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El fiscal se opone a la querella contra Carmena y una edil por los titiriteros

La acusación pide que se admita la denuncia de la AVT por enaltecimiento del terrorismo

La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha opuesto este lunes a que se admita la querella presentada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) contra la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, por enaltecimiento del terrorismo por contratar a la compañía Títeres desde Abajo, que el pasado 5 de febrero representó una obra en la que un guiñol exhibía un cartel con la leyenda Gora Alka-Eta. La acusación pública, que sí considera que se debe actuar contra los titiriteros que realizaron la obra, se opone también a que se admita la querella de la AVT contra la concejal de Cultura de Madrid, Celia Mayer, y el responsable de la programación artística del Carnaval en la capital, Ramón Ferrer.

El fiscal Pedro Rubira insiste en que la obra de guiñoles La Bruja y Don Cristóbal, en la que, además de la pancarta, los personajes de ficción ahorcaban a un juez y agredían a una monja, contiene elementos de enaltecimiento del terrorismo y de un delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Sin embargo, el acusador se lo atribuye en exclusiva a los autores, Álvaro de la Fuente y Raúl García.

Rubira rechaza las pretensiones de la AVT de que se impute a la alcaldesa, a la edil de Cultura y al programador de la obra. El fiscal recuerda que el delito de enaltecimiento del terrorismo "requiere un comportamiento activo, que excluye la comisión por omisión", como señala el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Según el fiscal, Carmena, Mayer y Ferrer "no han ejecutado actos o vertido expresiones que permitan considerarlos como responsables del delito de enaltecimiento del terrorismo".

Los titiriteros fueron detenidos y pasaron cinco días en la cárcel imputados por enaltecimiento del terrorismo después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitara al juez Ismael Moreno su ingreso en prisión. El pasado 10 de febrero, en medio de una fuerte polémica que ya llegaba fuera de España, la fiscalía cambio de criterio y el juez Moreno los dejó en libertad con la prohibición de salir de España y la orden de comparecer a diario en el juzgado más próximo a su domicilio.

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