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Prisión para el gran ‘pirata’ gallego de la pesca ilegal

La Audiencia acusa a seis miembros de una familia de armadores de delitos contra el medio ambiente y blanqueo

Pesquero Yongding, acusado de pesca ilegal y propiedad de Vidal.

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha enviado este martes a prisión a los seis miembros de la familia coruñesa de armadores Vidal Pego por pesca ilegal. Estos armadores cuentan con un amplio historial de expedientes administrativos por prácticas similares. La magistrada les acusa de delitos contra el medio ambiente, blanqueo de capitales, falsedad documental e integración en grupo criminal. Les ha impuesto una fianza de 100.000 euros a cada uno si quieren eludir la prisión provisional.  

Esta familia de armadores ha sido protagonista en los últimos años de operaciones contra la pesca ilegal. De hecho, el Ministerio de Medio Ambiente tiene abierto un expediente sancionador, por casi 18 millones de euros, por las mismas prácticas. 

La magistrada de la Audiencia Nacional considera que los detenidos —Antonio Vidal Suárez, Manuel Pego Sampredro, Antonio Manuel Vidal Pego y Joaquín Manuel Pérez Mariño— habían estructurado "un grupo organizado" que se dedicaba a la pesca de austromerluza en aguas antárticas desde 2006.

Según la investigación, el patriarca de los Vidal, Antonio Vidal Suárez, era el encargado de tomar la "decisión última" sobre los lugares de pesca, las fechas de campaña y las artes que se iban a utilizar para capturar la austromerluza en los caladeros antárticos protegidos. El padre se sitúa al frente de las empresas propietarias de los barcos investigados. Según la juez instructora, la investigación ha destapado un "entramado empresarial" con mercantiles en España y en paraísos fiscales como Belice, Panamá o Suiza.

Este armador ya estuvo implicado en las dos fases de la operación Sparrow, dirigida por el ministerio. En septiembre de 2015, Medio Ambiente inició un expediente sancionador por 48 infracciones administrativas, 44 de ellas muy graves. La sanción asciende a 17,84 millones de euros. 

Para la pesca de este pez en aguas antárticas el entramado, según los autos de prisión dictados por la instructora, se valía de cuatro buques registrados a nombre de empresas interpuestas, y que contaban "con banderas de conveniencia y constantes cambios de nombre". Estos barcos están incluidos en los listados internacionales de pesca ilegal no declarada y no reglamentada (INDNR o IUU en inglés). Además, la magistrada asegura que los beneficios de estas prácticas ilícitas eran "blanqueados a través de un entramado societario radicado en España y en el extranjero".

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