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La Guardia Civil ha entrado tres veces en la sede del PP de Madrid en busca de papeles

Los agentes se llevaron abundante documentación relacionada con campañas electorales. Numerosos indicios apuntan directamente al expresidente Ignacio González en la corrupción detectada en el Canal de Isabel II

Sede del PP en la calle Génova de Madrid.

La Guardia Civil ha entrado en el último año, no una, sino en tres ocasiones, en la sede del PP de Madrid y se ha llevado documentación relacionada con adjudicaciones y campañas electorales, según han confirmado fuentes jurídicas y corroborado otras fuentes cercanas a la gerencia de los populares madrileños. Con autorización del juez, los agentes de la UCO han acudido tres veces para cotejar si el exconsejero Francisco Granados y otros dirigentes del PP utilizaron empresas públicas para lucrase ellos e inyectar dinero al grupo regional.

En el marco de la Operación Púnica, que instruye el juez Eloy Velasco, los agentes requisaron una agenda a Granados (ex secretario general del PP con Esperanza Aguirre) en la que figuran apuntes de supuestos pagos hechos por un alto cargo de la constructora OHL a esta formación política y que supuestamente acabaron en las arcas que controla el exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez.

Las tres entradas no fueron registros judiciales en sentido estricto, sino peticiones de documentación para cotejarla con la que figuran en el sumario de la Púnica, según fuentes cercanas al exgerente del PP. Los agentes recabaron documentación en el despacho de Gutiérrez, hombre de confianza de la expresidenta Esperanza Aguirre, apartado recientemente del cargo por Cristina Cifuentes, responsable de la gestora constituida en el PP de Madrid después de trascender la última de las visitas efectuadas a Génova por agentes de la UCO.

González, bajo lupa

La investigación de la red Púnica ha destapado la trama de Granados y de su socio David Marjaliza para el lucro personal de ambos y, además, aflorado prácticas de financiación ilegal. Arpegio (que gestiona suelo público en Madrid, 600 millones anuales en inversiones), la Agencia Informática ICM (hasta 200 millones ha llegado a manejar en un año) y el multimillonario Canal de Isabel II son las tres empresas que indaga el juez Velasco y de las que, mediante contratas infladas y facturación falsa, ha salido dinero del que se habrían beneficiado los bolsillos de altos cargos del PP y el propio partido.

Sobre el Canal de Isabel II, las pesquisas apuntan a graves irregularidades. Se investigan numerosas contratas ante la sospecha de que muchas de ellas fueron infladas, en connivencia con los adjudicatarios, con la finalidad de tener un colchón económico a disposición del partido y de altos cargos del Gobierno de Ignacio González. Una dinámica parecida a la empleada con ICM, que se sirvió de empresas privadas para darles contratos millonarios inflados a sabiendas de que el dinero sobrante quedaba a disposición de los políticos. De tal forma que, cuando hacía falta dinero (Granados dejó vacía la caja del PP cuando se marchó), bastaba un telefonazo, o una orden al gerente de ICM, el imputado en Púnica José Martínez Nicolás, para obtener dinero líquido. Velasco también tiene imputado, por ejemplo, al exconsejero del Gobierno de Madrid Salvador Victoria, quien habría dado instrucciones a Martínez Nicolás para obtener dinero con el que pagar a un experto en redes sociales, Alejandro de Pedro, por borrar en Internet noticias negativas sobre el expresidente de Madrid Ignacio González.

En Arpegio, y en concreto las obras del plan regional de inversiones en pueblos de la Comunidad (Prisma), la investigación se centra en ventas de terrenos públicos por debajo de su valor y en recalificaciones muy onerosas para el erario público. Y en supuestas comisiones para los cargos públicos que las instigaban, según se desprende de las confesiones del arrepentido Marjaliza.

El Canal de Isabel II no solo pagó al conseguidor De Pedro por dar brillo a la imagen de González en la red; los investigadores escudriñan operaciones (relacionadas con contratas publicidad y de imagen, entre otras) que apuntan directamente al expresidente González, envuelto ahora, además, en el asunto de su ático en la selecta urbanización Alhambra Golf de Marbella, que está siendo investigado por un juzgado de Estepona, y con indicios que lo vinculan a comisiones en las que medió la trama Gürtel. Las pesquisas trascienden incluso el Atlántico; en concreto, llegan a Colombia, y tienen ramificaciones en otros países.

investigación@elpais.es

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