La exalcaldesa de Jerez niega que tramitase contratos con la Gürtel

María José García-Pelayo, diputada del PP, declara como imputada ante el Supremo

María José García Pelayo, diputada y exalcaldesa de Jerez.

La exalcaldesa de Jerez y actual diputada del PP, María José García-Pelayo, ha negado este lunes su relación con la rama andaluza de la trama Gürtel. La parlamentaria ha declarado durante más de una hora en el Tribunal Supremo en calidad de investigada —antigua figura de imputado— por un presunto delito de prevaricación administrativa y otro de falsedad en documento público. Los investigadores le achacan un papel clave en la supuesta contratación fraudulenta del Ayuntamiento gaditano con empresas de Francisco Correa. "Yo no firmé esos contratos", ha alegado la política andaluza.

Pelayo ha manifestado que, pese a que tenía competencias, ella no tramitó los expedientes investigados. "No participé directamente en ellos", ha asegurado la parlamentaria popular, que se ha negado a responder las preguntas de los medios de comunicación tras salir de declarar ante el instructor Antonio del Moral. "Todos sabemos cómo funcionan los Ayuntamientos, los alcaldes no tramitan los expedientes".

Esta parte de la causa sobre la trama Gürtel se trasladó de la Audiencia Nacional al Tribunal Supremo debido a que la exregidora, actual diputada del PP en el Congreso, se encuentra aforada. Una condición de la que ya disfrutaba en la pasada legislatura, cuando ejerció de senadora. Pese a la causa abierta contra ella, los populares incluyeron a García-Pelayo en sus listas como número dos por Cádiz

La exalcaldesa de Jerez se encuentra imputada por la rama andaluza de la trama Gürtel. José de la Mata, juez de la Audiencia Nacional, consideró en su auto, que el Ayuntamiento andaluz contrató de forma irregular con las empresas de Francisco Correa en 2004, cuando Pelayo era alcaldesa. El magistrado centra su investigación en una serie de contratos y documentos firmados con la red de corrupción para la feria de turismo Fitur, por valor de 355.000 euros, que se aprobaron sin concurso público y una vez finalizado el propio evento. Una serie de indicios que, según De la Mata, evidencia “la grosera ilegalidad” con la que se actuó.

En este sentido, el juez acusa a García-Pelayo de haber desempeñado un papel clave al "ordenar la confección de los expedientes después de la ejecución de los servicios”. Según el magistrado, se hicieron los encargos a las empresas adjudicatarias "sin condición alguna". Toda una batería de argumentos que minimiza el PP gaditano. Antonio Saldaña, portavoz de los populares en Jerez, considera que el caso de la exregidora se trata de "un mero procedimiento administrativo, que no es cohecho ni corrupción".

El paso de la exalcaldesa por el Tribunal Supremo, la tercera regidora de Jerez que se enfrenta a una investigación judicial, se ha producido a la vez que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, afirmaba en una entrevista que le resulta "llamativo" que las iniciativas de los magistrados y fiscales se produzcan en un momento "tan sensible" como las conversaciones de los partidos para formar Gobierno. Apenas unos instantes antes, la Guardia Civil había detenido a Alfonso Grau, ex mano derecha de Rita Barberá, por un supuesto delito de cohecho. Además, el responsable de Informática del PP, José Manuel Moreno, ha acudido esta mañana a declarar ante el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid por el caso de los discos duros de Luis Bárcenas: este ha afirmado que borró 35 veces el contenido de los ordenadores y que después los rayó, los rompió y los tiró a la basura por orden del asesor jurídico del partido, Alberto Durán.

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