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Condenados cinco policías en Málaga por hurtar alijos a los narcos

Los agentes usaban los coches, uniformes y placas oficiales para espantar a los traficantes

La Audiencia de Málaga ha condenado a cinco policías locales de Mijas que se apropiaron de droga de diferentes alijos para luego venderla, por lo que les ha condenado a 23 años de cárcel. Los agentes utilizaban los medios oficiales para conocer los puntos exactos en los que los narcos alijaban los fardos tras cruzar el Estrecho y entonces se apropiaban del material. El tribunal sostiene que actuaban "en connivencia" y formaban "un grupo organizado" al frente del cual estaba Jacinto M., penado con cinco años de cárcel por un delito contra la salud pública (tráfico de hachís). Hay una sexta persona condenada a cuatro años de reclusión.

La Audiencia, cuya sentencia se ha conocido ahora, juzgó este caso por segunda vez el pasado octubre después de que el Tribunal Supremo revocara, a instancias de la fiscalía y de la acusación particular (Ayuntamiento de Mijas), una primera sentencia en la que los policías fueron absueltos. La orden del alto tribunal se basó en que debían practicarse unas pruebas pedidas por el ministerio público que no fueron admitidas en la vista oral.

Los agentes, también condenados a inhabilitación absoluta durante 20 años, actuaban cuando tenían conocimiento de que se iba a producir un alijo, un desembarco o una operación de tráfico de estupefacientes. Entonces se presentaban en ese lugar con su uniforme reglamentario, su placa y el arma y montados en los vehículos oficiales. El uso y exhibición de "todo el aparato policial de que disponían" provocaba el temor entre los narcotraficantes, que huían de inmediato abandonando la mercancía.

Los policías se llevaban las sustancias en los coches oficiales y la escondían en algún punto que consideraban oportuno, con la garantía de que si eran sorprendidos, "siempre podrían justificar su conducta como derivada de una intervención policial legítima", subraya el fallo, que se puede recurrir.

La resolución de la Sección Primera de la Audiencia de Málaga detalla una actuación que se produjo en noviembre de 2009, en la que los agentes se pusieron de acuerdo para quedarse con una partida de hachís y una cantidad de pastillas no determinada. El sexto condenado aceptó guardar esta mercancía en su domicilio a cambio de dinero. Al principal acusado también se le intervino droga en el coche que tenía aparcado en las dependencias de la Jefatura de la Policía Local.

"Es injustificable la conducta de estos funcionarios públicos cuya obligación es servir como tales, con lealtad, a los ciudadanos, a quienes tienen que proteger luchando contra la criminalidad en cualquiera de sus manifestaciones y que, actuando como meros delincuentes, se dediquen a traficar con drogas, utilizando para ello el uniforme, el arma y los vehículos policiales", reprocha el tribunal.