La Infanta, juzgada por dos delitos contra la Hacienda Pública

Cristina de Borbón ha comenzado este jueves su declaración como cooperadora de dos delitos supuestamente cometidos por su esposo

La infanta y Urdangarin llegan al juicio del 'caso Nóos' el pasado febrero.

Cristina de Borbón, hermana del rey Felipe VI, comienza este jueves su declaración como cooperadora de dos delitos contra la Hacienda Pública supuestamente cometidos por su esposo, Iñaki Urdangarin. La Audiencia de Palma decidió el pasado 29 de enero mantener a la Infanta como acusada en el caso Nóos —la trama de desvío de fondos públicos de los Gobiernos autonómicos de Baleares y Valencia y del Ayuntamiento de Madrid en el que figura como principal imputado su marido— tras rechazar la aplicación de la llamada doctrina Botín del Tribunal Supremo, que impide juzgar a alguien por delito fiscal si solo actúa una acusación popular —en este caso, el sindicato Manos Limpias—.

Cristina de Borbón ha ocupado la silla número 18 —la última de todas— en el banquillo de los acusados del caso Nóos desde el pasado 9 de febrero a pesar de los esfuerzos de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado para salvarla del banquillo.

Manos Limpias pide ocho años de prisión para la Infanta, a la que considera cooperadora necesaria de los delitos fiscales supuestamente cometidos por Urdangarin en los años 2007 y 2008 a través de la mercantil Aizoon, de la que la Infanta posee el 50% de las acciones. Tanto el ministerio público como la Abogacía estatal sí actúan contra Urdangarín, a quien acusan de defraudar al fisco 182.005 euros en el primero de los ejercicios y 155.138 euros en el siguiente. El límite para que una defraudación tributaria sea considerado delito y no infracción administrativa es de 120.000 euros.

La resolución del pasado 29 de enero resolvió en 85 páginas todas las cuestiones previas planteadas el 11 de enero. La parte que afectaba a la Infanta ocupó una treintena de folios. El tribunal presidido por la magistrada Samantha Romero, en una resolución adoptada por unanimidad, ofreció varios argumentos para sostener que Manos Limpias sí está legitimado para llevar a juicio a Cristina de Borbón.

El tribunal de Palma diferenció el caso de Botín y del de la Infanta. En el primero, ni la Fiscalía ni la Abogacía observaban que existiera un delito fiscal y pedían el archivo completo de la causa. En el segundo, estas acusaciones públicas sí consideraron que se produjo una defraudación y solo pidieron el sobreseimiento parcial para la Infanta. Además, también se rechazó la teoría expresada por la Abogacía de que el único perjudicado del delito fiscal era la Agencia Tributaria: según el tribunal se trata de un delito “pluriofensivo” y de “naturaleza difusa, colectiva o metaindividual”. Hacienda somos todos, en términos jurídicos.

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