Absuelto un etarra para el que pedían 35 años de cárcel por falta de pruebas

La Audiencia Nacional desestima la acusación unas horas después de celebrar el juicio

Javier Arruabarrena, durante su declaración este jueves en la Audiencia Nacional. EFE

La Audiencia Nacional va a absolver por falta de pruebas a Javier Arruabarrena, acusado de participar en un atentado de ETA, según han informado fuentes jurídicas. Los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, que le han juzgado este mismo jueves, han deliberado tras la vista oral y han decidido que no ha quedado certificado que el acusado intentase hacer estallar un coche bomba al paso de un vehículo de la Guardia Civil el 3 de enero de 2000 en el barrio de San Adrián de Bilbao, después de que la banda decidiera romper la tregua. Un automóvil que finalmente no explotó, pues el convoy cambió ese día su ruta habitual y los terroristas desactivaron el artefacto. El fiscal pedía que le condenaran a 35 años de cárcel.

Arruebarrena ha negado este jueves su participación en los hechos. A preguntas de su abogado, el procesado ha afirmado que no formó parte del comando terrorista que planificó el atentado y que, además, esa mañana se encontraba trabajando. Por su parte, dos etarras que han declarado como testigos, condenados ya por este suceso, Guillermo Merino y Jon Urretavizcaya, han desvinculado también al acusado de esta "acción armada".

"No se cuenta con otra prueba que las declaraciones en comisaría de los dos compañeros de comando tras su detención", ha reconocido la fiscal Rosana Lledó durante la vista celebrada este jueves, antes de considerar esos testimonios como prueba suficiente. Según el ministerio público, sus versiones casaron perfectamente, además de ser "largas, extensas y detalladas".

Según la investigación policial, el comando Vizcaya captó a Arruebarrena para recoger información y participar en atentados después de que la cúpula etarra decidiera en el verano de 1999 romper la tregua de forma "inminente". Los agentes atribuyeron al acusado de preparar el coche bomba; de encañonar a un hombre con una pistola y atarle a un árbol con el fin de robar su automóvil; y de viajar hasta Bilbao para asesinar a los dos ocupantes de la patrulla de la Guardia Civil. Por todo ello, Lledó solicitó una pena de 35 años y un mes de cárcel por dos intentos de asesinato, un delito de robo con fuerza, otro de robo con violencia e intimidación y otro de detención ilegal.

Las fuerzas de seguridad francesas y españolas detuvieron a Arruebarrena en 2009, a 20 kilómetros de París. Los agentes encargados de la lucha antiterrorista lo consideraban entonces el jefe del aparato de información de la banda. Según la Guardia Civil, recopilaba todos los datos sobre posibles objetivos de ETA. Una información crucial que, una vez que tenía el visto bueno del aparato militar, se enviaba a los comandos para que pudieran completarla y cometer sus crímenes o extorsionar. Francia ya lo juzgó y condenó a cinco años de cárcel por pertenecer a los grupos de reserva de la banda terrorista.

La absolución de Arruebarrena se produce solo cuatro días después que otro exdirigente de ETA, José Luis Urrusolo Sistiaga, antiguo miembro del comando Madrid, uno de los más sanguinarios de la banda terrorista, saliese de prisión tras cumplir una pena de 19 años. En su caso, este terrorista fue expulsado de la organización y se acogió a la denominada vía Nanclares.

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