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Juan Pedro Yllanes: “Nadie va a tener ni patente de corso ni carta blanca”

El juez y diputado de Podemos mantiene que el Gobierno controle un organismo anticorrupción y explica el plan

Podemos mantiene, a pesar de las críticas recibidas por las asociaciones profesionales de jueces y fiscales, que la lucha contra la corrupción debe depender de la Vicepresidencia del Gobierno que ha diseñado en su propuesta de Ejecutivo de coalición enviada el pasado lunes al PSOE. El partido que lidera Pablo Iglesias propone la creación de una Secretaría de Estado de Lucha contra la Corrupción y el Crimen Organizado. Pese a que el responsable máximo de ese Departamento sería el vicepresidente, cargo que reclama el secretario general de Podemos, la formación asegura que no interferiría en la independencia de este órgano, encargado principalmente de la prevención de los casos de corrupción.

El juez Juan Pedro Yllanes (Sevilla, 1969), diputado de Podemos y uno de los redactores del documento, lo defiende sin ningún tipo de matiz: “Yo creo que es perfectamente asumible", considera, "desde el momento en que aceptemos como absolutamente incuestionable que la lucha contra la corrupción es lucha contra la corrupción, venga de donde venga y se produzca donde se produzca".

"Si somos capaces de asumir que eso es innegociable, no va a haber ningún problema; si somos capaces de cumplir lo que dijimos en el programa electoral que es que seremos absolutamente inflexibles con la corrupción, no va a haber ningún problema. Si tenemos claro que no queremos ningún tipo de trato con la corrupción, no va a haber ningún problema”, prosigue.

Yllanes, que antes de integrarse en las listas de Podemos por Baleares fue el magistrado designado para presidir el tribunal del caso Nóos, continúa, en conversación con EL PAÍS: "Si decimos que vamos a ser inflexibles contra la corrupción, no puede haber corrupción de primera y corrupción de segunda; corrupción de la mía y corrupción de los otros; corrupción que tolero y corrupción que no tolero. Habrá un compromiso serio para luchar contra la corrupción, y aunque vinculemos la oficina anticorrupción a la vicepresidencia del Gobierno, aquí nadie va a tener ni patente de corso, ni carta blanca ni nada que se le parezca”.

El argumento que defiende el juez es el compromiso más nítido en la lucha contra la corrupción, pero concede que podrían existir riesgos en el futuro, ya que “si dentro de cuatro años un partido asolado por la corrupción decide mantener esta oficina, bueno pues lo convertirá en una especie de carnaval”. De todas formas, insiste, "evidentemente lo que no se pretende es inmiscuirse ni en la función del Ministerio fiscal ni tampoco se pretende influir en el trabajo de los órganos jurisdiccionales".

En cualquier caso, Podemos plantea que esa oficina esté principalmente centrada en la prevención de la corrupción y que, cuando un caso se pueda judicializar, quedará en manos de la justicia. El propio Pablo Iglesias defendió este miércoles la separación de poderes como “algo fundamental”. "Jamás intervendríamos en algo que es fundamental, que es la separación de poderes. Si alguien ha hecho eso ha sido el PP. Defendemos incluso blindar constitucionalmente la separación de poderes", aseguró.

El partido ha rectificado en parte el documento enviado a los socialistas en lo que respecta a la coordinación de policías, jueces y fiscales por parte de esa Secretaría de Estado. Es decir, elimina la referencia directa a estos funcionarios. "No se quería de ninguna manera poner en duda o poner en solfa la independencia del poder judicial, ni muchísimo menos", razona Yllanes. "Se quitará esa referencia concreta y lo que quedará perfectamente claro es que a través de esa oficina anticorrupción que de alguna forma cuelga de la Vicepresidencia del Gobierno es la de coordinar la actuación de todos aquellos operadores que intervienen en la prevención y en la investigación de la corrupción".

Pero mantiene una fórmula calificada de “aberrante” por las asociaciones judiciales. Se trata del criterio de elección de cargos con responsabilidad estratégica en la estructura del Estado, incluyendo la Justicia y organismos como el Banco de España y reguladores. “La elección”, se lee en el nuevo documento, “deberá producirse por consenso bajo la lógica de que los equipos de gobierno estarán necesariamente compuestos por personas capaces, con diferentes sensibilidades políticas, pero comprometidas con el programa del Gobierno del Cambio”.

Podemos niega tajantemente que se refiera a la adhesión política y recuerda que sí ha eliminado otra fórmula polémica recogida en la primera versión: “Estas personas deberán ser nombradas atendiendo a criterios de mérito, capacidad y compromiso con el proyecto de cambio que deberán liderar”. En el texto retocado ahora se lee: “El nombramiento de estos cargos atenderá a criterios de mérito y capacidad, entre personal funcionario o personalidades independientes de reconocido prestigio y solvencia profesional”.

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