La fiscalía investiga si el cuñado de Barberá hizo apología de la violencia

"Si me entero de que mi mujer ha dado 1.000 euros, la corro a bofetadas", dijo Corbín

José María Corbín, abogado y cuñado de Rita Barberá. VÍDEO: ATLAS

La Fiscalía de Valencia investiga a José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de Valencia y ahora senadora Rita Barberá, por si sus declaraciones a los periodistas del pasado 10 de febrero pudieran ser constitutivas de un delito de apología de la violencia contra las mujeres. Corbín afirmó aquel día frente a la Ciudad de la Justicia de Valencia: "Permitidme la licencia. Si yo me entero de que mi mujer ha dado 1.000 euros [al PP], la corro a bofetadas; ni ha dado ni se los ha pedido nadie".

Corbín intentaba con sus palabras alejar a su esposa, Asunción Barberá, del supuesto delito de blanqueo de capitales cometido en el Grupo Popular en el Ayuntamiento que está siendo investigado en el caso Taula. Según los investigadores, los concejales y asesores del PP de Valencia ingresaron mil euros en la cuenta del partido y los recibieron después de fondos de origen desconocido.

Al día siguiente, Corbín admitió que su comentario había sido desafortunado. La vicepresidenta de la Generalitat valenciana y consejera de Igualdad, Mònica Oltra, afirmó, por su parte, que sus palabras atentaban "contra la dignidad de las mujeres" y alentaban "la violencia machista". Y anunció que tras someter el asunto a los servicios jurídicos de su departamento el Consell había decidido llevar el caso a la Fiscalía.

El ministerio público ha abierto ahora diligencias para determinar si las declaraciones de Corbín, que es abogado, encajan en la figura de apología de la violencia.

Corbín es letrado de María del Carmen García-Fuster, secretaria del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia hasta enero, cuando fue detenida por la Guardia Civil en el marco de la Operación Taula. García-Fuster fue presuntamente la principal artífice del delito de blanqueo que el juez atribuye a medio centenar de personas y la fiscalía pidió prisión provisional para ella, aunque el magistrado instructor, Víctor Gómez, la dejó en libertad tras imponerle una fianza de 150.000 euros.