Rajoy rehúsa debatir en el Congreso el pacto sobre refugiados con Turquía
El Gobierno alega que la cumbre de Bruselas no fue un Consejo Europeo y manda a un secretario de Estado
El Gobierno se niega a que Mariano Rajoy comparezca ante el pleno del Congreso para informar de los acuerdos alcanzados por la Unión Europea con Turquía, que han causado honda preocupación en la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), al prever la devolución de miles de sirios que llegan a Europa huyendo de la guerra. El Ejecutivo argumenta que un Parlamento diferente al que le eligió no puede controlarle ni exigirle responsabilidad política.
El PSOE ha pedido formalmente que comparezca Rajoy en el pleno para dar cuenta de la última cumbre europea. La petición tiene el respaldo de Ciudadanos y el Reglamento del Congreso señala que el pleno puede ser convocado a petición de dos grupos, por lo que podrían forzar la comparecencia. Además, la ley que regula la Comisión Mixta para la UE dispone la obligación del Gobierno de comparecer ante el Pleno del Congreso de Diputados, "con posterioridad a cada Consejo Europeo, ordinario o extraordinario, para informar [...] y mantener un debate con los Grupos Parlamentarios”.
El Gobierno se escuda en un argumento formal: alega que lo que se celebró el lunes en Bruselas fue una reunión de los mandatarios europeos con el primer ministro turco y, posteriormente, otra de los 28 a solas. Y lo que se aprobó allí fue una “declaración de los jefes de Estado o de Gobierno de la UE”. No hubo, formalmente, Consejo Europeo.
¿Un Gobierno fuera de control?
El Congreso no ha resuelto aún el dilema de si hacer por primera vez sesiones de control al Gobierno en funciones. Por el momento, el martes habrá un pleno sin preguntas al Gobierno y queda aplazado para una semana después el debate que se planteó el martes en la Junta de Portavoces.
En principio, solo el PP se opone, aunque no ha sido siempre así, y algunos grupos como el PSOE defendieron en algún momento que hubiera comparecencias en el pleno, pero no sesiones de control. Por ejemplo, el 26 de enero, la socialista y vicepresidenta de la Cámara, Micaela Navarro, dijo en la reunión de la Mesa, según el acta oficial, que “la realidad del Gobierno en funciones impediría únicamente la celebración de sesiones de control”, aunque aceptaba tramitar peticiones de comparecencia.
Un informe de los letrados del Congreso pedía limitar el control a las competencias restringidas que tiene el Gobierno en funciones.
El Gobierno ha decidido que sea el secretario de Estado para la UE, Fernando Eguidazu, quien comparezca el día 16 ante la Comisión Mixta Congreso-Senado, pero no para informar de la cumbre del pasado lunes sino del Consejo Europeo que se celebrará los días 17 y 18. ¿Quiere eso decir que Rajoy acudirá al Congreso, una vez celebrado este, para informar de sus resultados? Fuentes gubernamentales reconocen que no hay una decisión tomada y la hacen depender de un debate más amplio sobre la capacidad del actual Parlamento para controlar al Ejecutivo en funciones. Como este Parlamento no le ha dado su confianza, sostienen las mismas fuentes, tampoco el Gobierno está obligado a responder ante él.
De hecho, Rajoy todavía no ha comparecido ante el Congreso para informar sobre la cumbre europea de los pasados 18 y 19 de febrero —aquella sí, formalmente, Consejo Europeo— en la que se aprobaron las cesiones para evitar el Brexit, la salida del Reino Unido de la UE.
Se da la paradoja de que el Gobierno en funciones, que legalmente solo puede gestionar asuntos de trámite, tiene las manos más libres que un Gobierno con plenas competencias, que está sometido al control parlamentario. Y esta situación puede prolongarse aún varios meses.
La dinámica europea, que no se detiene por la provisionalidad política en España, está obligando además a tomar decisiones de calado que comprometen a futuros gobiernos, como la limitación de derechos sociales de los ciudadanos comunitarios que residen en el Reino Unido.
En aquel caso, la situación se salvó con una comparecencia del ministro de Exteriores en funciones, José Manuel García-Margallo, en el Congreso, donde obtuvo el beneplácito implícito del PSOE y Ciudadanos a las concesiones al premier británico, David Cameron.
Pero en el pacto con Turquía no existe tal consenso. El Grupo Socialista ha presentado una Proposición No de Ley sobre política de refugiados y ha pedido al Gobierno que “no [lo] admita e inste [a sus socios] a que se reconsideren profundamente” unos acuerdos que prevén la devolución a dicho país de todas las personas que entren ilegalmente en Grecia, incluidos los sirios que huyen de la guerra.
“La defensa de los derechos humanos y las obligaciones internacionales no pueden subarrendarse a ningún país”, en alusión a Turquía, ha señalado el diputado socialista Ignacio Sánchez Amor. El pacto con Ankara también ha sido rechazado por Podemos y Ciudadanos.
Su aplicación obligará además a Rajoy a asumir compromisos de futuro; como incrementar la cuota de refugiados que está dispuesta a admitir España (hasta ahora solo ha recibido a 18 de los 17.000 anunciados), anticipar a junio la liberalización de visado para los turcos (Turquía lo exige a los españoles) o duplicar los 152,8 millones ya prometidos para atender a los sirios refugiados en suelo turco.
