Urdangarin responde del desvío de fondos públicos a sus sociedades

El Instituto Nóos no justificó 4,5 millones de los 6,2 que recibió de las arcas públicas

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La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin salen de la Audiencia de Palma el viernes. (AFP)

El juicio del caso Nóos, sobre el supuesto desvío de 4,5 millones de euros públicos a las empresas de Iñaki Urdangarin, esposo de la infanta Cristina, y de su socio Diego Torres, entra en su fase más esperada. El cuñado del rey Felipe VI volverá este miércoles a enfrentarse a las preguntas del fiscal anticorrupción Pedro Horrach, que el pasado viernes recibió las primeras respuestas —casi todas evasivas— del exduque de Palma, para quien pide 19 años y medio de prisión. Cuando termine el interrogatorio de Urdangarin —probablemente entre este miércoles y el próximo jueves— llegará el turno del asesor fiscal Salvador Trinxet, arquitecto del entramado societario que supuestamente permitió al yerno de Juan Carlos I ocultar las ganancias ilícitas y evadir los correspondientes impuestos.

Tras el economista Trinxet llegará la declaración histórica de Cristina de Borbón. La hija de Juan Carlos I es el primer familiar directo de un Rey de España que se sienta en el banquillo de los acusados. El sindicato Manos Limpias, el único que la acusa en este juicio, pide para ella ocho años de prisión como supuesta cooperadora en dos delitos contra la Hacienda Pública supuestamente cometidos por su esposo en 2007 y 2008. Doña Cristina no solo cuenta con la defensa de su abogado, Pau Molins. El pasado viernes, el fiscal Horrach empleó las primeras preguntas a Urdangarin para tratar de exculparla definitivamente.

Urdangarin dejó el viernes tres ideas claras ante el tribunal: Aizoon, la sociedad que compartía al 50% con su esposa contó con empleados ficticios —aunque él se enteró a partir de la investigación judicial—; Cristina de Borbón no se ocupó en absoluto de la gestión de la mercantil; y la administración de los negocios recaía en el contable Miguel Tejeiro, asesor fiscal y cuñado de su socio Diego Torres, que ejercía como secretario del Instituto Nóos. Tejeiro quedó absuelto al inicio del juicio después de que Manos Limpias retirara la acusación contra él. Su declaración como testigo, prevista inicialmente para el 9 de marzo y en la que tiene obligación de decir la verdad, será decisiva para el futuro de Urdangarin.

El inicio del interrogatorio al esposo de Cristina de Borbón, el pasado viernes, apenas permitió profundizar en la versión de este sobre el uso de los 6,2 millones de euros que recibió el Instituto Nóos de los Gobiernos balear y valenciano y del Ayuntamiento de Madrid y el supuesto desvío de 4,5 millones de estas partidas a sus empresas. El viernes el fiscal Horrach solo tuvo tiempo de sacar a colación el contrato de patrocinio del equipo ciclista Illes Balears Forum, en 2003, que entre sus cláusulas preveía que la oficina de seguimiento del proyecto se encomendara a Nóos por 300.000 euros. Urdangarin negó que esta cláusula fuera una comisión por traer a las islas al equipo más potente del pelotón internacional.

El cuestionario que arranca este miércoles previsiblemente permita a Urdangarin analizar contratos como los de los Illes Balears Forum de 2005 y 2006, las tres ediciones del Valencia Summit, o los 120.000 euros que recibió Nóos de la candidatura olímpica Madrid 2016. De estos contratos salieron los 4,5 millones de euros que supuestamente terminaron en las arcas de las sociedades instrumentales de Nóos, entre ellas Aizoon, Blossom Hill Assets —radicada en Belice— y De Goes, con sedes en Barcelona y Londres.

El interés de la declaración de Urdangarin, acusado de prevaricación, malversación, fraude, falsedad documental, blanqueo, tráfico de influencias, estafa y delito fiscal, radica también en su versión acerca del papel de la Casa del Rey en sus negocios. Su socio Diego Torres sostuvo en diversos momentos de su interrogatorio, que se extendió durante cuatro jornadas, que La Zarzuela ejercía una labor de "supervisión" de las actividades del Instituto Nóos tanto a través del secretario de las infantas, Carlos García Revenga, que figuró como vocal de la entidad sin ánimo de lucro, como a través del abogado privado de confianza del rey Juan Carlos, José Manuel Romero, conde de Fontao.