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Valdemoro pagó a Púnica el 2% de comisiones de sus contratos

El fiscal asegura que el sucesor de Granados en la alcaldía mantuvo las prácticas corruptas

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El fiscal de la trama Púnica, que investiga una red corrupta para favorecer a municipios gobernados por el PP, asegura que el Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid) destinó el 2 % de un contrato de más de 60 millones de la multinacional francesa Cofely a la realización de un informe inservible. Los fondos se utilizaron para una "distracción de caudales públicos" para la red dirigida por el secretario general del PP y exconsejero de Justicia de Madrid, Francisco Granados, y su socio, el conseguidor David Marjaliza, según la parte del sumario cuyo secreto fue levantado la pasada semana y a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

El ministerio público entiende que el citado informe, que se titula Ruta energética, no era más que una treta para "desviar dinero público" que se apropiaron Marjaliza y Granados. También considera el fiscal que hubo adjudicaciones por importe de 1,1 millones de euros que fueron entregados por el Ayuntamiento de Valdemoro a la firma Waiter Music, una de las sociedades de Púnica que más dinero aportó directamente al ex secretario general del PP y exalcalde de la localidad.

Otra de los delitos que aprecia el fiscal en Valdemoro, epicentro de la trama Púnica, fue la adjudicación de una contrata al socio de Granados, David Marjaliza, para la recogida de ropa usada. La empresa beneficiaria recibió información de las bases del concurso con anterioridad a su redacción.  Señala el fiscal que el amaño está acreditado en grabaciones que constan en la causa judicial que instruye la Audiencia Nacional.

La adjudicación de un aparcamiento en Valdemoro y la cesión de bienes de dominio público para publicidad fueron otras adjudicaciones de la que se beneficiaron del Ayuntamiento de Valdemoro. El fiscal considera que la influencia de Granados y Marjaliza continuó después de que Granados abandonara la alcaldía. "En la etapa del Gobierno municipal de los dos recurrentes (la del exregidor José Carlos Boza y su exjefe de gabinete, Alfredo Ovejero) continuaron las prácticas corruptas en favor de la trama de Granados y Marjaliza.

El juez del caso Púnica sostiene que el exalcalde de Valdemoro José Miguel Moreno, del PP, actuó en connivencia con Granados para “dictar resoluciones injustas” en este Ayuntamiento en materia urbanística. Para ello, sostiene, Moreno usó información privilegiada gracias a la ayuda de funcionarios municipales como el entonces jefe del área de Contratación José Granados Lerena y Juan Luis Aguilera García. La red realizó pliegos a medida a cambio de dádivas para favorecer a los empresarios David Marjaliza, presunto conseguidor de Púnica; Ramiro Cid Sicluna y las constructoras Capita y Dico.

Granados y Marjaliza están imputados por los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias, contra la Hacienda Pública, malversación de caudales públicos, prevaricación, falsificación documental y organización criminal. La red que dirigían se dedicaba, según la Audiencia, a “mover voluntades en varios Ayuntamientos” de la Comunidad de Madrid para obtener “cuantiosos beneficios ilegales” en la “contratación pública amañada” y la “espuria recalificación de terrenos”. Los beneficios, según la investigación, “eran trasladados a paraísos fiscales”.

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