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Anticorrupción pide la imputación de Ignacio González por el caso del ático

La fiscalía también solicita la declaración de su esposa y del presidente del Atlético de Madrid

La urbanización de Marbella donde González posee un ático de lujo. / G.-S. FOTO: GARCÍA-SANTOS | VÍDEO: EL PAÍS

La Fiscalía Anticorrupción de Málaga ha solicitado que se cite como investigado (figura que sustituye al imputado) al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y a su esposa, Lourdes Cavero, en relación al proceso judicial abierto para dilucidar cómo adquirió el político del PP su ático de Estepona (Málaga), valorado en algo más de 750.000 euros. El fiscal extiende su petición de tomar declaración como investigado al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.

La pareja disfrutó de esta vivienda destinada a sus vacaciones primero en régimen de arrendamiento y después, como propietaria. Según admitió González poco después de la apertura de las diligencias, que avanzan a paso lento en el Juzgado de Instrucción 5 de Estepona y con varias comisiones rogatorias pendientes, compró la casa por 770.000 euros a finales de 2012 y su esposa es dueña del 80% (equivalente a 616.000 euros). El 20% restante le pertenece.

La iniciativa del ministerio público de Málaga de pedir la citación de estas tres personas se produce a raíz de la grabación de algunas conversaciones aportadas a la causa, que atribuyen a González supuestos hechos que, de ser ciertos, “podrían integrar los delitos de cohecho y blanqueo de capitales”, según el escrito remitido al juzgado malagueño. El fiscal se refiere a una conversación mantenida en noviembre de 2011 en una cafetería de Madrid entre González y los comisarios Enrique García Castaño y José Villarejo, que fue grabada de forma subrepticia. Villarejo y González se han acusado mutuamente de haberse chantajeado en esa conversación. Los comisarios declararon como testigos a principios de febrero.

La fiscalía pide que se acuerde la complejidad de la causa y que, de momento, el juzgado de Estepona no se inhiba a favor del Juzgado Central de Instrucción 5, que dirige el caso Gürtel, ya que hasta ahora no se ha acreditado ninguna vinculación entre las sociedades que aparecen en estas diligencias y las que formarían parte de la supuesta trama de Francisco Correa. Se investiga un posible uso de sociedades instrumentales para constituir mercantiles que encubrirían la titularidad de los bienes.

La investigación se inició de manera informal en julio de 2011, al conocerse durante la indagación del caso Gürtel que González había sido obsequiado con el ático por haber recalificado para la inmobiliaria Martinsa unos terrenos en Arganda del Rey (Madrid), según documentos policiales. González alegó que tenía alquilada la vivienda a la empresa Coast Investors, sociedad radicada en Delaware (EE UU), aunque luego, en mitad de la polémica, la compró con su mujer.

Según Anticorrupción, la comisión rogatoria que se remitió a Panamá (paraíso fiscal) no ha arrojado ninguna conclusión sobre una posible relación entre esta empresa y alguna sociedad de la órbita de Correa, por lo que rechaza que el caso se derive al órgano que instruye la Gürtel. No obstante, pide que se vuelva a enviar una petición de auxilio judicial a Panamá para seguir indagando si existe alguna conexión. Por eso opta por conocer el resultado de estas pesquisas antes de decidir si hay que remitir el caso a Madrid.

González y Cavero fueron autorizados para estar personados en la causa y poder ejercer su derecho de defensa. El juzgado de Estepona ya citó a declarar como imputada a Cavero en diciembre de 2013, aunque la Audiencia de Málaga revocó esta resolución cinco meses más tarde. La Sección Novena estuvo entonces de acuerdo con la fiscalía en que la decisión era prematura y tachó el análisis de la instructora de “impreciso y vago”. El ministerio público, ahora, ha pedido la declaración como investigados de los dos, además de la de Cerezo, tras las últimas actuaciones. 

La Audiencia de Málaga también revocó en mayo de 2014 la imputación de Coast Investors. En este caso hay pendientes varias comisiones rogatorias para intentar arrojar luz sobre el entramado societario, una de ellas, a Reino Unido.

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