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El juez sitúa al Canal de Isabel II en el foco de corrupción del PP de Madrid

El Gobierno de González usó dos empresas públicas para pagar su campaña de imagen

El exconsejero Victoria también se benefició de los trabajos de la firmas de la trama Púnica

El Gobierno de Madrid durante la etapa del popular Ignacio González (2012-2015) se sirvió supuestamente de dos empresas públicas —el Canal de Isabel II y la Agencia Informática ICM— para sufragar campañas de imagen en Internet de altos cargos, entre ellos del propio González y de su mano derecha y exconsejero Salvador Victoria. De las pesquisas de la trama Púnica (este jueves se conocieron 18 tomos secretos) se infiere que el Canal pudo ser utilizado, además, como fuente de financiación del PP madrileño. El juez Eloy Velasco investiga a una tercera empresa, Arpegio.

Los investigadores sospechan que el Canal de Isabel II —la gran empresa pública que gestiona el suministro de agua en la Comunidad de Madrid, con beneficios multimillonarios— pudo manipular contratas y liberar dinero para la caja b del PP regional. Según fuentes de esta formación, el cabecilla de la red corrupta, Francisco Granados, dejó vacía la caja del partido antes de ser relevado por González en la secretaría general. Las pesquisas consideran que los fondos del Canal sirvieron para costear campañas de imagen de altos cargos del Gobierno de Madrid.

Esta fue la tesis defendida ante el instructor por Adrián de Pedro Llorca, hermano de Alejandro de Pedro, conseguidor y responsable de las campañas de propaganda online del expresidente González. Adrián de Pedro aseguró al juez que fue el Canal el que abonó parte de los trabajos de posicionamiento en Internet. Destacó que trabajaba como coordinador de las actividades de las sociedades Eico y Madiva, de su hermano Alejandro. Y que para camuflar esos pagos se elaboró una “facturación ficticia”.

El juez tiene ahora puesto el foco en el Canal de Isabel II. La investigación maneja indicios de que, desde la Comunidad de Madrid, se usó este organismo para alimentar la caja b del PP regional y para que De Pedro cobrase por lavar la imagen de González.

18 cuentas en Suiza y 33 millones

Dinero ‘offshore’. Francisco Granados, David Marjaliza y sus esposas manejaron 18 cuentas en Suiza. La mayoría se abrieron en el banco BNP Paribas, donde el matrimonio Marjaliza usó la sociedad Sheraton Trading para mover un total de 4,1 millones entre 2003 y 2006.

Secretaria millonaria. Ana Ramírez, mano derecha de Marjaliza, tenía en su domicilio documentos que revelaron que su jefe acumuló 33.498.675 euros, según la investigación.

Los testigos que han declarado ante el instructor avalan esta tesis. Guadalupe Caballero, empleada de las empresas de De Pedro señaló al juez que su jefe le dijo que anotase en la contabilidad una deuda con la Comunidad de “140.000 euros”. Y el mismo importe sería abonado por “el Canal de Isabel II”.

El Gobierno de González no solo utilizó el Canal para pagar a De Pedro y financiar al PP de Madrid. El sumario acredita pagos a las empresas de uno de los conseguidores de la red desde otra firma pública del Gobierno de González, la agencia informática ICM, que dependía del consejero Salvador Victoria.

Billetes en las chaquetas

La Guardia Civil halló al registrar el domicilio de De Pedro tres sobres con 82.000 euros en billetes de 50 dentro de dos chaquetas. De Pedro reconoció que parte de ese dinero procedía de un pago que le hizo un alto directivo de la multinacional Indra por sus trabajos para maquillar en Internet la reputación de altos cargos. José Martínez Nicolás, entonces máximo responsable de ICM, confirmó al juez que Alejandro de Pedro recibió de Indra al menos 10.000 euros por orden de su jefe Victoria.

La Comunidad de Madrid otorgaba contratos por 16 millones anuales a Indra. El juez sospecha que también se inflaron adjudicaciones entre ICM y la empresa española con objeto de liberar dinero para pagar a De Pedro. La firma de informática madrileña llegó a adjudicar a Indra un contrato por 4,7 millones para que la multinacional gestionase los resultados electorales de las últimas elecciones autonómicas.

La adjudicación se hizo solo unos días antes —a finales del pasado octubre— de que estallase el caso Púnica. La Comunidad dio un paso atrás al trascender el escándalo y no llegó a efectuar el desembolso. Lo significativo de este contrato es que estaba sobrevalorado en 1,5 millones de euros respecto a otro adjudicado en las elecciones anteriores. Si bien ICM tenía su propia estructura de gestión —aunque es 100% pública—, en el Canal de Isabel II cualquier salida importante de dinero requería la firma del consejero Victoria.

Un millón en el armario: “Entra tanta gente en mi dormitorio...”

En mi vida lo había visto”. Juan Alarcón Doménech, suegro de Francisco Granados, el que fuera secretario general del PP de Madrid hasta 2011 y número dos de Esperanza Aguirre, aseguró al juez que investiga la trama Púnica que desconocía la existencia en un altillo de su casa de Valdemoro (Madrid) de un maletín con cerca de un millón de euros. Tampoco supo explicar al magistrado quién pudo esconder el dinero en su domicilio.

“En mi dormitorio entra tal cantidad de gente...”, le contó al juez Eloy Velasco durante un interrogatorio al que el hombre acudió por colaboración en un presunto delito de blanqueo. Alarcón recordó que a la habitación entraron “fontaneros” y trabajadores “de Ikea a poner un armario”.

Preguntado si el maletín fue colocado por su hija, Nieves Alarcón o por su marido, Francisco Granados, contestó: “No creo que sean tan retorcidos como para ponerlo sabiéndolo yo. No pienso que ni mi yerno ni mi hija sean capaces de hacerme una faena”. Y concluyó: “No creo que tengan tan mal gusto de meternos en un lío”.

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