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El Gobierno alega que solo lo pueden controlar los jueces

El contencioso entre el Gobierno en funciones y el Parlamento surgido de las urnas del 20-D puede acabar en el Constitucional

Luis Ayllón durante una rueda de prensa este jueves.

El contencioso entre el Gobierno en funciones y el Parlamento surgido de las urnas del 20-D, por la negativa del primero a someterse al control del segundo, puede acabar en los tribunales, en un conflicto entre los poderes Ejecutivo y Legislativo insólito en la democracia española. Esa es, de hecho, la vía que apuntó este jueves el secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, quien sugirió que “en caso de discrepancia, se puede disponer de las oportunas vías judiciales, en la defensa de los derechos del Parlamento”.

El Ministerio de la Presidencia remitió ayer su respuesta a la petición de que el ministro de Defensa en funciones, Pedro Morenés, comparezca el próximo jueves ante la comisión correspondiente del Congreso para dar cuenta de los acuerdos adoptados en la reunión que mantuvo el pasado día 17 en Bruselas con sus homólogos de la OTAN y, en particular, sobre la nueva operación naval aliada contra las mafias que trafican con refugiados en el Egeo.

“Comunico a V. E. que el criterio del Gobierno es que la Cámara no puede someter al Gobierno en funciones a iniciativas de control en la medida en que no existe relación de confianza entre un Gobierno en funciones y el Congreso de los Diputados”, dice la carta dirigida al presidente de la Cámara baja, Patxi López.

Pero la negativa no se limita a la citación a Morenés, sino que se repetirá cada vez que el Parlamento reclame la comparecencia de un miembro del Gobierno en funciones, según adelantó ayer el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón. Y eso incluye la del presidente Mariano Rajoy para que explique el pacto alcanzado el pasado día 7 por los Veintiocho con Turquía para la devolución de los refugiados y los acuerdos que se adopten en el Consejo Europeo de los próximos días 17 y 18. Y ello a pesar de que la ley sobre la Comisión Mixta Congreso-Senado de 1994 obliga a dicha comparecencia.

Regulación del Ejecutivo en funciones

El artículo 101 de la Constitución se limita a asegurar que “el Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno”. Sin limitación alguna.

La Ley del Gobierno establece que el Ejecutivo en funciones “facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas”. No habla del control que ejerce el Congreso.

El Tribunal Supremo fijó en 2005 y 2013 que un Gobierno en funciones no debe comprometer políticas futuras y que el control corresponde a los tribunales.

En enero, un informe jurídico del Congreso dijo que no es posible “ejercer un control de carácter ordinario y de un modo general”, pero sí “sobre funciones que la ley del Gobierno mantiene en esta situación”. Es decir, por ejemplo, la presencia del presidente en funciones en una cumbre europea.

La Junta de Portavoces de la próxima semana estudiará si hay sesiones de control ordinarias después de Semana Santa. Solo el PP se opone.

“No podemos ni debemos ejercer una acción que no nos corresponde como Gobierno en funciones”, insistió Ayllón, quien comparó la petición de que acuda Rajoy con que el Parlamento actual convocase al expresidente Felipe González, que dejó el poder hace 20 años.

El Gobierno solo ha admitido que comparezca el día 16 el secretario de Estado para la UE, Fernando Egudazu, para dar cuenta de la posición que mantendrá Rajoy en la próxima cumbre europea, pero Ayllón subrayó que se hará “con carácter informativo y extraordinario, por estar el Gobierno en funciones y por la materia que se aborda”.

Ayllón recordó que ni en Cataluña ni en Andalucía, donde hubo largos periodos de interinidad tras las últimas elecciones autonómicas, los respectivos Parlamentos controlaron a los Gobiernos en funciones y añadió que, de todos modos, su actividad no queda sin control pues, “en caso de discrepancia”, se puede disponer “de las oportunas vías judiciales”.

Fuentes de La Moncloa apuntaron la posibilidad de que el Parlamento plantee un conflicto de competencias ante el Constitucional, que “sentaría una doctrina aplicable en el futuro ante una situación desconocida hasta ahora”. El Supremo se ha pronunciado en varias sentencias sobre decisiones de un Gobierno en funciones, pero se limitó a comprobar si se excedía en sus competencias.

El Ejecutivo basa su postura en un un informe jurídico de la Secretaría de Estado de las Cortes —no se ha pedido asesoramiento a la Abogacía del Estado o al Consejo de Estado— que asegura que “el Gobierno en funciones no puede ser sometido a control alguno por parte del nuevo Congreso, en la medida en que todo control presupone una exigencia de responsabilidad política y dicha responsabilidad solo en predicable del Gobierno que cuenta con la confianza del Congreso”.

El informe llega a calificar de “fraude de Constitución” el control parlamentario al Gobierno en funciones y alega que éste “solo puede ser ejercido por órganos jurisdiccionales, de acuerdo con criterios de estricta legalidad”,

Pero otro informe de la Secretaría General del Congreso, del pasado 19 de enero, abre la puerta a dicho control. Sostiene que, “en la medida en que el Gobierno en funciones conserva ciertas competencias, excepcionalmente y de forma singularizada, en cada caso, la Mesa [del Congreso] podría admitir y ordenar la tramitación de las iniciativas de control e información (preguntas, interpelaciones, comparecencias y solicitudes de informe) que pudieran plantearse, siempre referidas al ejercicio de las funciones que la Ley del Gobierno confiere a este cuando está en funciones”.

La negativa del Gobierno a dejarse controlar por el Parlamento provocó este jueves la reacción airada de los grupos. El portavoz del PSOE, Antonio Hernando, calificó de “hecho insólito” la negativa de Rajoy a comparecer ante el Congreso. “Lo que no puede pretender”, argumentó, “es tener menos control estando en funciones que cuando estaba a pleno rendimiento”.

“El señor Rajoy y su partido se tienen que enterar de una vez por todas de que han perdido la mayoría absoluta”, subrayó Hernando. Y advirtió: “Si el Congreso los llama a comparecer [a los ministros en funciones] para un tema que es de actualidad y que está en el ejercicio de sus competencias, tendrán que venir”.

También el secretario general del grupo parlamentario de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, acusó al PP de estar actuando “como si siguiera con mayoría absoluta [...] imponiendo su posición sin debatir y sin consensuar posiciones”.