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El CSN debe difundir los informes que cuestionan el almacén nuclear

El Consejo de la Transparencia pide el estudio de una consultora externa que duda de la idoneidad de los terrenos

Laguna de El Hito (Cuenca).

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) debe difundir varios informes internos —declarados confidenciales por este supervisor— que cuestionan la idoneidad del emplazamiento elegido para el almacén de residuos radiactivos de Villar de Cañas (Cuenca). Así lo establece una resolución del Consejo de Transparencia, el órgano encargado de velar por el cumplimiento de la reciente Ley de Transparencia. Entre esa documentación del CSN está el análisis de una prestigiosa consultora que concluía que "el emplazamiento previsto es inadecuado".

El presidente en España de la asociación Transparencia Internacional, Jesús Lizcano, pidió al CSN en octubre de 2015 información sobre el proceso de autorización del Almacén Temporal Centralizado (ATC), una obra millonaria proyectada para acoger residuos nucleares. Tres meses antes, el pleno del CSN —con cuatro votos a favor y uno en contra— había informado favorablemente de la "idoneidad del emplazamiento" para esta instalación, cuya construcción aún no ha comenzado. Ese visto bueno se dio a pesar de que algunos técnicos del CSN cuestionaban los suelos elegidos.

Pendiente de un nuevo Gobierno

El proyecto de ATC está paralizado después de que el Gobierno de Castilla-La Mancha, ahora en manos del PSOE, amplió una zona de protección ambiental cercana. A pesar de que el CSN informó favorablemente del emplazamiento, el Ministerio de Industria no ha concedido la primera de las autorizaciones que requiere el proyecto.

La mayoría de los partidos coincide en que España necesita un almacén para los residuos de las nucleares; las discrepancias se centran en si el lugar idóneo es Villar de Cañas. El PSOE llevaba en su programa electoral revisar “la decisión sobre la instalación del ATC”. Pero en el reciente pacto con Ciudadanos no hay referencias al ATC.

Transparencia Internacional solicitó al CSN varios informes que contenían las dudas sobre los terrenos. Pero el CSN se negó a facilitar esa documentación. Ante esa respuesta, en diciembre, esta asociación se dirigió al Consejo de Transparencia, un organismo independiente creado en 2014 para mediar cuando existan discrepancias en la aplicación de la nueva Ley de Transparencia.

Este consejo emitió el 24 de febrero pasado su resolución sobre el caso, que está firmada por su presidenta, Esther Arizmendi Gutiérrez. En ella se da la razón en parte a Transparencia Internacional y se insta al CSN a que en el plazo de 15 días entregue algunos de los informes solicitados. Se trata de los estudios sobre la geotecnia y la hidrogeología del emplazamiento de Villar de Cañas y el análisis realizado por la consultora externa URS sobre las condiciones de los suelos.

EL PAÍS accedió a parte de las conclusiones de URS hace algo más de un año. Esta consultora señalaba que la "excepcionalidad de las condiciones de expansividad potencial que presenta el terreno de cimentación" podría hacer imposible asegurar la estabilidad de las edificaciones previstas. El único de los cinco miembros del pleno del CSN que se negó el pasado julio a dar el visto bueno al emplazamiento —la socialista Cristina Narbona— emitió un voto particular en el que advertía: "Los tres informes independientes encargados a la consultora URS (considerada una de las más prestigiosas empresas globales de ingeniería, con amplia experiencia en más de 150 países) certifican los numerosos y graves problemas identificados en los terrenos seleccionados".

Pero, hasta ahora, esos análisis, como el resto del expediente del ATC, estaban declarados confidenciales por la dirección, lo que implica —además de la prohibición de su difusión— que solo se manejan copias en papel y numeradas. Ahora, el Consejo de la Transparencia obliga a facilitárselos a la asociación que dirige Lizcano. Pero su pronunciamiento no es vinculante. Si el CSN se niega a dar esa información se podría iniciar un proceso judicial.

Nota informativa oculta

Sin embargo, el Consejo de la Transparencia no da completamente la razón a los denunciantes. La asociación había reclamado más documentación que en la resolución se indica que no debe facilitarse, ya sea porque no es competencia del CSN o porque admite que es "información auxiliar o de apoyo", según se apunta en el escrito.

Es el caso, por ejemplo, de la nota informativa que los técnicos del área de Ciencias de la Tierra del CSN emitieron en julio de 2015. En ese escrito, al que también tuvo acceso EL PAÍS en julio, se alertaba de las "características desfavorables" del emplazamiento. Los técnicos planteaban la "duda razonable" sobre si se habían evaluado rigurosamente los recursos que se necesitan para paliar las carencias de la parcela.

La nota fue ocultada por la dirección técnica del CSN a los cinco miembros del pleno al considerar que no tenía "trascendencia técnica". En julio de 2015, se acordó que la dirección técnica presentara un informe sobre esa nota y las circunstancias de este caso. Debía haberse presentado en el pleno, algo que aún no ha ocurrido. Pero el Consejo de la Transparencia da la razón al CSN, que no quiere facilitar la nota oficialmente al considerar que se trata de "información auxiliar o de apoyo".

Sorpresa ante los estudios del terreno que aún faltan

En la resolución del Consejo de la Transparencia se señala que el análisis de la consultora URS es “claramente esencial para conocer el resultado final de la decisión de localización del almacenamiento”, por lo que insta al CSN a que lo difunda. Además, el Consejo de la Transparencia se pronuncia sobre uno de los puntos más controvertidos del proyecto: que primero se designara el municipio y la parcela y luego se comenzara el estudio a fondo de los suelos elegidos.

El proyecto de almacén de residuos nucleares fue a Villar de Cañas más por criterios políticos que técnicos. Cuando a finales de 2011 el Gobierno se decantó por este municipio de Cuenca, el PP controlaba el Ejecutivo central, el de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de la localidad. Eso allanó el camino para ser elegido entre el resto de candidatos.

El Consejo de la Transparencia señala en su resolución que el contrato de Servicios de Estudios del Suelo del proyecto “fue adjudicado el 28 de octubre de 2014, es decir, cuando ya se había designado al municipio de Villar de Cañas como el lugar del emplazamiento del ATC”. “Resulta, cuando menos sorprendente, que, incluso con el emplazamiento ya se ha decidido, todavía se estén realizando estudios sobre la estabilidad del terreno”.

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