Selecciona Edición
Iniciar sesión

“¿Financió usted irregularmente al Partido Popular de Madrid?”

El juez sospecha que el Canal de Isabel II sirvió para alimentar la caja b del partido

“¿Financió usted irregularmente al PP de Madrid, le presionaron a cambio de darle el contrato, le forzaron para que contratara a alguien en su empresa del partido o familiar?”. Son algunas de las preguntas casi literales que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco realizó este pasado lunes a David Colomer, el directivo de la empresa Arena Media que se llevó al final el megacontrato publicitario por 5,5 millones de euros del Canal de Isabel II en 2014. El juez busca pruebas en adjudicaciones de ese organismo público del Gobierno de Madrid de la financiación irregular del PP madrileño.

El lunes pasado, mientras el juez envió a la Consejería de Transportes de Madrid a recoger la relación de los 31 contratos suscritos por ese departamento con la constructora OHL, uno de cuyos consejeros, Javier López Madrid, está imputado e investigado por sus relaciones con la trama Púnica, Eloy Velasco interrogó con dureza en su juzgado a David Colomer. Le citó como testigo. El juez le sometió a un tercer grado para conocer, por un lado, todos los pormenores de la adjudicación del contrato de publicidad del Canal de Isabel II logrado en enero de 2014, y por otra parte para saber sus conexiones y relaciones con el PP de Madrid.

Las preguntas del juez, del fiscal y hasta del propio abogado defensor de Colomer abundaron en la misma línea de investigación. “¿Le pidió Salvador Victoria algo para el PP, le reclamó financiación para el partido, hubo trato de favor?”. Colomer, según fuentes de la investigación, no flaqueó y contestó a todo con un no rotundo.

Eloy Velasco insistió mucho en ese tipo de preguntas, que fueron muy similares a las que realizó por el mismo caso en septiembre al exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Salvador Victoria, responsable por tanto en esa época del Canal, y que está imputado en esa causa. Fuentes de la investigación presentes en ambas comparecencias admiten que el juez mostró una “auténtica obsesión” por indagar sobre la presunta caja b del PP de Madrid.

El papel del consejero

A Salvador Victoria llegó a plantearle además aspectos meramente organizativos y muy sencillos de averiguar como quién presidía el PP de Madrid. “Esperanza Aguirre”, replicó el consejero.

El juez no entendía muy bien, al parecer, cómo funciona en el PP la división entre la organización del partido en Madrid y la estructura nacional, que comparten sede en la calle Génova de la capital. El magistrado y los fiscales cuestionaron mucho sobre la capacidad de contratación de las dos organizaciones y también sobre el papel, las funciones y la dependencia orgánica de los gerentes de esas formaciones.

Una ‘joya’ madrileña valorada en 2.200 millones de euros

V. G. OLAYA

El Canal de Isabel II es la mayor empresa pública de la Comunidad de Madrid. De hecho, es conocida entre los políticos regionales como la “joya de la Corona”, una sociedad que está valorada en 2.200 millones y que cuenta con una clientela fiel. La mayoría de los seis millones de habitantes de la región la tienen como única suministradora. Solo unos pocos pueblos —situados al este de la Comunidad (que se abastecen del río Sorbe) y los de la sierra (con manantiales propios)—, pueden no contratar con ella.

La empresa está participada en un 82,4% por la Comunidad de Madrid y en un 17,6% por los 111 municipios adheridos. En 2014, las últimas cuentas disponibles, tuvo unos beneficios de 224 millones de euros, que el Canal repartió en el porcentaje correspondiente con los ayuntamientos. La cifra de negocio fue de 830 millones, con una deuda de unos 350.

Debido a que la Unión Europea reclama unas importantes inversiones en conservación y depuración de aguas para los próximos diez años (unos 4.000 millones), además del déficit que arrastra la Comunidad, el Gobierno estudió la posibilidad de vender el 49% de las acciones. Si se sacase a Bolsa, el Ejecutivo podría recaudar unos 1.050 millones. Compradores no le faltarían, incluidas empresas de la competencia.

Pero en 2010, la entonces presidenta, Esperanza Aguirre, aplazó la venta “por la situación de los mercados”. En 2012, su sucesor, Ignacio González, volvió a intentarlo, pero la situación bursátil no mejoraba: Se volvió a aplazar. Tras las elecciones, y con el PP ya sin mayoría absoluta en el Parlamento regional, la “joya” no se llevará ya a la casa de empeños.

La investigación judicial de Eloy Velasco se trufa, en muchos momentos, entre el caso Púnica, que mantiene en la cárcel desde hace 16 meses al exconsejero de Presidencia y el exsecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, los contratos dados por varias Consejerías y organismos públicos al conseguidor Alejandro de Pedro para propaganda online y otros casos, como la indagación sobre las obras dadas entre 2004 y 2013 por la Consejería de Transportes a la constructora OHL, o las adjudicaciones publicitarias del Canal. El juez indaga en realidad sobre la presunta financiación irregular del PP de Madrid.

El Canal no solo se encarga de distribuir agua a toda la comunidad. Es todo un emporio empresarial. Durante nueve años lo presidió Ignacio González, que delegó esa función en su mano derecha, Salvador Victoria, cuando accedió en 2012 a la presidencia tras la retirada de Aguirre.

El juez no ha ordenado registros en despachos de la sede del Canal, pero lo que hizo en febrero de 2015 fue reclamar por vía certificada a ese organismo, como a otros del ejecutivo regional, los contratos dados a la trama de Alejandro de Pedro por el caso Púnica. En la primavera pasada citó e interrogó en sede judicial a personal directivo de esa compañía relacionado con el departamento de medios de comunicación y en septiembre lo hizo con su presidente.

El megacontrato del Canal de Isabel II en el punto de mira del juez se adjudicó en enero de 2014 a Arena Media, filial de una multinacional francesa, por 5,5 millones de euros. Salvador Victoria era el consejero y el contrato pasó por el Consejo de Gobierno que presidía González. La defensa de Victoria argumentó, ante las preguntas del juez, que el contrato se adjudicó por concurso con normalidad, en una mesa de contratación oficial, a la oferta más baja y sin ninguna relación previa con esa firma.

Más tarde se conoció que el consejero y el responsable de esa compañía, David Colomer, tuvieron una reunión privada en el despacho de Victoria en la Consejería de Presidencia en la Puerta del Sol. La defensa de Victoria lo admite y considera que esa cita fue normal, tres meses después de darse el contrato, y para presentar la actividad y el funcionamiento de la empresa en España.

Más información