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Gobierno y Junta colaborarán en el derribo de El Algarrobico

"Estas sentencias nos permiten entrar a demoler", sostiene la ministra de Medio Ambiente

Arriba, el paraje de El Algarrobico de Carboneras (Almería) antes de que empezara a construirse el hotel en 2003. Abajo, esa misma playa la semana pasada.

El Gobierno y la Junta de Andalucía colaborarán en la demolición del hotel levantado hace 13 años en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería). Las dos Administraciones coinciden en que las últimas sentencias dictadas por el Tribunal Supremo encaminan a este edificio hacia la desaparición. "Esto nos permite entrar a demoler", ha señalado este viernes la ministra de Medio Ambiente en funciones, Isabel García Tejerina. Los dos Gobiernos tendrán ahora que acordar el reparto de los costes, que en 2012 se fijaron en más de siete millones de euros.

García Tejerina ha sostenido que, a pesar de que considera que es un asunto de competencia autonómica y local, su departamento tiene el "compromiso político" de colaborar en el derribo. "La causa merece la pena", ha añadido.

La ministra se reunirá en los próximos días con el consejero andaluz de Medio Ambiente, José Fiscal, para abordar el proceso. El coste del derribo y restauración de la zona es de 7.175.000 euros, según un estudio realizado por la empresa estatal Tragsa en 2012.

Lo que ninguna de las dos Administraciones tiene claro es la fecha en la que se podría comenzar a demoler. La idea que maneja la Administración andaluza es proceder al derribo a través de la apertura de un expediente administrativo. Pero cabría la posibilidad de que la orden de demolición fuera recurrida en los tribunales, con lo que se alargaría algo más la historia de este hotel, cuya construcción se paralizó hace diez años.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha considerado que, tras las sentencias, el caso de El Algarrobico está "definitivamente solucionado" desde el punto de vista judicial. El Supremo estableció el jueves que el edificio se levantó en una zona protegida del parque natural de Cabo de Gata-Níjar en la que no se puede construir y que la parcela en la que está —gracias a un retracto— es de la Junta. Además, este mismo tribunal falló en 2012 que la franja de dominio público marítimo-terrestre en esa área estaba fijada en 100 metros, con lo que el edificio la invade en parte.

Del Río considera que, tras los últimos fallos del Supremo, la decisión sobre la demolición la tienen que tomar ahora las Administraciones. "Eso es una decisión política", sostiene del Río.

La ministra ha valorado las sentencias del Supremo. "Esto nos permite entrar a demoler", ha indicado García Tejerina. Aunque a continuación ha afirmado que se deben 2analizar muy en detalle" los fallos. Tras conocerse las sentencias sobre el hotel el jueves, la Junta aseguró que el derribo "no tiene vuelta atrás".

A finales de 2011, cuando el Gobierno central estaba en manos del PSOE, el Estado y la Junta firmaron un protocolo para colaborar en la demolición. García Tejerina sostiene que ese documento no tiene fuerza legal porque, entre otras cosas, no llevaba partida presupuestaria asociada. Posteriormente, el entonces ministro Miguel Arias Cañete (PP) y el exconsejero andaluz Luis Planas ratificaron el compromiso de colaboración. "Ese compromiso se mantiene", ha dicho este viernes la ministra, "a pesar de que el protocolo no vincula". El acuerdo de 2011 fijaba que el Gobierno correría con los costes de derribo del edificio y la Junta con el desescombro y la restauración de la zona.

Rechazo en la comarca

Susana Díaz, presidenta de la Junta, ha concluido este viernes que se "ha hecho justicia por fin" con el pronunciamiento del Supremo. En Carboneras, donde se levanta el hotel, existe un fuerte rechazo al derribo del inmueble. Díaz ha asegurado que en las próximas semanas se presentará un plan de inversión y de dinamización económica de la comarca que, en principio, estaría asociado al proceso de demolición.

Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, y Sergio Pascual, secretario de Organización de Podemos, han aplaudido también las sentencias. Pascual ha incidido en que los fallos obligan a "demoler El Algarrobico".

Conflicto entre jueces

El azar quiso que el BOE publicara el ascenso de uno de los magistrados protagonistas de la última fase de El Algarrobico el jueves, el mismo día que el Supremo difundió sus sentencias. Rafael Toledano, que irá al Supremo, era hasta ahora el presidente de la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de Granada.

Toledano decidió hace dos años que los casos sobre el hotel no fueran dirimidos en la sección primera de esa sala, que se había encargado hasta entonces del asunto. La sección tercera fue la designada y ese cambio de jueces modificó el sentido de las sentencias del TSJA.

La nueva sección falló en 2012 que los suelos del hotel eran urbanizables, algo que ha corregido el Supremo ahora.