La Audiencia ordena investigar si 76 presos de ETA falsearon sus estudios
La Sección Cuarta revoca la decisión de la juez Lamela de archivar la denuncia de Covite
La Sección Cuarta de la Audiencia Nacional ha ordenado este miércoles a la juez Carmen Lamela que reabra la causa sobre el supuesto uso de documentos falsos en la inscripción en la Universidad del País Vasco de 76 presos de ETA. Los estudios universitarios sirvieron para reducir el tiempo de condena a estos reclusos, entre los que figuran dirigentes de la etapa más sanguinaria de la banda terrorista como Francisco Múgica Garmendia, Pakito; Ignacio de Juana Chaos o Ignacio Arakama Mendia, Macario.
La causa fue denunciada por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), que apreciaba delito de colaboración con la banda terrorista y falsedad documental. El pasado diciembre, la juez Lamela archivó la investigación al entender que el delito terrorista no existía y remitió la denuncia al Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia para que continuaran las actuaciones por el delito de falsedad.
La Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado este archivo. El tribunal presidido por la magistrada Ángela Murillo entiende, frente al criterio de Lamela, que los hechos denunciados por Covite "podría constituir un delito de terrorismo" cometido no por los 76 presos que se beneficiaron de los descuentos de pena por estudios, sino "por aquellas personas que hubieran facilitado tales documentos con conocimiento de que de tal manera conseguían de forma fraudulenta la libertad anticipada".
El tribunal ve indicios de que hubo "una práctica concertada en la facilitación de los certificados" con la finalidad de "colaborar con ETA para que sus internos redimieran indebidamente las penas de prisión que estaban cumpliendo".
Entre los terroristas denunciados por Covite están dirigentes históricos de la banda como Francisco Múgica Garmendia, Pakito; Ignacio de Juana Chaos o Ignacio Arakama Mendia, Macario. También figuran militantes con decenas de asesinatos a sus espaldas y condenados a miles de años de cárcel como Domingo Troitiño Arranz, Inmaculada Noble o Inés del Río, beneficiados por la derogación de la llamada doctrina Parot, que contabilizaba los beneficios penitenciarios sobre el total de la condena y no sobre el máximo de cumplimiento efectivo de 30 años. Fuentes de la Audiencia Nacional apuntan la posibilidad de que esta investigación, de prosperar, obligue a revisar los cómputos de cumplimiento de algunos de esos terroristas.
El predecesor de la juez Lamela en el juzgado central de Instrucción número 3, Juan Pablo González, requirió el pasado 19 de noviembre a la Universidad del País Vasco y a la delegación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de Bergara (Gipuzkoa) que entregaran los certificados de las vías de acceso a la universidad de los 76 denunciados por Covite. También reclamó las actas de examen de Selectividad y curso de acceso a la universidad para mayores de 25 años, firmadas por el tribunal.
El magistrado también solicitó a la Guardia Civil un informe sobre la supuesta falsedad de estas vías de acceso a los estudios superiores, así como sobre la pertenencia de los 76 etarras al frente de cárceles de la banda.
Sobre la firma
