La Audiencia Nacional rebaja las medidas cautelares de los titiriteros

La Audiencia Nacional ha rebajado las medidas cautelares que pesaban sobre los miembros de la compañía Títeres desde Abajo, que el pasado 5 de febrero representaron la obra La Bruja y Don Cristobal, en la que una marioneta portaba una pancarta con la leyenda “Gora Alka-Eta”. Los titiriteros, a quien el juez Ismael Moreno imputa delitos de enaltecimiento del terrorismo y contra los derechos fundamentales, no deberán ya comparecer a diario en el juzgado más próximo a su domicilio, como les había impuesto el magistrado, tras mantenerles durante cinco días en prisión provisional. La Sección Tercera de la Audiencia ha revocado la decisión de Moreno y ha decretado que Raúl García comparezca en el juzgado cada quince días y que su compañero Alfonso Lázaro acuda una vez al mes.

El tribunal presidido por el magistrado Alfonso Guevara estima “excesiva” la exigencia de comparecencias diarias de los investigados visto su “escaso riesgo de fuga”. Además, el tribunal tiene en cuenta que Alfonso Lázaro padece una “grave enfermedad degenerativa” que limita “severamente” su funcionalidad y que le produce una discapacidad del 75%, que requiere de “cuidados diarios”. Esta circunstancia hace que “la imposición de medidas que impliquen desplazamiento y movilidad han de reducirse al máximo”.

La obra, que contenía escenas ofensivas como el ahorcamiento de un guiñol que representaba a un juez, el apaleamiento de policías o el apuñalamiento de una monja con un crucifijo, fue representada el pasado 5 de febrero ante un público infantil en la plaza del Canal de Isabel II con motivo del Carnaval.

Los dos miembros de la compañía Títeres desde Abajo que representaban la obra, Alfonso Lázaro y Raúl García, fueron detenidos después de que los padres que asistieron a la función llamaran a la policía. Tras ser puestos a disposición judicial, los titiriteros pasaron cinco días en prisión provisional por orden del juez Moreno. Su arresto y encarcelamiento desató una movimiento de solidaridad dentro y fuera de España y fue noticia en numerosos medios internacionales.

Dignidad y Justicia y la Asociación de Víctimas del Terrorismo presentaron una querella contra los titiriteros por enaltecimiento del terrorismo y delito contra los derechos fundamentales. La denuncia se extendía contra la alcaldesa Carmena, la concejal de Cultura Celia Mayer y el responsable de la programación artística del Carnaval madrileño, Ramón Ferrer. El magistrado Ismael Moreno aceptó la querella contra los artistas, pero rechazó de plano admitirla contra los responsables políticos de la contratación de la compañía de títeres.