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La policía alertó de corrupción en el Canal de Isabel II en 2011

Un informe de inteligencia denunció conexiones entre el ático de González y la trama Gürtel

Ignacio González, con su mujer, Lourdes Cavero. FOTO: LUIS SEVILLANO | VÍDEO: EL PAÍS

Una nota del servicio de inteligencia del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), fechada el 11 de julio de 2011, alertó a la Dirección General Adjunta (DAO) de la policía de al menos tres de los presuntos casos de corrupción que atenazan ahora al PP de Madrid y al Gobierno del expresidente autonómico Ignacio González. Este informe, de carácter interno, al que ha tenido acceso EL PAÍS, y que ocupa seis folios, es el primer escrito policial en el que figuran abundantes detalles sobre el lujoso ático adquirido por González en Marbella y sobre los fraudes que, a finales de 2014 y en el marco de la Operación Púnica, han destapado, no la policía, sino el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y la UCO de la Guardia Civil en dos empresas públicas.

El presunto fraude que investiga Velasco y de los que se alertan en la nota del servicio de inteligencia afectan ahora al Canal de Isabel II y la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM), donde se habrían inflado contratas para liberar dinero hacia el partido y para el lucro personal de exaltos cargos del PP de Madrid.

En ese informe se alude por primera vez al caso del ático que González alquiló en 2008 y que luego dijo haber comprado en 2012 por algo más de 750.000 euros, en la exclusiva urbanización Alhambra Golf de Marbella (Málaga). Tras quejarse González en 2012 de que su ático estaba siendo investigado por el equipo del comisario del servicio de Inteligencia de la policía José Manuel Villarejo, firmante de la nota de Inteligencia, su colega de Marbella, el comisario Agapito Hermes de Dios, fue expedientado y destinado a Madrid. Hermes de Dios fue quien inició la investigación, bajo la supervisión de Villarejo, por orden del fallecido Miguel Ángel Chico, entonces el DAO de la policía.

Pese a su relevo, el asunto del ático acabó finalmente judicializado ante el Juzgado de Instrucción 5 de Estepona. Y la juez que instruye el caso acaba de recibir una petición de la Fiscalía Anticorrupción para que cite como investigados (figura antes llamada imputado) a González y a su amigo y presidente del Atlético de Madrid Enrique Cerezo. La juez posee grabaciones de González y Cerezo con Villarejo y con el también inspector de Policía Enrique García Castaño.

La juez de Estepona ha preguntado al fiscal si debe inhibirse del asunto del ático a favor del Juzgado de la Audiencia Nacional que tramita el caso Gürtel ante la eventualidad de que el dinero del ático proceda de un pelotazo urbanístico en Arganda del Rey en el que medio la red que dirigía Francisco Correa. La juez investiga por qué González alquiló el inmueble en 2008 a una sociedad carente de actividad, Coast Investor, que se constituyó en el paraíso fiscal de Delaware (EE UU) poco antes del alquiler, y desde la que se pagaron los recibos de la comunidad y otras facturas del ático. Hay dos comisiones rogatorias en marcha a Reino Unido y EE UU. El Servicio de Blanqueo de Capitales (Sepblac), dependiente del Ministerio de Hacienda, fue el que puso al equipo de Villarejo sobre la pista del ático y el que dio la voz de alarma sobre un movimiento de 15 millones de euros en las islas Caimán y EE UU que estarían relacionados con el pelotazo urbanístico de Arganda.

La citada nota de Inteligencia, que firma el equipo de Villarejo, inició sus pesquisas y avanzó entonces que había una conexión entre un viaje que realizó González en 2008 a Colombia y el citado pelotazo urbanístico (una parcela municipal que fue recalificada y adjudicada a Martinsa). Según consta en el sumario de Estepona, esa operación pudo deparar una comisión de 15 millones de la que habrían sacado tajada el entonces alcalde de Arganda, Ginés López (imputado en la Gürtel), los cabecillas de la red y el propio González. El ático, según el sumario, sería la parte en especie de esa comisión. Además, habría una parte en metálico.

Tal como publicó EL PAÍS hace años, unos detectives españoles captaron en un vídeo al expresidente madrileño entrando en un hotel en Cartagena de Indias (Colombia) con dos bolsas grandes. El viaje fue entre el 29 de agosto y el 4 de septiembre de 2008. González iba acompañado del expresidente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel, de un consejero de Martinsa, y del responsable de una empresa filial del Canal en Colombia. González y su esposa, Lourdes Cavero, visitaron el ático poco después del viaje a Colombia.

En el marco de la Púnica, el juez Velasco y la UCO están investigando supuestas contratas infladas pagadas por el Canal de Isabel II en la creencia de que este pudo servir para financiar el PP de Madrid. La nota policial se hace eco en 2011 de grave irregularidades en este organismo a través de empresas filiales en Colombia y otros países sudamericanos. La firma para la salida de dinero del Canal la tenía el exconsejero y hombre fuerte de González Salvador Victoria, uno de los imputados en Púnica. Pero en este caso, y de momento (las pesquisas continúan), la imputación es por usar dinero público de ICM para pagar a otro de los imputados en la Púnica, Alejandro de Pedro, sus trabajos en Internet para mejorar la imagen de González.

Los investigadores de la UCO, según fuentes jurídicas, tienen puesta ahora la lupa en ICM y, especialmente, en numerosas contratas supuestamente amañadas e infladas por parte del Canal y de las que se habrían derivado comisiones en Colombia y otros países extranjeros. Hay denuncias, algunas anónimas y otras con nombre y apellidos, que acreditan supuestos pagos a políticos por contratos en el Canal.

investigacion@elpais.es

"No te va a salir gratis la información de EL PAÍS"

El comisario del servicio de Inteligencia José Manuel Villarejo ha interpuesto una denuncia en la que indica que recibió una llamada telefónica el pasado día 1 de “una persona que decía hablar en nombre del jefe superior” y en la que le instaba a “romper todas las notas internas” que elevó a sus superiores sobre el ático de Ignacio González en Marbella. Según explica Villarejo en su escrito, registrado el pasado 3 de marzo ante la Dirección General de la Policía, su interlocutor le amenazó, además, con que se le abriría un expediente disciplinario si no se retractaba de las declaraciones que prestó el pasado 2 de febrero en el juzgado de Estepona que investiga el tema del ático. En ellas, Villarejo acusaba al actual director general de la policía, Ignacio Cosidó, de haberle prohibido indagar todo lo concerniente al ático. De esta declaración judicial se hizo eco el pasado lunes EL PAÍS. En su denuncia, el comisario señala que su interlocutor le dijo que “no le iba a salir gratis” la información de este periódico.