El Salvador denegaron la extradición basándose en la nacionalidad salvadoreña de los reclamados. La nueva petición se produce después de que el Tribunal Supremo respaldara el pasado mayo al juez Velasco para seguir investigando el crimen. Según el tribunal, la última reforma de la justicia universal no afecta a la competencia de España para instruir este crimen porque cinco de las ocho víctimas tenían nacionalidad española, además de salvadoreña, y hay “indicios serios y razonables” de que el proceso penal desarrollado en su día en El Salvador no garantizó el castigo y la persecución efectiva de sus responsables.

Velasco ordenó en enero detener a un total de 17 exmilitares salvadoreños, a los que procesó en 2011 por la matanza en la Universidad. El Salvador denegó la entrega de los acusados en 2011, pero recientemente ha dado luz verde a las mismas, de ahí que el juez de la Audiencia reiterara sus órdenes de detención y el Gobierno reclame de nuevo la extradición.

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